Fue detenido tras la publicación de las fotos en redes sociales
Tiene libertad condicional

El Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ anunció la liberación de Marcos Caraballo, el influencer detenido durante una sesión de fotos frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Maracaibo, estado Zulia.

La ONG exige investigaciones sobre posibles prejuicios homofóbicos y discriminatorios en el procedimiento que derivó en la detención de Caraballo.

Yendri Velásquez, coordinador de la ONG, confirmó en una entrevista a Efecto Cocuyo que el joven tiene régimen de presentación cada 15 días ante los tribunales de Maracaibo y además no podrá salir del país.

“Marcos y Nerio ya se encuentran con sus familiares fuera de la cárcel. Exigimos a la Defensoría y al Ministerio Público que se lleven a cabo las investigaciones a funcionarios sobre procedimientos basados en prejuicios homofóbicos y discriminatorios”, escribió la ONG en su cuenta de X, la mañana de este lunes 5 de febrero.

Este domingo 4 de febrero, las organizaciones Laboratorio de Paz, Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ y Caleidoscopio Humano condenaron la detención de Caraballo, de 26 años, y resaltaron que este tipo de hechos vulneran los derechos culturales y deben ser revertidos.

Por qué apresaron a Caraballo

Según el comunicado, la Policía del estado Zulia, a cargo del gobernador opositor Manuel Rosales, abrió un expediente a Caraballo por “imágenes implícitas que perturbaron a la sociedad”.

La detención se realizó tras la difusión de las fotos y videos en redes sociales.

A Carabello y Nerio Bello Negrón, de 58 años, se les incautaron teléfonos, una laptop y la ropa usada en la sesión. A los dos los acusaron de “ultraje al pudor público”.

Las ONG advierten que este procedimiento viola el Principio de No Discriminación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  (PIDCP) y la libertad de expresión, y exigieron la libertad inmediata de ambos detenidos, el cese a la criminalización del uso de espacios para actividades lícitas y promover políticas que protejan los derechos de comunidades vulnerables.

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