Un mes después de que el equipo legal de María Corina Machado presentara una demanda contra la actuación de la Contraloría General de la República que la inhabilita, la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue sin pronunciarse.
Esta demora viola garantías procesales, denuncia Acceso a la Justicia. La Asociación Civil explica que lesiona la tutela judicial efectiva y los derechos al debido proceso y a la defensa.
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA), la Sala tenía tres días de despacho para informar si admite o no la demanda.
Sala Político Administrativa incumple la ley
Sin embargo, esta disposición legal no se cumplió y la SPA, en decisión del 19 de diciembre de 2023, inventó un lapso de tres días continuos para que la Contraloría remitiera los antecedentes administrativos relativos a la inhabilitación de Machado.
Al respecto, el artículo 79 de la LOJCA indica que la solicitud del expediente administrativo o de los antecedentes administrativos del asunto se realiza después de admitida la demanda, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la admisión.
“Esta modificación arbitraria de las reglas procesales por parte de la SPA representa una violación al ejercicio del derecho de acceso a los órganos judiciales, toda vez que fija obstáculos caprichosos para dilatar la fase de admisión de la demanda”, argumenta Acceso a la Justicia.
Sin acceso al expediente del caso
Adicionalmente, el equipo legal de María Corina Machado sigue sin tener acceso al expediente del caso que reposa en el TSJ. Esperaban tenerlo el pasado 11 de enero, pero una “falla de luz” en la sede del tribunal impidió, por tercera vez, que la defensa viera la documentación del caso.
“La SPA coloca en una peligrosa situación de indefensión a María Corina Machado impidiéndole tener conocimiento del trámite judicial llevado a cabo y, a su vez, el TSJ pone en peligro el cumplimento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de Barbados“, señaló el abogado de la dirigente opositora Perkins Rocha.
El pasado 15 de diciembre, Machado presentó a la SPA una demanda de reclamación con un amparo cautelar contra vía de hecho de la Contraloría que pretende inhabilitarla. Esto como parte del mecanismo de revisión de inhabilitaciones que acordaron en la mesa de negociación el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria.
El jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, recordó que el caso de Manuel Rosales es un antecedente exitoso ya que, por medio del amparo cautelar, se dejó sin efecto la inhabilitación que pesaba en su contra lo que le permitió competir en las elecciones regionales en las que fue electo gobernador del estado Zulia.
No obstante, Acceso a la Justicia señala que, en el caso de Rosales, la instancia se demoró 25 meses en tomar dicha decisión, según se puede consultar en la sentencia n.º 1.169 del 30 de octubre de 2017.
“De tomarse el TSJ el mismo tiempo para el caso de Machado que en el de Rosales, la candidata no podría participar en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año.
Pero al haber ejercido una demanda de reclamación contra vía de hecho, que tiene un procedimiento breve (artículo 65.2 de la LOJCA), junto con un amparo cautelar, su situación jurídica infringida podría serle restablecida de manera inmediata mientras dura el juicio y el TSJ decidir con mayor celeridad de manera definitiva sobre la actuación de la CGR”.