Colectivos y Grupos LGBTIQ+ en Venezuela mostraron su preocupación y a su vez un rechazo a las declaraciones del fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, quien recientemente llamó «aberraciones humanas» a las personas transgénero.
Para defensores de derechos humanos de estas minorías en el país, se trata de un discurso discriminatorio y deshumanizante que pone en peligro a personas trans.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ dijo que desde 2008 y hasta marzo de 2024 en Venezuela hubo 137 transfemicidios.
Mientras que para la activista y abogada Richelle Briceño las declaraciones del fiscal Saab representan un «ataque directo» al colectivo, y aclaró que lo llamado ‘transespecie’ no forma parte de la lucha de la población LGTBIQ+, por lo que la pregunta también «está diseñada desde la desinformación», aseguró en declaraciones a la agencia española de noticias Efe.
Expresó su temor que desde la Fiscalía General de la República exista «un programa sistemático desde el Ministerio Público para atacar todo aquello que esté dentro de la población LGTBI o que ellos presuman que se relaciona».
Saab aseguró que se impulsa la legalización de la pedofilia y relacionó esta supuesta medida con «estas personas (transgénero, transexual, transespecie), todas, forman ahora parte» de un «nuevo orden mundial en donde, por ejemplo, (…) ya están legalizando la pedofilia».
Briceño rechazó esta relación al asegurar que las luchas de los grupos y colectivos LGBTIQ+ están encaminados a acabar con la discriminación hacia estas personas, por lo que no guardan relación con los señalamientos de Saab sobre la pedofilia, un delito que rechazan.
En Venezuela hay «homofobia de Estado»
La periodista y defensora de DD.HH. Misle González dijo a EFE que, en Venezuela, hay una «homofobia de Estado» que «va más allá de no legislar en favor de los derechos LGTBIQ+, sino en, constantemente, hacer uso del discurso público para estigmatizar a las personas del colectivo«.
Explicó que, si bien «generalmente siempre se piensa que toda persona tiene derecho a decir» su opinión, el problema está «cuando ese derecho es ejercido por un funcionario» con un «grado de autoridad».
Advirtió que ese tipo de declaraciones se pueden «replicar por la línea de mando de la institución que esta persona encabeza», fomentar la impunidad y contribuir a que en el país «haya un ambiente más intolerante».
El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ maneja cifras de 87 casos de discursos discriminatorios hacia estas personas entre 2022 y junio de 2023, por lo que consideraron como «un discurso de odio» las palabras del fiscal Saab.