La familia de Leivys Yornay Rondón querían que el joven tuviera una sepultura digna y tranquila. En medio del dolor después de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana lo asesinaran siendo inocente al confundirlo con otra persona, se fueron a protestar al Ministerio Público y a exigir que les entregaran su cuerpo. Querían retirar el cadáver en la morgue de Bello Monte y no se lo permitían.
Hay que recordar que la mañana del sábado 8 de agosto, alrededor de las 9:30, funcionarios policiales lo ejecutaron dentro de su propia casa, delante de su esposa embarazada. Según relató a El Pitazo su madre, Yelis Tucupido, los efectivos sometieron después a la familia a horas de terror: les arrebataron los teléfonos, les golpearon las manos para que los dispositivos cayeran y borraron los videos que grabaron del procedimiento.
“Al saber que estaba muerto y aún dentro de la casa, la comunidad salió a protestar. Su familia estaba afuera de la casa, estábamos destrozados. Hasta las 6:00 p.m. nos dijeron que mi hijo estaba en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Sabíamos que era mentira y que estaba muerto, pero igual fuimos. Allí nos confirmaron que murió", afirmó Tucupido.
Los hechos ocurrieron en el contexto de la búsqueda de los responsables del asesinato del oficial Edwin Arquinzones, adscrito a la División Contra la Delincuencia Organizada de la PNB, base Petare. El funcionario murió el mismo sábado durante un enfrentamiento armado en el sector Hueco Loco de El Valle. Tras ese incidente, las autoridades desplegaron operativos en varias parroquias del suroeste de Caracas buscando a un presunto delincuente conocido como “Barrabás". Fue en ese procedimiento donde interceptaron a Rondón.
La madre explicó que las autoridades pretendían trasladar el cuerpo desde Bello Monte a un cementerio como si se tratara de un delincuente. Se refería a que cuando alguien muere en enfrentamientos con la policía, estos aplican un protocolo de sepultura diferente: no permiten velación, llevan los cuerpos directamente al cementerio y vigilan el sepelio.
Pero tras su exigencia en el Ministerio Público, finalmente les entregaron la orden para reclamarlo dignamente. “No sabemos quiénes son los funcionarios actuantes, aunque sí sabemos quién era el comisario a cargo. Queremos que se haga justicia porque mi hijo no era ningún delincuente. Trabajaba como delivery y era conocido y querido en la comunidad", subrayó.
Este hecho se suma a otros operativos de la PNB cuestionados por su violencia. En marzo, en el barrio 19 de Abril de Petare, funcionarios de ese cuerpo policial asesinaron dentro de una vivienda al adolescente Elvis Daniel Urbina Machado, de 16 años, y a otros dos jóvenes, en un procedimiento que dejó 33 disparos registrados en la casa, rastros de sangre y denuncias de manipulación de la escena del suceso para simular un enfrentamiento.