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La coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Natalie Southwick, alerta que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que discute la Asamblea Nacional venezolana, forma parte de una tendencia global que busca socavar a los medios independientes y a las ONG.

“Este tipo de legislación desafortunadamente no es nuevo, hemos visto leyes parecidas que se utilizan para restringir y criminalizar a los medios independientes, a los periodistas y las ONG en países como Rusia, India, Nicaragua, y se han presentado proyectos de ley parecidos en países como El Salvador y Guatemala”, explica a Efecto Cocuyo.

La representante del CPJ advierte que uno de los objetivos “es restringir o cortar las fuentes de apoyo financiero a los medios de comunicación para silenciar la información crítica e independiente en sociedades censuradas”.

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El “enemigo interno”

Southwick destaca que también tienen un efecto paralizante en el trabajo diario de los periodistas ya que los estigmatiza al presentarlos como traidores, enemigos del Estado o fuerzas que atentan contra la soberanía nacional.

“Es una retórica peligrosa y tiene un claro efecto de estigmatizar a los periodistas críticos, que no se alinean con la narrativa oficial, y exponerlos a un riesgo mayor de posibles represalias por parte de funcionarios del Estado o hasta de ciudadanos que podrían percibirlos como una amenaza”, afirma.

El Foro por la Vida, una coalición venezolana de organizaciones no gubernamentales, emitió un comunicado en rechazo al proyecto de ley que discute la Comisión de Política Exterior del Parlamento, dominado actualmente por el chavismo.

“Es una reedición de la tesis del enemigo interno que despoja a la población venezolana de los recursos y mecanismos de protección internacional en medio de la emergencia humanitaria compleja”, exponen.

El artículo más polémico es el 26 que da facultades al Ejecutivo para que, a través de organismos administrativos o financieros, restrinja o elimine a aquellas organizaciones no gubernamentales que considere promueven la aplicación de medidas coercitivas contra Venezuela. Esto incluye a los medios de comunicación independientes.

Derechos vulnerados

Advierte que no solo la libertad de prensa y de expresión están amenazadas, estas legislaciones también vulneran el derecho a la información.

“Cuando los medios se ven obligados a limitar su trabajo, o a cerrar por completo, el público pierde el acceso a fuentes alternativas de información que necesitan para tomar decisiones informadas y la narrativa oficial del gobierno se fortalece”, cuestiona.

“Esta legislación, ya sea en Nicaragua, en la India, donde sea, refleja un claro esfuerzo por parte de líderes autoritarios para apartar a cualquier medio o voz que los critique o proporcione información que no se alinee con su narrativa”, añade.

De aprobarse el proyecto de ley, Venezuela se sumaría a otros seis países que tienen leyes restrictivas en contra de las ONG.