Un grupo de organizaciones nacionales e internacionales, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, solicitó que se detengan las restricciones a Internet en Venezuela, así como a la persecución política contra la disidencia, tras la escalada de represión después de las protestas ciudadanas por el desconocimiento a los resultados electorales que dieron el triunfo a Nicolás Maduro para un tercer periodo.
«Hacemos un llamado urgente a que el pueblo venezolano tenga acceso sin restricciones a internet, a las plataformas de redes sociales y a otros canales de comunicación en todo momento», demandaron este lunes 5 de agosto en una carta pública que firman 47 organizaciones y un número similar de individualidades.
En el texto también piden que «se ponga fin al uso de herramientas tecnológicas y plataformas digitales para la vigilancia y persecución de la disidencia política, en particular tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este compromiso es crucial para respetar los derechos consagrados en la Constitución de Venezuela y los compromisos internacionales del país».
Entre las violaciones a los derechos humanos mencionan la llamada «operación tun tun», la persecución y el encarcelamiento de más de 2 mil personas, a quienes procesan vía telemática sin permitirle asistencia jurídica imparcial.
Al igual hablan de «múltiples restricciones al acceso a la información mediante la censura, el deterioro de la infraestructura de comunicaciones, el acoso sistemático, los operativos de información y el cierre de medios de comunicación».
Aplicaciones para el autoritarismo digital
Hacen hincapié en la aplicación VENApp que el gobierno utiliza ahora para que se denuncie a quienes llamen a manifestaciones y «que abarcan categorías como ‘guarimba fascista’ (término utilizado para describir las protestas de la oposición), saqueos, desorden público e incluso ‘desinformación’, dirigida a periodistas».
«Esta represión digital no sólo limita los derechos fundamentales de los venezolanos, sino que también pone de relieve la dependencia del régimen de la tecnología como medio para mantener el poder y sofocar el disenso en un entorno políticamente volátil. Las consecuencias de las elecciones ponen de relieve una estrategia más amplia de autoritarismo digital, en la que el Estado utiliza tecnologías avanzadas para imponer el cumplimiento de las normas y silenciar a la oposición».
Bloqueos a medios y organizaciones de DDHH
Organizaciones no gubernamentales como Espacio Público documentaron 88 casos de violaciones a la libertad de expresión entre el 28 de julio y el 4 de agosto pasado, que incluyó el encarcelamiento de ciudadanos por expresarse en redes sociales, de periodistas que hacían cobertura de las protestas, así como de la detención y expulsión de periodistas extranjeros que ingresaron al país para informar sobre las presidenciales.
Los firmantes del comunicado detallan el bloqueo de 12 nuevos medios, páginas de ONG defensoras de DDHH y de verificación de información, mientras transcurrió la campaña electoral a las presidenciales.
«Hasta la fecha, 62 medios de comunicación han sido bloqueados por los principales proveedores de servicios de Internet, lo que afecta a 86 dominios y totaliza 431 bloqueos activos. Además, también se han bloqueado nueve sitios web de organizaciones de derechos humanos, con un total de 41 bloqueos activos«, explicaron.
Se pronunciaron para demandar que:
«Ante la crítica situación actual, instamos al gobierno venezolano y a todas las autoridades estatales a que dejen de usar y abusar de las tecnologías para vigilar, reprimir, acosar y perseguir la disidencia política en Venezuela y de restringir el acceso a la información y la libertad de asociación y reunión pacífica. Es esencial que todas las autoridades y quienes ostentan el poder político respeten los derechos humanos, actúen de conformidad con los estándares internacionales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, en particular de quienes cubren los acontecimientos del país, documentan los abusos de los derechos humanos y trabajan para lograr la transparencia total del proceso electoral.
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