En el país quedan 286 personas detenidas por motivos políticos, 18 son mujeres, según los registros que tiene la organización Justicia, Encuentro y Perdón (Jepv) hasta este miércoles 3 de enero de 2024.
De las 30 personas excarceladas hasta este jueves 4 de enero, 24 son considerados como presos por razones políticas. Organizaciones como Jepv sostienen que, al menos, seis estadounidenses liberados el pasado 20 de diciembre no eran prisioneros políticos.
Estos presos salieron de las cárceles en el marco de un acuerdo alcanzado entre Washington y Caracas que incluyó la entrega del empresario colombiano ligado al gobierno de Nicolás Maduro, Alex Saab.
Solo una mujer fue excarcelada
En estas excarcelaciones solo una mujer fue sacada de prisión: Ivonne Barrio Finol, pero en el país quedan 18 mujeres tras las rejas, algunas con complicaciones de salud alarmantes.
Martha Tineo, directora de JEP Venezuela, señaló en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo que las condiciones de los presos políticos en el país siguen siendo las mismas que se han denunciado años tras año.
Los privados de libertad por razones políticas son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, enfermedades causadas por las terribles torturas a las que fueron sometidas y sometidos, irrespeto al debido proceso, entre otras.
Uno de los casos en los que Jepv hace hincapié es en de la presa política Emilendris Benítez, condenada a 30 años de prisión por el caso del magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro, ocurrido en agosto de 2018, mientras se realizaba un acto en una céntrica avenida caraqueña para celebrar el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.
Desde entonces, Ermilendris está presa a pesar de que el Grupo contra las detenciones arbitrarias de la ONU y Amnistía Internacional han exigido su inmediata liberación por considerarla una detenida política.
”Importante recordar que Emirlendris Benítez que requiere una intervención quirúrgica urgente en su columna para no perder definitivamente la capacidad de caminar”, dijo Tineo.
Ermilendris, de 42 años de edad, padece de tensión arterial, un parpado caído y una hernia en la columna, que le puede impedir caminar si no es operada pronto.
La presa política está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
Otro de los casos que alarma a Jepv es el de Yosida Venegas, de 67 años de edad —también detenida en el Inof— que padece de múltiples patologías y se encuentra situación de abandono porque no tiene a ningún familiar en Venezuela, según denuncia la abogada Tineo.
Yosida es la madre del preso político Juan Carlos Monasterio y fue detenida el 15 de agosto de 2023, mientras se trasladaba por La Pedrera, estado Táchira. Durante 33 días no se supo de su paradero, pero organizaciones informaron que durante esos días estuvo recluida en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas.
Venegas es vinculada al intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, en agosto de 2018, caso por el cual su hijo Juan Carlos Monasterio fue sentenciado a 30 años de prisión.
“En el caso de los presos políticos sabemos que los familiares son quienes tienen toda la carga de suministro de alimentos, agua potable, medicinas, insumos de higiene y cualquier cosa de requieran. Sin ningún familiar acá, sobrevive de la caridad de los demás privados de libertad y sus familiares”, señala Tineo.
Hasta este 4 de enero, esta son las detenidas por motivos políticos que siguen presas en Venezuela
➡️Ángela Lizbeth Expósito Carrillo (Caso: Magnicidio)
Fue detenida el 23 de septiembre de 2018 y fue acusada de mantener oculto de la justicia a Henryberth Enmanuel Rivas Vivas, implicado en el llamado intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Jorge Rodríguez aseguró que la mujer lo escondía en su vivienda, ubicada en el estado Miranda.
Ángela es la directora de una organización de protección de animales y quien supuestamente mantenía bajo su cuidado unas mascotas de perseguidos políticos y particularmente el caso del perro de Oscar Pérez, según una declaración dada por Alfredo Romero, director de Foro Penal.
➡️Yanín Fabiana Pernía Coronel (Caso: magnicidio)
Fue detenida de manera arbitrariamente el 4 de agosto de 2018, cuando pasaba por una alcabala en el sector conocido como Masparro del kilómetro 25 de la autopista José Antonio Páez, estado Barinas.
Tras su detención fue trasladada a la sede de la Dgcim, ubicada en Boleíta, Caracas junto con otras tres personas más por presuntamente estar involucrada con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
La joven sufrió detención, desaparición forzada, torturas y violencia sexual. “Fue golpeada, colgada, electrocutada, asfixiada, ahogada, víctima de actos lascivos y aplastamiento de uñas”.
➡️María Auxiliadora Delgado Tabosky (Caso: magnicidio)
Fue detenida el 9 de marzo de 2019, junto a su esposo, por funcionarios de la Dgcim. Los efectivos militares irrumpieron en su residencia en el estado Carabobo, encapuchados y con armas largas, sin presentar una orden de allanamiento; se llevaron objetos de valor, prendas de ropa, computadoras y teléfonos. Luego de hora y media de registro, María Auxiliadora fue detenida.
