Caracas.- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este 27 de julio sobre la muerte de Luis Felipe Moreno Moreno, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario Agroproductivo (CPA) de Barcelona, estado Anzoátegui.
A través de su cuenta en X, la ONG explicó que Moreno Moreno falleció por causas de salud en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, en el estado Anzoátegui.
Con este caso, suman 37 las personas que han muerto en Venezuela bajo custodia del Estado. Los dos últimos fallecimientos se registraron el 23 de julio en la cárcel Fénix, del estado Lara.
OVP: una transformación penitenciaria que no llegó
La OVP recordó que «las intervenciones penitenciarias anunciadas por el régimen venezolano fueron presentadas como el inicio de una profunda transformación del sistema carcelario. Casi tres años después, las promesas de rehabilitación, modernización y condiciones dignas siguen sin materializarse, mientras las personas privadas de libertad continúan muriendo bajo su custodia».
Explicó que, en la actualidad el CPA de Barcelona alberga más de 1.400 privados de libertad, entre los que se encuentran numerosos reclusos que fueron trasladados luego de la intervención del Internado Judicial de Monagas, mejor conocido como «La Pica», que fue llevada a cabo el 3 de noviembre de 2023, durante la operación Gran Cacique Guaicaipuro.
Aseguran que, en el pasado el entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, anunció estas intervenciones como una estrategia para recuperar el control de las cárceles y acabar con el pranato; sin embargo, con el pasar del tiempo, «la política anunciada con amplio despliegue mediático terminó dejando cárceles hacinadas, familias separadas por traslados arbitrarios y promesas de rehabilitación que nunca se concretaron».
Agrega que, en ese momento, «las autoridades prometieron que dicho penal sería rehabilitado y adecuado para ofrecer condiciones acordes con los objetivos anunciados por el propio gobierno. Sin embargo, el paso del tiempo ha dejado más interrogantes que respuestas: ¿qué ocurrió con la recuperación de ese establecimiento?, ¿dónde están las obras prometidas?, ¿qué destino tuvieron los recursos destinados a su remodelación?».
Exigencias
La OVP exigió la rendición de cuentas inmediata acerca del destino de los centros intervenidos, transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a su recuperación «y garantías efectivas para proteger la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad».
Asimismo, exhorta a la administración de Delcy Rodríguez a que adopte urgentemente las medidas necesarias para que no sigan muriendo reclusos por enfermedades prevenibles y tratables «que, de haber recibido atención médica oportuna, no habrían terminado cobrado sus vidas».