Elecciones: Fuerza Armada debe ser neutral y defender soberanía del voto, dice UCAB:
Las elecciones del 28 de julio han dejado una incógnita en Venezuela. Importante centro de Estudios Políticos también pide divulgar actas oficiales.
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG) pidió este jueves que sean mostradas las actas verificables de las elecciones presidenciales, del domingo 28 de julio, y que se respete el derecho constitucional a la protesta, y que la Fuerza Armada cumpla con sus responsabilidad “de proteger la soberanía nacional y respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas”.
El director de este prestigioso centro académico, el politólogo Benigno Alarcón, leyó el comunicado oficial –con el respaldo del Rectorado- para pedir que sea respetada “la voluntad de los venezolanos expresada el pasado 28 de julio en el proceso para elegir al presidente de la República”.
También exige que el Consejo Nacional Electoral “muestre las actas fidedignas firmadas por los miembros de mesa y permita la verificación técnica de cada una de ellas”.
El Centro señala que la auditoría debe ser realizada por observadores técnicos de instituciones internacionales independientes especializadas, con la debida presencia de los distintos actores políticos que participaron en la elección, para que tenga validez.
“Se exige a las autoridades garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”, dice.
Desde que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, difundió los resultados y poco después proclamó a Maduro una ola de manifestaciones y disturbios sacudió a Caracas y varias ciudades del país.
Según la recopilación levantada por fuentes independientes, como Monitor de Víctimas y Foro Penal, la represión a las manifestaciones ejecutadas por agentes del gobierno de Nicolás Maduro, uniformados o vestidos de civil, han dejado al menos 17 personas asesinadas.
El pedido del Centro de Estudios Políticos se suma al de rectores de universidades:
El gobierno de Nicolás Maduro dice que entre los muertos hay al menos un militar muertos y varios heridos. Responsabiliza de estas víctimas directamente a María Corina Machado, la líder de la oposición, y al candidato Edmundo González
Rechazo a la represión
“El CEPyG UCAB rechaza todos los actos de represión y persecución contra los manifestantes, así como contra líderes sociales y políticos o cualquier ciudadano venezolano o extranjero”, recoge el comunicado.
“El uso desproporcionado de la fuerza por parte de organismos de seguridad nacionales, regionales y municipales ya ha generado más de 20 muertes, y cientos de heridos y detenidos”, agrega.
“La responsabilidad penal por la violación de derechos humanos, que incluye la represión contra manifestantes, los arrestos sin el debido procedimiento, la tortura, entre otras prácticas, es personal, imprescriptible y no es negociable ni se puede justificar por venir del cumplimento de órdenes superiores, tal como lo establece el artículo 25 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, advierte sobre las responsabilidades.
El Centro recuerda que el artículo 33 de la Constitución Nacional sentencia que quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, “no será eximido de responsabilidad penal”.
Estudios académicos de política comparada recogen que en otros países en momentos como estos el costo de la represión se vuelve muy alto, inclusive para funcionarios de rango medio o bajo.
Un llamado a los militares
“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe cumplir con su responsabilidad de proteger la soberanía nacional y respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas”.
“La FANB, como institución profesional y sin militancia política, debe garantizar que los procesos electorales se desarrollen de manera libre, justa y transparente, salvaguardando el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes sin injerencias externas”.
“En este momento crítico para nuestra nación, es imperativo que la FANB mantenga una postura neutral y se abstenga de cualquier acción que pretenda influir o desconocer los resultados electorales”.
Actuar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos es esencial para preservar la dignidad y los derechos de todos los venezolanos, y para asegurar la paz y la estabilidad del país. Esto será crucial para fortalecer la confianza en nuestras instituciones democráticas y para fomentar la unidad y cohesión social.
“Hacemos un llamado a todos los miembros de la FANB para que actúen con integridad y responsabilidad, reafirmando su compromiso con la democracia y la soberanía nacional, y apegándose a lo establecido en los artículos 328 y 330 de la Constitución Nacional”.
La institución académica de la UCAB dijo que “reconoce los pronunciamientos por parte de la comunidad democrática internacional, mediante los cuales ha exigido al CNE la publicación de las actas reales, legítimas y verificables, en las cuales se refleja la decisión soberana de los venezolanos”.
“Las instituciones mundiales, regionales y los distintos gobiernos, están haciendo todos los esfuerzos para que se respeten las garantías electorales de los ciudadanos, así como sus derechos humanos. Es crucial que los actores internacionales activen todos los mecanismos a su alcance para que se resuelva este conflicto y pueda iniciarse el retorno parcial de venezolanos, pues de lo contrario podríamos estar a las puertas de otra ola migratoria”, señaló.
Más tarde, en una sesión de preguntas y respuestas Alarcón observó que según estudios especializados, hechos antes del 28 de julio, cerca del 10% de los consultados dijo que en caso de un triunfo de Maduro estaban dispuestos hacer planes para irse del país.
Eso arroja una cifra cercana a los dos millones de personas que saldrían en el plazo de un año en una nueva ola migratoria, dijo Alarcón.
«Igualmente, es condenable la detención de cualquier líder político, así como el asedio de la Embajada de Argentina, donde se encuentran seis dirigentes a quienes se les pretende detener ilegalmente, desconociendo el derecho internacional al asilo y la inviolabilidad de toda sede diplomática».
«En el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello estamos convencidos de que la ciudadanía como actor fundamental de este proceso político y titular de la soberanía popular tiene el derecho irrenunciable a decidir y a que su decisión, expresada en las urnas electorales, sea verificada e incondicionalmente respetada, según lo establece nuestra Constitución Nacional», remata el documento.