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El proyecto de ley de cooperación internacional que está por aprobar la Asamblea Nacional “es una amenaza a la vida y libertad de los integrantes de las ONG en Venezuela”, advierte Control Ciudadano.

La asociación civil alerta que la aprobación de esta ley seria “un paso más en la criminalización del derecho a la participación de la sociedad civil organizada”.

Sanciones contra el país

Voceros de la comisión de Política Exterior de la AN, instancia que promueve el proyecto, argumentan que “las ONG deben rendir cuentas y no pueden pedir sanciones”, aunque niegan que el objetivo sea criminalizarlas.

Sin embargo, activistas de derechos humanos y periodistas advierten que, de aprobarse la ley, el gobierno de Nicolás Maduro “tendría facultad para eliminar a las ONG que le sean molestas”. Esto incluye a medios de comunicación independientes.

La aseveración se fundamenta en el artículo 26 de la propuesta legislativa que otorga poder al Ejecutivo para que, a través de organismos administrativos o financieros, elimine a las organizaciones que considera están promoviendo la aplicación de medidas coercitivas contra Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro ha señalado en anteriores ocasiones a periodistas, medios independientes y representantes de ONG de ser “mercenarios” y fomentar la desestabilización política.

Derechos humanos “excluidos”

El Foro por la Vida, que es una coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, cuestiona que el proyecto de ley excluya los derechos humanos como área legítima de cooperación.

Señala además que “estatiza la cooperación internacional al pretender definir las áreas del Plan Nacional de Desarrollo”.

“El Artículo 11 otorga al Ejecutivo Nacional la facultad de crear un órgano técnico especial encargado de la captación, prestación y administración de recursos que provengan o sean destinados a actividades de cooperación internacional. Este control legitima la disposición de los fondos de las organizaciones y su adjudicación a discreción”, alerta el foro en un comunicado.

Por todas estas restricciones y otras contenidas en el texto, este grupo de ONG considera que los sectores más vulnerados de la población por la crisis política y la emergencia humanitaria compleja serán los afectados.

“Cercenar la actividad de las organizaciones significa privar a las víctimas de derechos humanos y los sectores más vulnerables del alcance de la justicia, reparación y solidaridad”, expone el foro.

Y agrega: “El proyecto de ley es una reedición de la tesis del enemigo interno que despoja a la población venezolana de los recursos y mecanismos de protección internacional en medio de la emergencia humanitaria compleja”.