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domingo, 1 junio, 2025

Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia muerte de interna en Uribana por infección respiratoria

Yusbely Rangely Hernández Lucena, de 26 años de edad, no recibió atención médica especializada ni la alimentación adecuada para tratar su enfermedad, según la ONG

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Caracas.– La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el fallecimiento de Yusbely Rangely Hernández Lucena, de 26 años, a causa de una infección respiratoria. Hernández Lucena se encontraba detenida en la cárcel de Uribana, en Barquisimeto, estado Lara, y murió en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona, según un comunicado de la organización.

OVP destacó que allegados de otras internas informaron que Hernández Lucena, originaria del estado Yaracuy y detenida junto a su padre y su tío, no recibía los alimentos e insumos enviados por sus familiares.


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«Aunque sus allegados hacían grandes esfuerzos por llevarle alimentos, estos no siempre le eran entregados. Su alimentación quedó restringida a lo que ofrecía el penal, una dieta deficiente basada en arroz, granos y arepas sin rellenos», detalla la nota de OVP.

Falta de atención oportuna «selló su destino»

Familiares consultados por la organización relataron la precaria condición de salud de la joven. “Esa muchacha se la pasaba enferma. Tenía muchas dolencias y, cuando era trasladada al hospital, los médicos varias veces le dijeron que estaba deprimida y que esto no ayudaba con su mejoría", comentó un allegado a OVP.

El texto añade que otras privadas de libertad ayudaban a Hernández Lucena con insumos de higiene personal, ante la carencia de estos. Según OVP, la infección respiratoria que padecía la reclusa requería atención médica especializada y una dieta adecuada, condiciones que, al parecer, no se cumplieron. «La falta de atención oportuna selló su destino», concluye la ONG.

OVP recordó que el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, se encuentra bajo medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). En este sentido, la organización subraya que «garantizar la vida e integridad de quienes se encuentran bajo su custodia no es una opción, sino una obligación» por parte del Estado venezolano.

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