Caracas.- La supresión de la obligatoriedad en el uso de las máquinas fiscales no significa su desaparición comercial, sino la apertura formal a medios digitales que eliminan una costosa barrera de entrada para emprender, mientras que la exclusión de 88.000 empresas del padrón de contribuyentes especiales representará un alivio sustancial de caja y una menor exposición a sanciones, afirmó el abogado especialista en Derecho Tributario, Daniel Betancourt.
Al analizar las recientes medidas tributarias anunciadas por Delcy Rodríguez, encargada de la administración de Venezuela, y el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, que redujeron la lista de sujetos pasivos especiales de más de 132.000 a 44.000 contribuyentes, el especialista precisó que las máquinas fiscales no han sido eliminadas, sino que se suprime la obligación exclusiva de utilizarlas como único medio válido de emisión de comprobantes.
Según el Ejecutivo, las decisiones forman parte de un plan de modernización e interconexión digital del Seniat con la banca pública y privada, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y el Banco Central de Venezuela (BCV), con miras a una próxima reforma tributaria integral.
Betancourt explicó que, bajo el esquema que regía desde la Providencia Administrativa Nº 00071 del 8 de noviembre de 2011, cualquier persona o empresa que realizara ventas directas a consumidores finales estaba atada a comprar obligatoriamente una máquina fiscal con dispositivo de transmisión de datos. Esta exigencia representaba una pesada inversión inicial en divisas que terminaba empujando a los emprendedores hacia la informalidad.
“El que quisiera iniciar un pequeño negocio comercial, para poder ser formal estaba obligado a adquirir una máquina fiscal", precisó Betancourt en declaraciones a El Pitazo
El especialista detalló que la Providencia Administrativa Nº 00093 del Seniat, del 21 de octubre de 2026, dicta las nuevas Normas Generales y los Medios de Emisión de Facturas y otros Documentos Fiscales. A partir de este nuevo marco normativo, los contribuyentes cuentan con la libertad de elegir entre sistemas digitales o electrónicos y los dispositivos fiscales físicos.
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“En consecuencia, quienes hicieron el gasto de adquirir máquinas fiscales, pueden seguir usándolas; y los nuevos actores o todo aquel que se quiera formalizar podrá optar por la máquina fiscal o por los medios digitales o electrónicos a los cuales se refiere la reciente Providencia Nº 00093", puntualizó el abogado tributario.
Betancourt destaca que un elemento determinante de esta nueva normativa es que establece un cambio en la cultura administrativa al suprimir el uso de papel para la facturación comercial, permitiendo únicamente el soporte físico en los comprobantes y tirajes que emitan las máquinas fiscales existentes. La entrada en vigencia de este sistema de facturación sin papel está fijada para el 20 de abril de 2027.
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Un respiro operativo y financiero
La segunda medida anunciada por las autoridades tributarias implicó una depuración del registro de sujetos pasivos especiales. De acuerdo con las cifras oficiales, el padrón se redujo en 88.000 contribuyentes, pasando de 132.000 a 44.000 empresas calificadas bajo esta condición.
Para Daniel Betancourt, esta exclusión representa un alivio sustancial e inmediato tanto en la estructura de costos de cumplimiento como en la carga impositiva directa de miles de pequeñas y medianas empresas que habían sido catalogadas de forma desproporcionada como grandes contribuyentes.
“La pérdida de la calificación de sujeto pasivo especial tiene importantes efectos tanto en el costo de cumplimiento de deberes tributarios como en las cargas tributarias. Aquellos contribuyentes que pierdan la calificación dejan de ser agentes de retención del IVA, de percepción del IGTF, dejan de estar sometidos al régimen de anticipos quincenales del ISLR, así como están incluidos en el régimen de ajuste por inflación previsto en la Ley de Impuesto sobre la Renta. Asimismo, sus procesos de declaración y pago dejan de estar establecidos por el calendario de sujetos pasivos especiales, establecido por el Seniat", explicó el jurista.
Con esta medida, las empresas desincorporadas recuperan liquidez en su flujo de caja, ya que no tendrán que adelantar pagos quincenales de Impuesto sobre la Renta ni asumir la carga administrativa y el riesgo sancionatorio que conlleva actuar como agentes recaudadores y de retención del Estado.
“En otras palabras, se reducen significativamente los deberes formales y materiales de estos contribuyentes que dejan de ser calificados como especiales, lo cual reduce sus costos de transacción y su exposición a ilícitos tributarios. Los sujetos pasivos especiales deben ser los grandes contribuyentes, quienes tienen un patrimonio y estructura corporativa para poder soportar los deberes materiales y formales que conlleva tal condición", sentenció Betancourt.
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Cruce de información
Durante el anuncio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que la recaudación tributaria global experimentó un incremento del 27 % y aseguró que en octubre ya se superaron las metas presupuestarias fijadas por el Ministerio de Finanzas.
Rodríguez remarcó que los recursos adicionales obtenidos por el Seniat están dirigidos prioritariamente al fondo de atención de las familias damnificadas por el doble terremoto del 24 de junio, a través de la Fundación Renace, financiando la edificación y refacción de viviendas, subsidios de alquiler y reparaciones en infraestructuras escolares y asistenciales.
Por su parte, el superintendente Román Maniglia defendió la eliminación de la obligatoriedad de la máquina fiscal al reconocer que operaba como una “traba de entrada" que impedía la formalización de nuevos emprendimientos. No obstante, las autoridades advirtieron que la flexibilización de estos requisitos operativos viene acompañada de una fiscalización digital más estricta, soportada en el cruce automatizado de cuentas bancarias, registros notariales y bases de datos mercantiles para verificar en tiempo real los ingresos reales de los contribuyentes.