➡️Ana María Pernía (Caso: Operación Gedeón)
Es una madre y comerciante recluida en la Dgcim Boleíta. Fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 25 de abril del 2020, en el municipio Plaza del estado Miranda, cuando se dirigía a su vivienda en Guatire.
Le decretaron medida privativa de libertad por los presuntos delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y terrorismo.
➡️Karen Hernández Rodríguez (Caso: operación Gedeón)
Fue detenida el 16 de mayo de 2020 y vinculada a la operación Gedeón. Su audiencia preliminar se realizó en el Sebin y no se le permitió tener abogados privados. Fue acusada por los delitos de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir
➡️Carla Da Silva Marrero (Caso: operación Gedeón)
Carla Da Silva es amiga de Karen Hernández. Fue detenida junto a ella el 16 de mayo de 2020 y ambas fueron vinculadas a la operación Gedeón. Su audiencia preliminar se realizó en el Sebin y no pudieron tener defensores de confianza.
➡️Marifrancys del Carmen Marcano (caso: operación Gedeón)
Marifrancys Marcano es madre de un niño y fue detenida el 25 de abril del 2020 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en el momento en que se trasladaban hacia su vivienda ubicada en Guarenas, estado Miranda.
Fue desaparecida durante un mes y posteriormente se supo que la detención estaba relacionada con el asalto al destacamento 441 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Puerta Morocha, Los Teques, estado Miranda.
➡️Samaira Romero Armario (Caso: operación Gedeón)
Fue detenida el 10 de mayo de 2020, por presuntamente estar involucrada en la operación Gedeón.
➡️Yurimar Rengel (Caso: gobernadora de Monagas)
Fue detenida por funcionarios de la Dgcim en el año 2019, por ser sospechosa de un supuesto complot para detener a la entonces gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, y tomar la 32° Brigada de Caribe, conocida como Fuerte Paramaconi en el año 2017.
Dos años después de un supuesto plan que nunca ocurrió, fue detenida y presentada ante el Tribunal Tercero Militar del Estado Monagas en el que se le decretó la medida judicial privativa de libertad por los delitos de rebelión y traición a la patria.
➡️Yusimar Montilla Ortega (Caso: gobernadora de Monagas)
Es una sargento técnico segundo del Ejército que fue señalada de estar presuntamente involucrada en el supuesto plan de intento de tomar la 32° Brigada de Caribe, conocida como Fuerte Paramaconi y la detención de la gobernadora del estado Monagas Yelitza Santaella, en el año 2017.
➡️Carla Yancelis Antón Farías (Caso: gobernadora de Monagas)
Es una teniente del Ejército que se desempeñaba como parquera del Fuerte Paramaconi, en Maturín.
El día 17 de junio de 2017, luego de entregar su guardia, fue llamada para una entrevista dentro del mismo Fuerte Paramaconi. Esto fue una excusa para ser entregada a funcionarios de la Dgcim, quienes sin explicación alguna la encerraron cuatro días en un cuarto, luego fue trasladada a la sede del organismo militar en Caracas y en el lugar fue sometida a tratos crueles e inhumanos, negándole la comida y el agua.
➡️Mariana del Valle Moreno Gil (Caso: apagón nacional)
Es una primer teniente de la Aviación Militar Nacional Bolivariana. Se desempeñaba como miembro del grupo destacado encargado de custodiar un área de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” ubicada en la represa del Guri, en el estado Bolívar.
Fue detenida junto con 13 compañeros de trabajo el 16 de abril de 2019, cuando un grupo mixto de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dgcim llegó a la central indicando que actuaban por órdenes de la vicepresidencia de la República.
➡️Leydifel Joseplin Bracho (Caso: difusión de mensajes en WhatsApp)
Es una abogada y técnico superior universitario en Ciencias Policiales. Fue detenida el 13 de agosto de 2020 y trabajaba como inspector jefe del Cicpc en el estado Falcón.
El 12 de agosto de 2020 asistió a una citación para rendir declaración en la sede de las Faes ubicada en Coro, estado Falcón, sobre unos mensajes de textos que estarían circulando en grupos de WhatsApp.
➡️Diana Daniela Díaz (Caso: Plan para sustraer armas)
Fue detenida el 18 de noviembre de 2019, después que un funcionario dijera que un efectivo desertor le comentara que Diana tenía información de un supuesto plan para sustraer armas en el estado Táchira.
➡️Yelut Naspe Inistra (Caso: Granadas lanzadas a una sede policial)
Fue detenida el 16 de diciembre de 2015, por presuntamente estar incursa en el ataque contra la Policía del Estado Aragua en agosto de ese año. Delincuentes lanzaron una granada hacia el módulo policial de la comunidad de San Vicente, estado Aragua, donde murió un joven oficial. Sin embargo, la misma policía indicó que fue un ataque parte de una banda delincuencial.
➡️ Nohemí Pabón
Fue privada de libertad con fines políticos desde el 11 de septiembre de 2015, es una estudiante de administración de empresas. Nohemí lleva 6 años detenida sin juicio ni condena y está recluida en El Helicoide, Caracas.