Mientras el país y la comunidad internacional miran hacia las negociaciones entre la administración de Delcy Rodríguez y la oposición representada por la Asamblea Nacional de 2015, en una angosta calle de Quinta Crespo, en Caracas, continúa funcionando un centro de torturas.
Ubicado en la esquina de Bárcenas, entre de la Cuadra de Bolívar y detrás de la sede del canal de televisión Rctv (cerrado en 2007 por órdenes de Hugo Chávez), está la sede del Conas-Gaes 43. Lugar que genera tal tensión que muchos vecinos y transeúntes evitan pasar por allí.
Cada día, al menos 10 patrullas negras y funcionarios armados con fusiles, a veces encapuchados, custodian la zona e intimidan a cualquiera que se acerque.
La mañana siguiente a los terremotos, todos estaban afuera haciendo jornadas especiales de vigilancia y con rostros de pánico tras los movimientos. Pero los presos vivieron el terror del doblete sísmico dentro de tres diminutas celdas que están en el sótano.
Estos calabozos no cuentan con ventilación ni luz solar, están infestados de ratas y cucarachas, y poseen un fuerte olor a humedad. Allí permanecen “presos especiales", personas detenidas por “capricho o directrices de altos funcionarios", según testimonios de familiares y fuentes de seguridad.
Debido a la falta de sol, la piel de los detenidos es amarillenta y reseca, tal y como sus familiares denunciaron a organismos internacionales. Al igual que los presos políticos que están en El Rodeo y Tocuyito, reciben visitas a través de un vidrio con la única diferencia de que en estas cárceles se les permite a las familias un encuentro de 20 minutos, pero en el caso de este centro de tortura, la visita dura seis escasos minutos.
Los hermanos María Natalia y Guillermo Améstica, detenidos en 2024 por al asesinato del rapero Canserbero, ocurrido 10 años antes, estuvieron recluidos en el lugar. En los insalubres calabozos recibieron visitas del exfiscal general Tarek William Saab, quien los amedrentaba y acosaba para que se declararan culpables, según testimonios de esa época.
El comandante del Conas-Gaes 43, es el coronel Leonardo Gómez Acevedo. Mientras que el mayor Francisco Torres Ramírez, figura como segundo comandante. El pasado 24 de julio fue ascendido a teniente coronel, grado militar aprobado por Delcy Rodríguez.
Pero las torturas a presos políticos no son el único referente de estos calabozos. Ya que al lugar llega otra clase de detenidos: encapuchados, atados a la espalda, aislados de los demás y desorientados.
La descripción coincide con testimonios de exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que aseguran que funcionarios del Conas (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional) se dedican a secuestrar a personalidades de la Gran Caracas, en alianza con grupos criminales, a quienes mantienen en el lugar hasta cobrar los rescates.
“Cuando recibíamos las denuncias y avanzábamos en la investigación llegábamos hasta el Conas de Quinta Crespo, allí dábamos un paso atrás porque las órdenes eran no hacer nada", indicó la fuente, quien aseguró que al entrevistarse con las víctimas luego de ser liberadas, relataban el horror del encierro sin saber qué pasaba detrás de la capucha.
¿Quiénes permanecen encerrados en estos sótanos?
Hasta hace 15 días había al menos 20 personas en los calabozos; se desconoce la identidad de la mayoría. Fueron trasladados a centros penitenciarios por órdenes de Gómez Acevedo luego de que familiares de varios de los presos denunciaron públicamente torturas, denuncia atendida por funcionarios en el país de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): seguían las prácticas de asfixia mecánica, golpizas, aislamiento y privación de sol.
Aunque se produjeron traslados, los presos que quedaron fueron privados de agua, comida y medicinas, como método de castigo por la denuncia de algunos de los familiares.
Entre los detenidos están oficiales de la Armada Nacional Bolivariana y civiles vinculados al sector de seguridad privada. Sus casos responden a un patrón similar: estaban relacionados con el exministro de Interior y Justicia, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso. Este funcionario figuró como edecán de Hugo Chávez, fue comandante del CEOFANB y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (2021-2024), además de vicepresidente de Seguridad Ciudadana. Actualmente se encuentra en Beijing como embajador de Venezuela en China. Está sancionado por EE.UU. y la UE por violaciones de DDHH.
Según denuncias, las torturas y tratos crueles a los que fueron sometidos tenían como objetivo principal despojarlos de sus empresas de seguridad privada.
Varios de ellos fueron detenidos casi en simultáneo en marzo de 2025 cuando ya Diosdado Cabello ocupaba el cargo dejado por Ceballos Ichaso.
Detalles de los procedimientos aseguran que los responsables de las detenciones actuaron bajo las órdenes del propio Cabello. Por ejemplo, el ocurrido en la empresa EXS3COM, dedicada a seguridad física, electrónica y servicio de drones.
Funcionarios del Conas y militares adscritos al Ministerio de Interior y Justicia, tomaron las instalaciones bajo pretexto de investigación, con especial interés en los clientes y los equipos.
Leonardo Nicolás Necoll Buttafuoco, capitán de fragata retirado, era el presidente de la empresa y su hermano, exmilitar, Daniel Alejandro, trabajaba como gerente de tecnología. El último se retiró de la Armada en 2022 por presentar un cuadro de depresión que ameritaba medicación.
Ambos fueron detenidos el 28 de marzo del año pasado. Estuvieron desaparecidos seis meses; sus familiares los hallaron en estos calabozos. Presentados ante tribunales, enfrentaron procesos sin abogados privados, a puerta cerrada.
En el centro de torturas también se encuentra el capitán de fragata José Ernesto Patete Escalona, quien laboraba como administrador en el Ministerio del Interior junto a Remigio Ceballos. Patete fue detenido también en marzo de 2025.
Aunque no laboraba directamente en EXS3COM, gestionaba contratos con la empresa. Varios integrantes de su familia también fueron detenidos y sometidos a violencia psicológica.
Otro de los detenidos es el teniente de navío retirado Raúl Eduardo Díaz Casado, gerente general de RAFAT Seguridad, otra empresa del sector y Richard Pérez, fundador de la Asociación Venezolana de Espiritismo, quien realizaba servicios de santería y limpieza espiritual a militares, según reza en el expediente.
Los delitos imputados a todos son asociación para delinquir, retraso u omisión de funciones, concierto para la celebración de contratos, ventaja económica de funcionarios y legitimación de capitales.
Otras fuentes vinculadas a las mencionadas empresas indicaron que ambas, cuyas sedes están en Caracas, siguen operativas. La mayoría de sus clientes desconoce que las empresas fueron intervenidas y que los servicios de escolta y seguridad que reciben están intervenidos por funcionarios del ministerio que está a cargo de Diosdado Cabello.