El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, denunció este 22 de marzo la presencia de funcionarios encapuchados en la entrada del Palacio de Justicia en Caracas e indicó que estaba detenido en el recinto. No obstante, para el mediodía de este viernes la ONG Provea informó que se encuentra libre y a resguardo.
«Soy abogado, y exijo mis derechos. No pueden estar aquí encapuchados, ¿qué es eso?. Soy abogado y parte del sistema de justicia, aquí hay que respetar, tienen que respetar el Estado de Derecho. Encapuchados, cada vez es peor», dijo Torres en un audio que envió vía WhatsApp a las 11:58 a.m.
Torres notificó que acudió en la mañana al Tribunal 2° de Control en Terrorismo para pedir información sobre los dirigentes de Vente Venezuela recientemente detenidos, Dignora Hernández y Henry Alviarez.
El 21 de marzo el equipo defensor de Hernández y Alviarez denunció que desconoce el paradero de ambos, a más de 24 horas que el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, anunció su detención.
Exigen fe de vida
Vente Venezuela exigió a Saab el 21 de marzo una fe de vida de Dignora Hernández, una petición que la Fiscalía no ha respondido hasta ahora.
“A Tarek William Saab le exigimos fe de vida de nuestra Secretaria Política Dignora Hernández”, publicó la organización política en la red social X.
Organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre un aumento de medidas represivas de parte del Estado venezolano de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.
Defensores de derechos humanos, incluyendo abogados, y políticos han sido perseguidos, hostigados y amenazados mientras el espacio cívico se reduce.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, dijo públicamente el 20 de marzo que «el Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas» y agregó que los cuerpos de seguridad continúan cometiendo violaciones a derechos fundamentales de la población.