La ONG Control Ciudadano exigió la inmediata modificación de la resolución 8610, de la que el pasado 27 de enero se cumplió nueve años de su aplicación, porque permite el uso de la fuerza mortal por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en el control de manifestaciones.
Recordaron que pese a la admisión de una solicitud de amparo admitida por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el año 2016, ocho años después se mantiene vigente.
“En esa oportunidad, los magistrados ratificaron que el uso de las armas está prohibido, para el control de manifestaciones pacíficas. Pero aclararon que se puede hacer uso de agentes químicos cuando la manifestación se torne violenta”, dijo Control Ciudadano en una nota de prensa.
Además, mencionaron que los magistrados hace ocho años declararon “desasistido el recurso” que introdujo la entonces diputada a la Asamblea Nacional de 2015, Delsa Solórzano.
Control Ciudadano pidió en el pasado una modificación por parte de la Defensoría del Pueblo al considerar que viola la Constitución venezolana de 1999, pero señalan que desde el Ministerio de la Defensa, organismo que creó la resolución 8610, se puede hacer la modificación de la normativa.
“Control Ciudadano considera que esta Resolución debe ser ajustada a los postulados constitucionales y hace nuevamente un exhorto, en ese sentido, a los órganos de control jurisdiccional de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, para que adelante la corrección y propuesta correspondiente”.
Qué es la resolución 8610
La Resolución 8610 se redactó el 23 de enero de 2015 y salió publicada en la Gaceta Oficial Número 40.589 de fecha 27 de enero de ese mismo año. En ella están contenidas las actuaciones de la Fanb “en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.
De acuerdo con la ONG en la Constitución se prohíbe el uso de sustancias tóxicas y de armas de fuego para el control de manifestaciones públicas, pero tanto el Ministerio de la Defensa como posteriormente el TSJ permitieron su uso, este último con el uso de gases lacrimógenos para repeler a manifestantes.