Han transcurrido 18 días desde que Rocío San Miguel fue detenida y todavía sus abogados privados no han podido juramentarse como parte de su equipo de defensor.
La directora de la ONG Control Ciudadano fue arrestada el pasado 9 de febrero, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto con su hija. Desde entonces sus familiares y abogados denunciaron que fue víctima de desaparición forzada.
Joel García, abogado de San Miguel, y quien no ha podido ser juramentado como parte de su equipo de defensa, informó en una entrevista con Efecto Cocuyo, que a la activista por los derechos humanos se le niega el derecho a la defensa.
“El derecho a la defensa es lo mínimo que se le puede brindar a una persona que ha sido señalada como autora o partícipe de un hecho criminal, en caso de ello en la medida que transcurre el tiempo va en contra de la posibilidad de que puedan defenderse de los señalamientos que el Estado venezolano a través del Ministerio Público hace”, aseguró el jurista.
Funcionarios de seguridad del Estado no solamente detuvieron a San Miguel sino también a otros cinco miembros de su familia —entre ellos a su hija, dos hermanos y dos exparejas— que posteriormente fueron excarcelados con medidas cautelares.
Cuáles son las razones de esta negación
Para el jurista, quien también ha asistido a otros presos políticos en el país, el sistema de justicia venezolano no le asigna la defensa a San Miguel para que quede indefensa y llegue a una fase intermedia preliminar sin argumentos y sin argumentos que esgrimir.
“Ese es el sistema que está imperando ahorita en Venezuela, y que desde hace rato se está implementado, así como lo son las audiencias en horas nocturnas, en sedes policiales y así evitan que exista la defensa técnica privada”, argumentó.
El abogado señala que si llegan a un eventual juicio oral y público y la defensa no tiene pruebas que evacuar la persona detenida estará desprotegida. “Lo más fundamental y primordial que tiene cualquier preso, cualquier imputado, cualquier acusado, es el sagrado derecho a la defensa”, dijo García.
Lapsos
García advierte que el lapso para ejercer un recurso de apelación contra la medida judicial de preventiva de libertad que se le decretó a San Miguel ya culminó y la defensa privada de la directora de Control Ciudadano desconoce si la defensa pública que le asignaron ejerció ese recurso o si incurrió en la inacción o un acto omisivo.
El abogado indicó que los lapsos para promover los medios de prueba de la investigación, que son 45 días que comienzan a transcurrir desde el día de la privativa de libertar, aún siguen transcurriendo.
“La defensa técnica privada denuncia arbitrariedades, denuncia tratos crueles e inhumano e incluso torturas, argumenta sobre medios de convicción o de pruebas que favorezcan a ese imputado, cosa que no hace la defensa pública, en consecuencia el derecho más sagrado que se les ha violado a Rocio San Miguel como a Alejandro González es su derecho a defenderse. Igualmente el de su presunción de inocencia porque vimos el tratamiento que se dio en rueda de prensa, donde ya se le imputa, se le señala, se le criminaliza sin darle oportunidad de defenderse”, fustigó.
No fue llevada a tribunales
Desde tempranas horas del pasado 22 de febrero, el equipo de defensa de San Miguel estuvo en el tribunal a la espera del traslado de la activista y de Alejandro González de Canales para ser designados como defensa técnica.
García aseguró que el traslado no se realizó y por ende ambos continúan sin defensa.
Ese día se esperaba que San Miguel compareciera ante el tribunal 2° contra terrorismo y se le pudiera designar la defensa privada que solicitó.
La detención de la activista San Miguel ha sido repudiada por el sistema de derechos humanos. Amnistía Internacional pidió su liberación inmediata así como otros foros internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, que exigió el respeto del derecho a la defensa de San Miguel.