Una veintena de organizaciones internacionales emitieron un comunicado para condenar fuertemente la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Venezuela, que se anunció el jueves 15 de febrero, por el canciller Nicolás Maduro.
“Estos acontecimientos se producen en un contexto más amplio de ataques a personas opositoras políticas, personas defensoras de derechos humanos, y de erosión de las libertades cívicas”, indica el texto suscrito por un total de 25 organizaciones de todo el continente americano.
Las organizaciones firmantes denunciaron que la decisión de Caracas de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos “ supone una preocupante escalada en los intentos del país de eludir el escrutinio internacional y la rendición de cuentas”.
El grupo denunció que la expulsión de los funcionarios de la OACNUDH se produjo poco después de que esa organización expresara su preocupación por la detención de Rocío San Miguel y declarara su paradero desconocido y estipulara que constituía una desaparición forzada.
“El anuncio de la suspensión también vino un día después de la publicación del informe del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación tras su reciente visita a Venezuela”, sumó.
Te puede interesar: Colombia está en diálogo con Venezuela por la expulsión de Oficina de la ONU de Derechos Humanos
Las ONG indicaron que suspender la presencia de los funcionarios de derechos humanos en el país crea lagunas de protección inmediatas a las personas y comunidades en riesgo. Consideraron que la situación de derechos humanos en Venezuela se está deteriorando aún más.
El grupo también denunció la detención arbitraria de la defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, y denunció que esta acción es parte de un patrón sistemático de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración.
Las organizaciones denunciaron que San Miguel y su expareja siguen detenidos e incomunicados.
Finalmente, las 25 organizaciones instaron a “los Estados, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a la comunidad internacional a que insistan en el restablecimiento de una presencia efectiva de la OACNUDH en el país y en la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”.
Asimismo hicieron un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que trabaje activamente en la renovación del mandato de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos (FFM, por sus siglas en inglés) sobre Venezuela, en septiembre de 2024.