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Los cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que fueron secuestrados por más de 24 horas en el centro de detención preventiva de La Morita II del estado Aragua, fueron liberados. 

El motín culminó la madrugada de este miércoles 19 de julio. La información policial señala que los primeros oficiales Katerin Vargas, Rubén Rojas, Darwin Alvarado y el oficial Saulo Kiñones quedaron en libertad tras un secuestro que se prolongó por más de 24 horas.

Fuentes aseguran que para lograr la acción al sitio acudió Fanny Márquez, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien fungió como mediadora. 

De los 107 reclusos que fueron parte del motín, a 20 los trasladaron a la cárcel de Tocorón, que era una de las exigencias hechas por los reos amotinados, a otros 20 privados de libertad los enviaron a la cárcel 26 de Julio en Guárico y 20 al penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. 

Qué generó el motín

En un video filtrado en redes sociales, un recluso, que no se identificó, explicó que uno de los motivos de la protesta era por el atropello y abusos a los que son sometidos por parte de las autoridades del calabozo policial. 

Dijo que los policías obligaban a sus familiares pagan coimas de hasta 200 dólares semanales para poder recibir las visitas. Acusó al director del centro de detención de ser corrupto.

Los reos denunciaron el retardo procesal en sus causas, así como supuestos hechos de corrupción en tribunales de Aragua. 

Por el momento se desconoce el estado de salud en el que se encuentran los funcionarios liberados.

Hacinamiento en calabozos policiales

El hacinamiento es una constante en los centros de detención preventiva ubicados en todo el país.

En los 335 calabozos policiales, monitoreados por la ONG una Ventana a la Libertad, se estima que conviven más de 16 mil personas privadas de libertad. 

Estos sitios son lugares de detención preventiva donde los detenidos deberían permanecer por un un lapso no mayor a las 48 horas; sin embargo, hay quienes tienen más de tres años esperando traslados o que se les de inicio a su proceso judicial. 

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas privadas de libertad han advertido del grave hacinamiento que afecta a estos sitios y de las condiciones inhumanas en las que se encuentran detenidos.