Por Andrea Barrios
Barquisimeto.- Otro recluso se sumó este 19 de agosto a la lista de 55 fallecidos que lleva el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) entre abril y agosto de 2026.
La víctima fue identificada como César Enrique Ostos Patiño, de 44 años, quien pereció mientras recibía su tratamiento de diálisis en el hospital del IVSS Pastor Oropeza, en Barquisimeto.
De acuerdo con un comunicado compartido por familiares a El Pitazo, Ostos habría contraído hepatitis durante su permanencia en la Comunidad Penitenciaria Fénix de Lara, ubicada al norte de la capital larense.
Casos críticos que exigen atención urgente
En situación de vulnerabilidad también se encuentra Robinson Jhoan Esquivel Fajardo, de 45 años, cuyo proceso judicial está a cargo del Tribunal Quinto de Control de Barinas. Actualmente permanece internado en el Hospital Central Antonio María Pineda, donde recibe diálisis.
Según allegados y fuentes del sector judicial, su condición es delicada, por lo que exigen que el sistema penitenciario garantice la continuidad de su tratamiento y las condiciones indispensables para preservar su vida.
Un panorama similar enfrenta Eimen El Zaghir Gutiérrez, de 38 años, con expediente radicado en el Tribunal Tercero de Ejecución del estado Lara. Un reconocimiento médico legal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), respaldado por informes de su especialista, confirma que padece una enfermedad renal bilateral en fase terminal, señala el texto.
Pese a este diagnóstico, la jueza le negó una medida humanitaria. La defensa apeló la decisión, pero la Corte de Apelaciones también desestimó la solicitud.
Sus familiares señalan que esta semana deberá someterse a seis sesiones de diálisis, el triple de las dos semanales que recibía antes, debido a los niveles críticos de urea.
El interno ha acumulado múltiples hospitalizaciones; la última se prolongó por cerca de dos meses, lapso en el que, según sus cercanos, estuvo al borde de la muerte.
Aunque su hermana viajó desde Perú para someterse a los exámenes requeridos para ser su donante de riñón, el procedimiento se mantiene bloqueado por su estatus legal:
«Como está él, en las condiciones, no podemos, porque eso depende de permisos, eso es delicado, debe tener dietas estrictas, hay que sacarlo, hacerle muchas pruebas», detalló Mariela Gutiérrez, la madre del afectado vía telefónica a El Pitazo. Explicó que insisten en una medida sustitutiva, pero el tribunal desestima la gravedad del cuadro clínico.
«Para nadie es un secreto que ahí (en el centro de reclusión) hay muchas personas, hay virus, hay tuberculosis, hepatitis, muchas enfermedades», lamentó la madre ante los riesgos de mantenerlo en prisión.
56 decesos en centros de reclusión
Entre abril y julio de 2026, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) contabilizó 51 muertes en recintos carcelarios del país. A esa estadística se suman cuatro decesos ocurridos en agosto: el de Sergio Gabriel Ascanio, en el Centro Penitenciario Agroproductivo Barcelona, durante el fin de semana del 15 de agosto; y los reportados el día 11 de ese mes correspondientes a Anthony Portillo (Tocuyito), Víctor Salgado (El Rodeo IV) y Adrián Felipe (Fénix Lara). Con el fallecimiento de César Ostos, el total acumulado asciende a 56 muertes en un período de cinco meses.
En 15 años vas 8.192 muertes en custodia del Estado, según el OVP.
Presos políticos enfrentan graves cuadros de salud
La crisis carcelaria también golpea a los presos políticos. Actualmente, 30 de ellos se encuentran en condición crítica y requieren asistencia médica prioritaria debido a secuelas de torturas sufridas durante años de cautiverio. Así lo denunciaron sus familiares ante la defensora del pueblo, Eglée González, durante un encuentro celebrado este miércoles 19 de agosto, donde expusieron un total de 119 casos con patologías crónicas, incluidos tres rehenes del Estado que ya cumplieron sus condenas pero continúan sin recibir su boleta de excarcelación.
Entre los casos más alarmantes figura el de José Miguel Quintero, paciente con cáncer recluido en El Rodeo IV. Aunque cumplió su pena en 2021, acumula cinco años de espera injustificada por su libertad. Sus allegados advierten que el prolongado encierro y los cuadros depresivos han fracturado por completo su salud y sus expectativas de vida.
«Reiteramos que el Estado tiene el deber de velar por las personas bajo su custodia. Asimismo urge que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo investiguen la gestión del Ministerio para el Servicio Penitenciario, que no garantiza el acceso a la salud de las personas privadas de libertad» insta ante las constantes muerte el OVP.