El gobierno de Canadá se sumó este martes 13 de febrero a países y organizaciones internacionales que expresan su preocupación por el encarcelamiento de la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Desde su detención, el pasado 9 de febrero, hasta este martes fue que se supo que estaba detenida en la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Durante cinco días tanto ella como cinco familiares estuvieron en desaparición forzada.
Apenas el domingo 11 de febrero, el Ministerio Público confirmó su detención y dos días después sus abogados confirmaron que estaba en El Helicoide, pero su equipo de defensores no ha tenido acceso a ella ni le permitieron tener abogados privados cuando la presentaron en un tribunal en Caracas.
Qué dijo Canadá sobre Rocío San Miguel
“Canadá se suma a quienes expresan preocupación por la detención de Rocío San Miguel y otros defensores de derechos humanos en Venezuela”, escribió la embajada del país norteamericano en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Además, exigieron en la misma publicación “la plena implementación del Acuerdo de Barbados“, un pacto al que llegaron el chavismo y la oposición venezolana agrupada en la plataforma unitaria democrática el 17 de octubre de 2023 en la capital de este país caribeño.
Ese acuerdo garantizaba elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, así como una sería de cumplimientos para permitir la escogencia de candidatos, según el criterio de cada organización política y una serie de pasos vitales para que los comicios sean competitivos.
Sin embargo, desde que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inhabilitó a María Corina Machado para el ejercicio de cargos públicos por 15 años, en enero pasado, tanto el chavismo como la plataforma se acusan mutuamente de violar este documento.
Además, en ese contexto se produjo la detención de tres activistas del partido de Machado, Vente Venezuela, que este 14 de febrero suman 22 días desaparecidos y la aprehensión de Rocío San Miguel y su expareja Alejandro González De Canales.
A su hija, Miranda Díaz San Miguel, a dos hermanos de la activista, Miguel y Alberto San Miguel y al papá de Miranda, Víctor Díaz, los excarcelaron y les impusieron medidas de prohibición de salida del país, presentarse periódicamente en tribunales y no declarar a los medios. Como Rocío San Miguel, estuvieron cinco días en desaparición forzada e incomunicados.
Antes que Canadá los pronunciamientos a favor de la defensora de derechos humanos llegaron desde Estados Unidos, pasando por la Unión Europea y de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió su liberación inmediata, denunció su desaparición forzada y expresó también la preocupación por su arresto.