Caracas.- Los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) dejaron de funcionar como espacios de detención preventiva y se convirtieron en una red paralela de encarcelamiento. En 157 dependencias del organismo policial hay 7.414 personas privadas de libertad, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Las deplorables condiciones de reclusión se presta para que funcionarios extorsionen a los detenidos, aseguró el Observatorio en una investigación publicada este jueves 10 de septiembre.
En el informe, indicaron que los efectivos ofrecen a los privados de libertad “beneficios" como dormir en una oficina alejada de otros detenidos, acceder a baños y duchas e incluso salir a recibir luz solar. “Llegan a cobrar hasta 200 dólares", precisó.
Las delegaciones de Distrito Capital, Zulia, Miranda, Carabobo y Aragua concentran la mayor cantidad de detenidos: 3.788, el equivalentes a 51,1% de toda la población registrada en la investigación de OVP.
La Delegación Municipal de Maracaibo, en el estado Zulia, es la que registra mayor cantidad de presos: 278. La cifra es similar a la cantidad de reclusos que hay en el Centro de Formación Hombre Nuevo Winnie Mandela, anexo de la antigua cárcel Sabaneta en la capital zulia, la cual fue construida para 400 privados.
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Años de detención
Una de cada tres personas lleva más de dos años encerradas en los calabozos del Cicpc, según el OVP, que pudo cuantificar que 58% de la población recluida tiene más de un año detenida y 33,5% supera los dos años de privación de libertad.
Del grupo de personas registradas por el Observatorio, 6.518 se encuentran en calidad de procesadas, mientras que 896 tienen sentencia firme. “El problema es nacional», destacó Humberto Prado, director del OVP.
La ONG indicó que los reclusos conviven sin una adecuada clasificación por delitos y permanecen en espacios reducidos que no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar de manera prolongada a personas privadas de libertad.
“Son lugares que carecen de ventilación, acceso a agua potable y servicios médicos. Además del retardo procesal, el hacinamiento en los calabozos se ha convertido en una realidad habitual, generando condiciones que favorecen la proliferación de enfermedades", indicó el Observatorio en la investigación.
La alimentación de los reclusos en los calabozos del Cicpc dependen exclusivamente de los familiares, quienes deben llevarles a diario sus comidas. La situación se complica, alertó el organismo, cuando el recluso no tiene familia en el estado donde está detenido, por lo que no tienen quién los alimente.
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Los más vulnerables
El informe identificó grupos vulnerables. Del total de detenidos, se registraron 914 mujeres, 17 adolescentes entre 14 y 17 años, y 181 personas mayores de 65 años.
El OVP recalcó que el Cicpc es un organismo creado para la investigación y sus funcionarios no están formados para la custodia prolongada de personas privadas de libertad.
“Esta distorsión de las funciones institucionales propicia prácticas violatorias de los derechos humanos y la comisión de tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de los calabozos policiales", remarcó en el informe.
Humberto Prado hizo un llamado al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, para que cumplan sus funciones en estos calabozos policiales.
Indicó que para garantizar los derechos humanos de estas personas detenidas, es necesario reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, garantizar la atención judicial de los casos, trasladar oportunamente a los detenidos a centros penitenciarios y hacer pública la información sobre sus condiciones.