Equipo de corresponsales
Trabajadores activos, jubilados y pensionados de los sectores salud y educación se movilizaron este miércoles 30 de septiembre en Caracas y Los Teques, estado Miranda, para exigir mejoras salariales y laborales. En la capital, el gremio de enfermería inició una jornada nacional de recolección de firmas que prevé extenderse a 300 centros de salud, mientras que en Miranda los trabajadores consignaron un pliego de peticiones ante las autoridades regionales.
En Caracas, la jornada se realizó en la Maternidad Concepción Palacios y contó con la participación de más de 26 gremios, según informó el dirigente sindical Mauro Zambrano. La actividad comenzó en 35 hospitales del país y se extenderá durante 10 días con el propósito de incorporar a trabajadores de hospitales, Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Centros de Prevención y Tratamiento (CPT) y Áreas de Salud Integral (ASI).
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, explicó que las firmas acompañarán un documento que será presentado al Ejecutivo nacional. Entre las solicitudes está que para calcular la bonificación de fin de año se tome como referencia el ingreso integral que reciben los trabajadores mediante la Plataforma Patria, además de mejoras en salarios, pensiones y prestaciones sociales.
La dirigente también convocó a los trabajadores del sector salud a una movilización para el próximo 13 de octubre hacia el Palacio de Miraflores, en Caracas. Contreras pidió al Ejecutivo atender la situación de los trabajadores de la salud y advirtió sobre la migración de profesionales.
«Hoy hay una migración laboral, eso tenemos que decirlo Más del 60 % de los trabajadores de la salud se han ido, y se han ido porque la precariedad y las condiciones de inseguridad jurídica e inseguridad personal lo han hecho posible», afirmó.
Contreras agregó que la movilización busca exigir respuestas a las condiciones laborales del sector y pidió a los trabajadores participar en la jornada del 13 de octubre.
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Reclamo por el aguinaldo
Mauro Zambrano aseguró que uno de los principales reclamos está relacionado con el monto utilizado para calcular la bonificación de fin de año. «Desde 2022 nos pagan un aguinaldo calculado a 130 bolívares, es decir, un aguinaldo simbólico. Ya no es aguinaldo», afirmó.
El salario mínimo en Venezuela permanece en 130 bolívares desde marzo de 2022. Aunque el Ejecutivo ha complementado los ingresos de trabajadores públicos, jubilados y pensionados mediante bonos depositados a través del Sistema Patria, estos no tienen incidencia sobre beneficios laborales como prestaciones sociales, aguinaldos y vacaciones, según han denunciado organizaciones sindicales.
En 2026, el Ejecutivo sustituyó el Bono de Guerra Económica por el denominado Bono de Ingreso Integral de Trabajadores, dirigido a empleados públicos, jubilados y pensionados. Los gremios han insistido en que los ingresos deben incorporarse al salario para que tengan impacto en los beneficios laborales.
Ana María Velázquez, presidenta de la Federación Nacional de Colegios Profesionales de Enfermería, informó que la jornada también busca incorporar las exigencias de los trabajadores jubilados. Entre sus planteamientos está que el pago por responsabilidad y profesionalización se extienda a todos los trabajadores del sector salud, tanto activos como jubilados.
Yadira Rosales, vicepresidenta de la Federación de Bioanalistas de Venezuela, agradeció la participación de los trabajadores y señaló que la recolección de firmas pretende enviar un mensaje al Ejecutivo para que atienda las reivindicaciones del sector.
Rosales también pidió que las exigencias salariales de los trabajadores de la salud sean incorporadas a la agenda de la mesa de negociación.
Trabajadores también protestaron en Los Teques
Las demandas salariales también se hicieron sentir este miércoles en Los Teques. Una movilización integrada por educadores activos y jubilados, trabajadores de la salud y pensionados partió desde la avenida Bolívar y avanzó hasta la Plaza Bolívar, donde una representación de los manifestantes consignó un pliego de peticiones ante la Gobernación de Miranda y el Consejo Legislativo regional.
Los trabajadores denunciaron que los ingresos que reciben son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. José Gregorio Escalona, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Miranda (Sitrem), pidió al gobernador Elio Serrano constatar las condiciones en las que laboran y viven los empleados públicos.
Escalona afirmó que, como docente VI, recibe un ingreso de 530 bolívares por quincena y cuestionó el monto recibido por concepto de bono vacacional. Según relató, el dinero apenas le permitió comprar «un pasapalo, dos panes tipo canilla y una bebida gaseosa».
El dirigente sindical advirtió que, si no reciben respuestas concretas de las autoridades regionales, los sindicatos iniciarán las acciones legales correspondientes para convocar un paro indefinido de actividades.
«Nosotros actuamos bajo el marco de la ley, a diferencia de la gestión regional. Estamos cumpliendo rigurosamente con los extremos legales requeridos para activar un proceso de huelga, y el rumbo que tomemos dependerá exclusivamente de la voluntad política del mandatario», sostuvo.
René Zapata, secretario de organización de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en Miranda, aseguró que los trabajadores de la educación y la salud continuarán movilizados. Entre sus exigencias mencionó un salario que permita cubrir las necesidades básicas, la discusión del contrato colectivo y la homologación del bono de profesionalización para los trabajadores jubilados y pensionados.
El documento fue recibido en las puertas de la Gobernación por Franklin Ramírez, director de Despacho, quien se comprometió a elevar las solicitudes ante las autoridades del Ejecutivo regional y coordinar los enlaces institucionales correspondientes.
Las protestas ocurren en un contexto en el que el salario mínimo y la pensión permanecen anclados en 130 bolívares. El Pitazo ha documentado durante 2026 los reclamos de trabajadores públicos, docentes, jubilados y pensionados contra un esquema de ingresos basado principalmente en bonificaciones y no en aumentos del salario base.
Los gremios de salud prevén entregar las firmas recolectadas y el documento de peticiones al Ejecutivo nacional el 13 de octubre, fecha para la que también convocaron una movilización hacia el Palacio de Miraflores.