Una vez más, el chavismo y sus aliados buscan darle celeridad a un polémico paquete de leyes dictado desde el Ejecutivo. Esta semana, el Parlamento con mayoría oficialista vuelve a esgrimir el aceleramiento a los instrumentos legales con los que buscan regular el accionar de las organizaciones no gubernamentales, las redes sociales y también acabar con lo que ellos llaman “fascismo”.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este martes al Gobierno de Nicolás Maduro que rechace esos proyectos de ley, por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia en general.
“Todo esto está exacerbando las tensiones y fragmentando aún más el tejido social de Venezuela”, dijo Türk.
¿Qué implicaciones tendrán estas leyes, de ser aprobadas?
Según el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, la iniciativa oficial es parte de lo que él llama “el progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela, que busca criminalizar la labor de los defensores de los derechos humanos».
Murillo sostiene que Nicolás Maduro y los grupos que lo sostienen «confirman su estrategia de acelerar el proceso hacia un modelo totalitario con Nicaragua como ejemplo. El anuncio sobre la aprobación definitiva de leyes para controlar y/o eliminar las ONG u otros instrumentos para la criminalización y para la judicialización de la sociedad civil en general, apunta en esa dirección», añadió.
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Para Murillo, lo que busca el chavismo no va contra los directivos de las ONG o personas ligadas, sino contra toda la sociedad venezolana.
«Nosotros solo somos portavoces, solo interlocutores. Somos quienes le decimos al Estado cuándo es que se está, por ejemplo, violando el debido proceso o atentando contra los derechos humanos. Lo que se está afectando es el derecho de las personas a expresarse, a organizarse y a buscar ese bien común. Lo que quieren es que nadie denuncie”, dijo.
Modelo ruso
Por su parte, el profesor universitario y analista venezolano Ramón Cardozo Álvarez, investigador residente del Instituto Iberoamericano IAI en Alemania, califica esta nueva estrategia política del chavismo como un calco de lo que ha implementado su socio internacional Vladímir Putin en Rusia.
“Esta iniciativa chavista comparte similitudes relevantes con la polémica «ley de agentes extranjeros» rusa, mediante la cual el Estado moscovita ejerce, según índices de V-Dem, un control monopolístico explícito y un grado severo de represión sobre la sociedad civil”, explica.
Cardozo advierte que el modelo ruso de control de la sociedad civil organizada se ha venido globalizado. Países como Bielorrusia, China, Azerbaiyán, Hungría, India, Egipto, Tanzania, Nicaragua y Georgia han sancionado este tipo de leyes que, bajo el pretexto de regular el financiamiento extranjero, se usan para sofocar las voces disidentes y el activismo de la sociedad civil.
«Entre las disposiciones claves de la ley rusa se encuentran: el registro obligatorio de ONG que reciben financiamiento externo como «agentes extranjeros»; la presentación detallada de informes financieros y descripciones de actividades, incluyendo origen y uso de fondos; el derecho del Estado a realizar auditorías intrusivas, detalladas y sin previo aviso a las ONG; y la imposición de onerosas sanciones y graves penalizaciones por incumplimiento. Desde su promulgación, esta ley ha sido objeto de varias reformas que han ampliado su campo de aplicación a medios de comunicación social y personas físicas que reciben financiamiento extranjero y participan en actividades políticas», añadió.