Las ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) recordaron este 27 de febrero los 35 años del estadillo social conocida como El Caracazo, que en 1989 dejó más de 200 víctimas por la represión de los cuerpos policiales y militares.
El Comité, que se fundó justo por la represión de ese suceso, dijo que el uso de la fuerza pública desproporcional, como se vio por primera vez hace más de tres décadas, sigue cobrando víctimas en Venezuela ante la impunidad, que se mantiene desde entonces a pesar de dos visiones de gobiernos contrapuestas que han mandado en el país desde entonces.
«Lo que pasó durante el Caracazo (el uso desproporcionado de la fuerza pública contra civiles) es, precisamente, lo que hasta nuestros días ha seguido cobrando víctimas tanto en manifestaciones y marchas, como en operativos de seguridad ciudadana», posteó Cofavic en sus redes sociales como X en los últimos días.
Mientras que Provea dijo que a 35 años de ese hecho, en Venezuela persiste la violación sistemática de derechos humanos.
«Hoy #27Feb se cumplen 35 años de ‘El Caracazo’, explosión social que dejó centenares de muertos, decenas de heridos y víctimas del terror de la represión del Estado venezolano. A 35 años continúan las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sigue reinando la impunidad», mencionaron en su cuenta de X.
Qué pasó el 27 de febrero de 1989
El Caracazo fue producto de las protestas que hubo por los aumentos de la gasolina y las tarifas del transporte público que hizo entonces el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (CAP), apenas dos meses de su segundo triunfo como mandatario en el país.
La respuesta gubernamental fue la de sacar los militares a las calles para restaurar la seguridad, tras manifestaciones y saqueos que se dieron en diferentes estados del territorio nacional, con mayor énfasis en la capital.
En ese entonces, la represión policial y militar dejó, según cifras oficiales 276 personas fallecidas, aunque Cofavic documentó el asesinato de 396 personas durante las protestas que duraron unos 10 días.
Sin embargo, ningún funcionario ha sido juzgado por estos hechos. Ya la Corte Interamericana (Corte-IDH) condenó al Estado venezolano por el retraso de su justicia para castigar a los culpables en el año 2002.
«A pesar de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún no hay un solo funcionario condenado por las muertes/lesiones causadas en 1989 durante el #Caracazo. Tal impunidad sigue amparando la violenta represión a civiles en Venezuela», dijo Cofavic.
En su sentencia contra Venezuela, la Corte IDH citó «existió un patrón común de comportamiento caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza armada en los barrios populares. Dicho comportamiento incluyó el ocultamiento y destrucción de evidencia, así como el empleo de mecanismos institucionales que han asegurado la impunidad de los hechos».
En agosto de ese año ordenó castigar a los responsables, evitar repetir este tipo de hechos y pagar indemnizaciones a familiares de las víctimas.
Se espera decisión de la CPI sobre Venezuela
Actualmente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) adelanta una investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Este viernes 1 de marzo la Sala de Apelaciones I dará a conocer una sentencia, tras una apelación de la representación gubernamental que pidió detener la investigación por parte del organismo.
En 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó continuar las averiguaciones, pero el gobierno apeló la decisión y desde entonces se recibieron testimonios de víctimas y se llevó a cabo una audiencia inédita en la que participó la Fiscalía de la CPI, los voceros gubernamentales de Venezuela y una oficina que representa a las víctimas en esta corte.