Caracas.- El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, junto al gobernador de Zulia, Luis Caldera, plantearon este martes 22 de septiembre a un grupo de empresarios camaroneros crear una alianza para operar pequeña fincas productora del rubro del Grupo Lamar, cuyo dueño –José Enrique Rincón– está detenido por motivos políticos.
Fuentes ligadas a las conversaciones informaron a El Pitazo que la administración de Delcy Rodríguez ordenó entregar bajo la figura de comodato todas las pequeñas fincas de productoras de camarón.
El planteamiento que hizo el ministro a los empresarios fue tomar las fincas en alianza con la Gobernación de Zulia, que tendrá un 30 por ciento de las ganancias por su participación, según indicaron los informantes.
La reunión entre el ministro Loyo, el gobernador Caldera y los empresarios se celebró la tarde de este martes 22 en la Residencia Oficial del mandatario regional en Maracaibo. Sobre el encuentro, el Ministerio de Pesca y Acuicultura informó en Instagram que fue una reunión de trabajo con representantes de las empresas camaroneras para afinar estrategias para potenciar la producción en la región.
Esta no es la primera vez que Loyo participa en la expropiación de empresas productivas. En 2010, cuando fue ministro de Agricultura y Tierras promovió expropiaciones agrarias masivas en estados como Apure, Barinas, Guárico, Lara, Anzoátegui, Monagas y el Sur del Lago en Zulia, que luego perdieron su productividad.
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¿Fin de la empresa turca?
El Grupo Lamar llegó a dominar el 70 % de la producción nacional de camarones, exportando miles de toneladas a Europa y Asia, y controlando más de 60 negocios, desde plantas de alimentos hasta restaurantes. Todos los activos fueron expropiados después de que las autoridades señalaron a su dueño de formar parte de un plan de conspiración contra la juramentación de Nicolás Maduro.
Luego de las acusaciones contra Rincón, el Ministerio de Pesca y Acuicultura asumió el control del Grupo Lamar en diciembre de 2024. En noviembre de 2025, la empresa fue otorgada a Xia Caribe Mar C.A., filial del conglomerado turco Miller Holding, por orden de Alex Saab, quien entonces era ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela y quien este martes 15 de septiembre se declaró culpable ante la justicia de EE. UU. de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.
Según las fuentes, la administración de Delcy Rodríguez busca finalizar el convenio con la empresa turca que otorgó Saab.
Desde que el Estado tomó el Grupo Lamar las exportaciones de camarón cayeron un 98 por ciento, según reportes de la empresa conocidos por El Pitazo.
La empresa camaronera exportó en 2024, antes de las acusaciones legales contra su propietario, entre 200 y 240 contenedores mensuales de las diferentes especies de camarones. Las cifras bajaron drásticamente en 2026. Según reportes de la empresa Xia Caribe Mar C.A, a quien le fue adjudicada la empresa en noviembre de 2025, de enero a agosto de este 2026 apenas se han exportado 34 contenedores, una caída que alcanza el 98% en menos de 2 años.
Detenido
José Enrique Rincón, propietario del Grupo Lamar, está recluido en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda. Lo señalaron en noviembre de 2024 de participar en un supuesto complot denominado “Operación No a la Navidad", que buscaba presuntamente desestabilizar al país para impedir la juramentación de Nicolás Maduro.
El empresario está detenido desde el 14 de junio de 2026 cuando decidió regresar a Venezuela para enfrentar el proceso judicial y recuperar sus empresas. El Ministerio Público le imputó los delitos de conspiración, traición a la patria, financiamiento del terrorismo, asociación para delinquir y retraso u omisión de funciones. Hoy está prevista la celebración de la audiencia preliminar para conocer si continuará detenido mientras continúa el juicio.
En agosto, la defensa de Rincón solicitó al Tribunal anular la investigación en contra del empresario camaronero y ordenar su libertad inmediata al asegurar que en la acusación del Ministerio Público no había una sola prueba que lo incrimine con un supuesto plan conspirativo.