Por: Rosanna Battistelli y Kemberlyn Talero
Caracas.- Los trabajadores de la administración pública, el sector salud y el magisterio nacional exigen que las bonificaciones de fin de año sean calculadas tomando como base el ingreso integral de cada empleado. La petición de algunos gremios busca asegurar un piso mínimo de 300 dólares, mientras que otros exigen unos 960 dólares por concepto de aguinaldos para contrarrestar el impacto de una inflación que pulverizó la capacidad de compra de las familias trabajadoras.
Esta demanda responde al enorme abismo existente entre los ingresos actuales del sector público y el costo real de la vida. Con la canasta básica familiar superando la barrera de los 700 dólares mensuales, los dirigentes sindicales insisten en que pagar los beneficios decembrinos calculados únicamente sobre el salario mínimo legal condena a los empleados a la precariedad absoluta.
Los representantes gremiales recordaron que en periodos anteriores las bonificaciones de fin de año no llegaron a superar los 20 o 40 dólares debido a la devaluación constante.
El reclamo por un ingreso decembrino digno
René Zapata, secretario de organización de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) Miranda-Tuy, se refirió al documento entregado formalmente ante el Ejecutivo nacional este martes 13 de octubre, durante una movilización de los gremios que intentó llegar hasta el Palacio de Miraflores, en Caracas.
Al respecto, el dirigente explicó que el escrito solicita la sumatoria de las bonificaciones mensuales y el respeto al número de días fijados en las convenciones colectivas vigentes. “No queremos ni 20 ni 30 dólares, porque con eso no se pueden tener navidades felices", afirmó Zapata este miércoles al ofrecer un balance de la jornada.
El dirigente magisterial aclaró que, aunque exigen el monto de 300 dólares para atender la contingencia de diciembre, el objetivo de fondo sigue siendo la restitución de las tablas salariales. “No es realmente lo que queremos sino un sueldo justo con respecto al artículo 91 de la Constitución, pero al menos se solicita eso para este pago de fin de año".
Desde el sector universitario, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), Gregorio Afonso, señaló que los docentes piden un monto mínimo de 960 dólares, correspondiente a cuatro meses de aguinaldo calculado sobre la base de los 240 dólares que perciben de bono integral.
“Si solo lo calculan con el salario, ningún profesor supera los 10 dólares, ninguno", dijo Afonso a El Pitazo. El dirigente sindical recordó que por concepto de bono vacacional recibieron 65 dólares, y destacó que el bono de profesionalización, que depende del escalafón y tiempo de dedicación, va de 50 a 240 dólares, pero solo el 14 % de los profesores activos y jubilados percibe el monto más alto.
Por otro lado, Zapata demandó la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), señalando que su supresión es la vía más rápida que tiene el Estado para incrementar de manera directa el poder adquisitivo real. El vocero advirtió que se mantendrán en las calles hasta ser escuchados y cuestionó el estancamiento del salario mínimo legal, el cual permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022. “Así no se puede vivir", acotó.
El pliego de demandas
Por su parte, Mary Infante, dirigente sindical de los Valles del Tuy, denunció la exclusión del personal retirado de las compensaciones complementarias del Estado. En este contexto, puntualizó que el pliego de exigencias incluye la asignación inmediata del bono de responsabilidad profesional a los jubilados. “No es justo que personas que dedicaron sus años al trabajo y al país no sean retribuidas y estén pasando necesidad", declaró.
Estas peticiones forman parte de las seis demandas fundamentales que las organizaciones laborales presentaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, para su evaluación inmediata:
Cálculo de la bonificación de fin de año: aplicado sobre el ingreso integral real de los trabajadores y atendiendo las convenciones colectivas de cada sector.
Pago del Bono de Responsabilidad Profesional: asignación inmediata y equitativa para todo el personal profesional, técnico y obrero, tanto activo como jubilado, de la salud y educación.
Eliminación del Sistema Patria como mecanismo de pago: supresión definitiva de la plataforma para restituir la autonomía financiera y la gestión de nóminas en cada ministerio e institución.
Inicio de discusión sobre tablas salariales: instalación inmediata de mesas de negociación directa entre los ministros de adscripción y las organizaciones sindicales legítimas.
Pago a personal con doble destino laboral: cancelación regular de las remuneraciones salariales y no salariales a quienes cumplen funciones en más de una institución pública.
Publicación de un instructivo de pago institucional: generación de un marco transparente para el pago de bonificaciones, eliminando la discrecionalidad en la administración pública.
“Las pensiones no son negociables"
Para Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos (DD. HH.) para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, un aguinaldo de 140 dólares, calculando dos meses sobre el bono de 70 dólares que perciben los pensionados mensualmente, representa “una cantidad irrisoria frente al costo de los alimentos, las medicinas y las demás necesidades esenciales".
Silva considera que la aspiración de los pensionados no puede reducirse a proponer una cifra aislada, ni “desconectada de la dramática realidad económica" que padece el sector.
“Sería librar de culpas al régimen de la obligación constitucional de cumplir con la obligación de proveer ‘la mayor suma de felicidad y de seguridad social’ al pueblo de Venezuela, con los recursos que se recaudan por diferentes vías, los cuales fueron desviados y utilizados para generar elevados niveles de corrupción, mientras dejaban al pueblo sin seguridad social, es decir, sin bienestar", apuntó.
Destaca que, si la crisis económica fuera el resultado de la falta de ingresos o carencias de la producción del país, pudieran negociar los montos, “pero no, hacer eso ahora es justificar la corrupción del gobierno".
“Nuestra propuesta es que la suma de los dos meses de aguinaldos alcance, como mínimo, el monto de la Canasta Alimentaria. El Cendas-FVM situó el costo de esa canasta en 755,36 dólares para agosto de 2026. Y es previsible que, de continuar la tendencia de los precios, para diciembre su costo sea superior. Por tanto, ese monto constituye una referencia, no una cifra definitiva para diciembre", apuntó.
Silva dijo que una de las exigencias del sector es que se restablezcan los tres meses de aguinaldo que se pagaban anteriormente, y que entre los tres o dos meses que se paguen sumados, alcancen el costo de la Canasta Alimentaria, con la actualización correspondiente al momento del pago.
Respecto a los jubilados de la Administración Pública, considera que sus aguinaldos deben responder a la remuneración que legalmente les corresponda y a la recuperación de sus ingresos, considerando las particularidades de cada régimen. “No sería responsable establecer una cifra única para todos sin examinar esas diferencias. En todo caso, conociendo la política del gobierno de mantenernos con ingresos insuficientes, exigimos que ningún jubilado reciba aguinaldos por debajo del costo de la Canasta Alimentaria de Diciembre 2026", apuntó.