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En menos de un mes fueron detenidos siete trabajadores, seis de ellos: Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés permanecen tras las rejas.

Esta “arremetida”, como fue catalogada por activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, forma parte de una “política de vieja data” que ha evolucionado a formas más represivas, explica la doctora en sociología y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jacqueline Richter.

“La política estatal sistemática y coordinada contra el sector laboral tiene más de 12 años, las primeras detenciones sindicales fueron en 2007 en Ciudad Guayana donde los trabajadores salían a protestar y a los cinco minutos estaba la policía, el fiscal calificando y el juez dando la orden de detención. Es el uso del aparato penal y después avanzaron con el aparato penal militar para acallar las protestas”, explica.

 La profesora universitaria argumenta que las recientes protestas que han protagonizado los trabajadores públicos de distintos sectores, en rechazo al instructivo Onapre que atenta contra las contrataciones colectivas,  son percibidas por el gobierno oficialista como peligrosas para su estabilidad y por eso responde con “la política tradicional del garrote y de la criminalización”.

Un elemento adicional es la participación, en estas manifestaciones, del Partido Comunista de Venezuela: “Esto también muestra la cara represiva frente a antiguos aliados (del Psuv), como el PCV, o contra la disidencia de izquierda que representa Bandera Roja”.

Bases descontentas

Richter considera que la represión arrecia contra la dirigencia de izquierda porque hay un descontento en las bases sindicales chavistas.

“Hay un cuestionamiento de las bases a lo que está diciendo el sindicalismo bolivariano de que ellos están vigentes en sus procesos electorales y hay algunas acciones coordinadas en el sector universitario, con Eduardo Sánchez y el sindicato chavista de vigilantes, que muestra el descontento de las bases chavistas. Por lo tanto, no es casual que la represión se dirija a dirigentes de izquierda”, expresa.

La socióloga destaca que la reactivación de las protestas de la clase trabajadora ocurre en el “patio trasero” del gobierno, en el centro de la ciudad, lo que también resulta inconveniente para el poder.

“Sembrar miedo”

“Contra el movimiento sindical ha habido una campaña de hostigamiento sostenida porque el gobierno quiere sembrar miedo, quiere mandar el mensaje de que en Venezuela quienes se organicen para protestar y defender sus derechos en el plano laboral van a ser perseguidos”, afirma el doctor en ciencias sociales Trino Márquez.

La razón que subyace a esta política de represión es el temor de la élite gobernante de que estas acciones en defensa de los derechos laborales “sean caldo de cultivo para reactivar movilizaciones sociales de gran magnitud, por eso quieren decapitar el movimiento desde sus propios inicios”, señala el profesor universitario.

Márquez estima “un cuadro represivo mayor”, pero focalizado, en parte porque el país está desmovilizado: “El gobierno ha tenido, desde sus comienzos, una política dirigida a destruir sindicatos independientes para convertirlos en una prolongación del PSUV, eso es propio del modelo cubano y comunista en general”.

“La desesperanza aprendida es un mecanismo al cual recurren mucho los gobiernos autoritarios, sean de derecho o de izquierda. Uno de los efectos más letales es que esto desempodera a la gente porque le quita el deseo de organizarse y movilizarse. Otro elemento es que el cuadro de necesidades que vive el venezolano es tan apremiante y agobiante que solo piensa en sobrevivir”, agrega.

Este miedo es registrado por la encuestadora Delphos en un reciente estudio de opinión, hecho a 1.200 personas del 11 al 28 de junio. 51,9% de los consultados respondió que no saldría a protestar por miedo.

“La gente tiene temor a lo que puede pasar porque nos han enseñado que el costo por protestar es alto puedes terminar preso o perder la vida, eso va quedando en el imaginario”, explicó el director de Delphos, Félix Seijas.

El Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) también prevé más control social “con represión focalizada”.

“La represión fue generalizada en años anteriores, con las OLP (Operaciones de Liberación del Pueblo) y las Faes (Fuerzas de Acciones Especiales), pero ahora el gobierno está buscando mejorar su imagen e intenta focalizar la represión contra líderes locales, sindicalistas, líderes políticos”, manifestó, el director de Lacso, el sociólogo Roberto Briceño León.