El periodismo en Venezuela llegó a un punto crítico después de la elección presidencial del 28 de julio. En varios estados del país, periodistas han sido forzados a abandonar no solo sus trabajos, sino también sus rutinas, sus familias y sus hogares, para resguardarse ante las amenazas de funcionarios públicos que buscan silenciarlos.
El estado Trujillo es una de las regiones más sacudidas por esta crisis. En las últimas semanas, periodistas locales han tenido que huir de la entidad, temiendo por su seguridad y su vida.
Uno de los casos más representativos es el del camarógrafo Paul León, detenido el 30 de julio justo cuando se disponía a grabar una protesta en la región. En su bolso, las autoridades encontraron el carnet de identificación de la periodista que trabaja con él en VPI, lo que la obligó a esconderse para evitar represalias. Desde entonces, ella ha dejado de trabajar, ya que teme por su seguridad, sumándose a la creciente lista de profesionales que han tenido que abandonar sus labores periodísticas.
La periodista Yuliana Palmar, también en Trujillo, vivió en carne propia la violencia que ha azotado a quienes intentan informar. Durante una manifestación estuvo a punto de ser detenida por las autoridades, pero la rápida intervención de los manifestantes impidió su captura.
Sin embargo, esto no la salvó de ser agredida físicamente; le quitaron su teléfono y, posteriormente, recibió amenazas que la llevaron a dejar el estado, buscando protección en otro lugar. Estos incidentes, que en cualquier otra parte del mundo serían considerados ataques flagrantes a la libertad de expresión, en Venezuela se han convertido en una nueva normalidad.
Autocensura multiplicada
La presión sobre los medios no se ha limitado a la violencia física y las amenazas directas. En algunos estados, programas de radio suspendieron sus transmisiones por una semana completa como medida preventiva, y aunque han vuelto al aire, lo han hecho con un perfil significativamente más bajo.
La eliminación de entrevistas y opiniones críticas ha sido una de las primeras medidas que tomaron los medios para evitar confrontaciones con el gobierno. En su lugar, muchos han optado por aumentar la programación de entretenimiento.
Esta autocensura no solo afecta a las transmisiones radiales, sino también a las publicaciones en redes sociales. En estados como Amazonas, Carabobo, Lara, Barinas, Portuguesa y Anzoátegui, los medios han reducido drásticamente el número de publicaciones, sobre todo aquellas que abordan temas relacionados con la oposición.
Los periodistas han tomado medidas extremas para protegerse: no firman sus notas, evitan aparecer en cámara y, en muchos casos, optan por enviar reportes genéricos para no exponerse a represalias.
En Trujillo, la atmósfera es particularmente tensa. «En este estado ya no hay debate de ideas ni profundización en los temas. No hay espacio para la opinión, lo que nos deja en una situación de extrema vulnerabilidad», comentó un periodista local.
Aseguró que el gobernador de esta región, Gerardo Márquez, utiliza su programa de televisión semanal como una plataforma para lanzar ataques violentos y verbales contra cualquier persona que ose criticar al gobierno. Esto ha creado un clima de terror que obliga a los periodistas a actuar con extrema cautela, sabiendo que cualquier palabra podría desencadenar una persecución.
Miedo a informar
El miedo es palpable en todo el país. Una periodista con más de 10 años de experiencia en Carabobo describió la situación actual como algo sin precedentes. «Durante años hemos enfrentado restricciones a la libertad de expresión, pero lo que estamos experimentando ahora es distinto. El peligro es tangible y puede presentarse en cualquier momento. No existe ninguna institución a la cual podamos acudir ni posibilidad de mediación. Las fuerzas de seguridad del Estado están siendo utilizadas de manera ilegal para intimidarnos», relató con evidente angustia.
Otra periodista de Amazonas, quien también decidió permanecer en el anonimato, compartió su experiencia, describiendo el temor que siente al continuar con su trabajo. «Nunca antes había experimentado tanto temor al ejercer mi profesión. Ya no se trata de ser cauteloso; es un miedo profundo, una sensación que nunca imaginé poder sentir».
A esta situación se suma la incertidumbre laboral. «No estoy saliendo en cámaras, no grabo off, no hago trabajos especiales, entonces no sé hasta cuándo el medio para el que trabajo me podrá seguir pagando si no estoy haciendo el trabajo al 100%”.
En algunos casos, han optado por apoyarse en colegas que están en el exterior para que publiquen las informaciones por ellos, luego de verificar cuidadosamente los datos.
Pese a todo, los periodistas en Venezuela siguen comprometidos con su labor de informar, aunque bajo condiciones peligrosas. «Procuro realizar mi trabajo en compañía de colegas o personas de confianza que puedan ser testigos de lo que hago en caso de enfrentar alguna amenaza o ataque», comentó una trabajadora en la región central del país. Aunque el miedo está latente y las restricciones son cada vez más severas, ella está decidida a seguir informando, apegada a la Constitución y las leyes.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela registró, solo entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2024, un total de 79 vulneraciones a la libertad de prensa, comprendidas en 62 casos relacionados con coberturas del tema electoral o de las manifestaciones ciudadanas desarrolladas en el país.
Las violaciones documentadas incluyen agresiones físicas o verbales (30); hechos de discurso estigmatizante (18); detenciones (7); medidas de censura (7); restricciones en internet (7); restricciones administrativas (6); actos de hostigamiento judicial (3) y restricciones de acceso a la información (1).
“Esta documentación es alarmante, debido a que pone en evidencia un recrudecimiento del patrón sistemático de represión y control sobre la información de interés público en Venezuela”, detalla el reporte de IPYS Venezuela.