El poder político en Miraflores vuelve a poner en duda la sostenibilidad de los acuerdos de Barbados, suscritos entre la delegación del gobierno nacional y la Plataforma Unitaria Democrática el 17 de octubre de 2023, con la mediación de Noruega.
¿Se levantará el gobierno de la mesa como lo hizo en México en 2021 antes de las elecciones presidenciales? Analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo apuestan a que la administración de Nicolás Maduro se mantendrá en las conversaciones, aunque sin ceder en aspectos como las inhabilitaciones políticas.
«Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte, los declaro en terapia intensiva. Los apuñalaron y los mataron», expresó Maduro durante un encuentro del Consejo Federal de Gobierno, este jueves 25 de enero.
Seguidamente, le pidió al jefe de la delegación negociadora y presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, hacer lo posible para recuperar dichos acuerdos y «salvarlos».
«Templando la cuerda»
«A mi juicio, el madurismo está intentando templar la cuerda, y subir el costo de concesiones internas, que deben afectar a su propia coalición (…) A su vez, quiere azuzar divisiones en la oposición, pensando que en las primeras de cambio dejarían sola a María Corina Machado. Claro, el problema de la legitimidad relativa de cualquier otra candidatura opositora no es su problema», señaló el politólogo Guillermo Tell Aveledo.
La analista político electoral, Eglée González-Lobato, recuerda que el gobierno siempre ha sido muy «sensible» y no desaprovecha cualquier excusa para dar por terminadas las negociaciones como ocurrió en México. En esta oportunidad, indicó, las palabras de Maduro surgen a propósito de las supuestas conspiraciones para derrocarlo que los organismos de inteligencia habrían descubierto.
Coincidió con Aveledo en el sentido de que las nuevas amenazas del chavismo madurismo contra las negociaciones, le plantean un desafío a la oposición, que deberá decidir si la vigencia de los acuerdos y la posibilidad de elecciones competitivas solo están sujetos a la habilitación de la candidatura presidencial de María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras.
«El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, habló, como pocas veces, con mucha claridad y señaló que no hay habilitación posible para María Corina Machado como asunto político, el desafío que tiene la oposición es definir cuál es la ruta que va a tomar frente a eso. El gobierno puede estar valorando ir a elecciones competitivas, el problema es cómo pierde y con quién y no quiere perder frente a alguien que no le ofrezca garantías para su salida, que será complicada», sostuvo González-Lobato.
¿Quién viola los acuerdos de Barbados?
Antes de las declaraciones de Maduro, Jorge Rodríguez advirtió que los cinco supuestos intentos de derrocar a Maduro, detectados entre mayo y diciembre de 2023, violan el acuerdo sobre derechos políticos y electorales de Barbados, en cuanto a que los actores políticos deben evitar acciones que afecten el clima pacífico que debe prevalecer para los comicios presidenciales.
Dijo además que entregaría pruebas de las conspiraciones al jefe de la delegación de la PUD, Gerardo Blyde y le exigió pronunciarse sobre el tema, pero Maduro dijo que el exdiputado nacional sabía de los planes para derrocarlo.
«El gobierno genera una matriz de que las elecciones serán competitivas en la medida en que los factores que quieren derrocarlo ni quienes integraron el gobierno interino, formen parte de la ecuación, que la Plataforma Democrática se desligue de estos factores, así como los que han invocado sanciones internacionales», apuntó González-Lobato.
En el acuerdo sobre derechos electorales y políticos de Barbados se establecen garantías democráticas para los comicios presidenciales tales como actualización del Registro Electoral, observación internacional, auditorías al sistema electoral, además de pactar que los comicios presidenciales se hagan en el segundo semestre de 2024.
Sobre lo primero, pese a las demandas insistentes de sectores de la sociedad civil para que se realicen desde ya jornadas masivas de inscripción y actualización del Registro de cara a las presidenciales dentro y fuera del país, el Poder Electoral no ha dado señales, por lo que estaría en peligro el derecho al voto de alrededor de 6 millones de venezolanos.
¿Estados Unidos revertiría sanciones?
Consultados sobre qué tan sencillo es para Miraflores zafarse del acuerdo de Barbados, tomando en cuenta que el gobierno de Estados Unidos podría revertir la flexibilización de sanciones económicas, ambos analistas creen que no será tan fácil, para ninguna de las partes, patear la mesa.
«No es sencillo, porque aunque el gobierno esté recibiendo más recursos, esto se debe a la flexibilización de sanciones existentes. Calculan que EE. UU., en año electoral, no podría evitar contar con el petróleo venezolano, pero eso es una sobrestimación de nuestra incidencia (…) Quieren probar a Biden, hasta dónde llega», acotó Aveledo.
Para González-Lobato, el hecho de que haya negociaciones directas entre Maduro y el gobierno de Joe Biden indican que ambas gestiones necesitan algo, EE. UU. el petróleo y Miraflores contra con recursos para tomar medidas económicas urgentes que le permitan revertir el descontento popular. Tampoco cree que la habilitación de Machado sea una condición inamovible de la Casa Blanca para que pueda haber elecciones con otras garantías, por lo que dichos contactos podrían mantenerse.
En el acuerdo de Barbados también se habla del respeto a los mecanismos de los factores políticos para elegir a sus candidatos, que es en lo que se apoya la oposición para lograr la habilitación de Machado como candidata presidencial. Vale recordar que tras amenazas de boicot a las primarias por parte del poder político, las primarias opositoras pudieron celebrarse el 22 de octubre de 2023, luego de suscribirse dicho acuerdo.
Sin embargo, el gobierno ha sostenido que dicha posibilidad no está plasmada expresamente en el documento suscrito, algo con lo que concuerda González-Lobato, al señalar que las habilitaciones son más un problema interno relacionado con las leyes y la Constitución y no tanto de peso internacional.
Otros aspectos contemplados en los acuerdos de Barbados, fuera de los derechos políticos y electorales, tiene que ver con la defensa de los activos de la República en el exterior y la posición de Venezuela en el diferendo limítrofe con Guyana. El gobierno de Maduro también asegura que la oposición no ha cumplido al mantener la vigencia de la AN de 2015 para controlar dichos activos y estar a favor de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) intervenga en la controversia.