Caracas.- Ante el estancamiento del salario mínimo y la pérdida del poder adquisitivo que mantiene las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en 130 bolívares mensuales (equivalentes a unos 0,15 dólares), voceros del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, en conjunto con especialistas en seguridad social, reiteraron su propuesta para reestructurar el sistema de retiro en Venezuela a través del financiamiento directo con la renta petrolera.
El planteamiento busca desvincular la discusión sobre el retiro de los incrementos salariales ordinarios del Ejecutivo y centrarse en la reconstrucción institucional de un fondo transparente y auditable. “La orientación de la lucha social, sobre todo de los jubilados y pensionados, debe cambiar al menos de consignas para reivindicar y enaltecer esa lucha social que con el tiempo se desgasta", señaló Absalón Méndez, profesor y coordinador del Posgrado de Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
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Una gota de petróleo: la fuente de financiamiento
La propuesta Una gota de petróleo fue presentada durante el conversatorio La Seguridad social: motor fundamental del desarrollo nacional, realizado el pasado sábado 19 de septiembre. El proyecto fue formulado originalmente en 2016 por el dirigente laboral Arturo Tremón y reestructurado recientemente por el Comité. El plan contempla destinar un porcentaje directo de las exportaciones de crudo, los acuerdos energéticos internacionales y las contribuciones fiscales, como el impuesto del 9 % establecido en la Ley de Protección de las Pensiones de 2024, a la creación de un fondo de pensiones público e independiente del presupuesto nacional.
“Se requiere un rediseño de la seguridad social que se venía haciendo desde el 2002 y que fue truncado; sigue existiendo y ahora más vigente la propuesta de la gota de petróleo para la seguridad social", apuntó Edgar Silva, coordinador general del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados y Jubilados.
Según los voceros, resulta paradójico que tras más de un siglo de explotación petrolera en el país, Venezuela no cuente con un fondo pensional estable. Para la determinación exacta de las asignaciones, la organización propone la constitución de una comisión técnica con actuarios y economistas que evalúen el flujo de caja exportador.
La quiebra del IVSS
Durante la actividad se repasó la evolución del IVSS, creado formalmente en 1946 a partir del reglamento dictado en 1944. Silva recordó que la promesa institucional se fracturó en las décadas de 1980 y 1990, cuando los recursos del Fondo de Pensiones del seguro social comenzaron a ser desviados para fines ajenos a la protección social.
Entre los casos documentados destacaron el financiamiento no recuperado de la urbanización Juan Pablo II durante el gobierno de Jaime Lusinchi, la pérdida de partidas destinadas a módulos turísticos en Río Chico y el auxilio financiero otorgado al Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV) en 1994 durante el mandato de Rafael Caldera. Esta crisis financiera obligó a que, en 1997, el gobierno acordara asumir el pago de las pensiones con cargo directo al Presupuesto Nacional.
Sin embargo, los ponentes aclararon que la quiebra del fondo no fue culpa exclusiva del Gobierno, sino de un manejo compartido entre gobiernos, empresarios y sindicatos. “El Seguro Social lo utilizaron como caja chica los gobiernos de turno, pero fue también la caja chica del empresariado venezolano y de los sindicatos federativos", señaló Absalón Méndez, experto en seguridad social.
Un modelo de tres pilares
Frente al esquema actual, los especialistas propusieron la adopción de un modelo pensional con tres pilares. El primero de ellos que sea financiado por el Estado para garantizar una pensión mínima vital a toda persona que alcance la edad legal de retiro. En segundo lugar plantean un fondo con rendimiento protegido e inversiones reguladas, donde la pensión se calcula según los ingresos cotizados. Y como tercer punto proponen un mecanismo optativo de capitalización para que el trabajador pueda alcanzar hasta el 100 % de su último salario de referencia.
Asimismo, se enfatizó la necesidad de educar a la población sobre la distinción de conceptos legales que suelen confundirse en las exigencias de calle. Se explicó que el salario retribuye la prestación de servicios activos; la pensión cubre contingencias de salud, invalidez, vejez o sobrevivencia y debe ajustarse por inflación; mientras que la jubilación depende de un tiempo de servicio acumulado.
“La pensión se separa total y absolutamente del salario, razón por la cual no podemos estar hablando de aumento de salario y pensiones; las pensiones tienen su propio método de ajuste por la pérdida del poder adquisitivo del monto de la pensión", dijo el profesor Absalón Méndez.
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Brecha económica y opacidad
La realidad socioeconómica expuesta en la jornada refleja una distancia crítica entre el ingreso de los pensionados y el costo de vida. Frente a la pensión oficial de 130 bolívares (0,15 dólares), la canasta alimentaria se calculó en 755,36 dólares en agosto, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
“Las pensiones se convirtieron en un ingreso simbólico sin valor real; hay una separación gigantesca entre el costo de la canasta alimentaria y el monto de la pensión", afirmó Edgar Silva.
Por otra parte, se denunció la opacidad oficial respecto al padrón real de beneficiarios. Aunque los registros del IVSS contabilizaban 5.803.509 pensionados al cierre de 2025, se recordó que a esa cifra debe restársele el contingente de pensionados en el exterior, cuyos pagos fueron suspendidos de manera arbitraria desde el año 2016.
Los ponentes criticaron además la decisión gubernamental de fusionar administrativamente el régimen contributivo (trabajadores con cotizaciones) con el no contributivo o asistencial (como la Misión Amor Mayor), sin mantener contabilidades separadas ni realizar estudios actuariales, violando lo establecido en la Ley de Servicios Sociales de 2005.
El encuentro concluyó con un llamado a unificar las demandas de los trabajadores activos, jubilados e informales bajo una agenda común que exija la promulgación de la Ley de Pensiones y la Ley de Salud, pendientes desde la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social en 2002.
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