El colectivo de derechos humanos (DD. HH.) Surgentes denunció la muerte del joven Andrés Bravo Pariaguán, quien se encontraba detenido en la cárcel Rodeo II, en Guatire, estado Miranda, desde hace cuatro años.
Bravo, de 24 años, falleció 20 de julio “bajo custodia del Estado, que lo mantenía privado de libertad, de forma arbitraria, sin que su juicio hubiese, ni siquiera, comenzado".
En opinión de la organización, con esta muerte “el Estado le falla de manera grosera a un joven venezolano", a quien “su arbitraria detención lo sorprende, con apenas 20 años, a solo 15 días de haber llegado a Caracas, desde su tierra natal para construir su futuro".
Sin orden judicial
Andrés Bravo Pariaguán fue detenido en julio de 2021, en el marco del Operativo de Seguridad Gran Cacique Guaicaipuro que se desplegó con el fin de combatir el accionar de las bandas delictivas que operaban en la Cota 905, en Caracas, y sectores adyacentes.
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Regresaba a su casa como un día cualquiera, luego de realizar una diligencia, cuando lo arrestaron funcionarios encapuchados, “sin orden judicial y sin que estuviese cometiendo delito alguno".
Según Surgentes, desde su detención hasta el momento de su muerte, fueron vulnerados todos los derechos al debido proceso que constitucionalmente asistían a Andrés
“Desde Surgentes siempre hemos reivindicado el deber del Estado de proteger la seguridad de la población, pero también hemos señalado que ello no puede hacerse a costa de los derechos humanos y las vidas de jóvenes inocentes", escribió en sus redes sociales.
Surgentes reseñó que el caso de este joven estuvo lleno de irregularidades: no se le permitió comunicarse con sus familiares hasta después de su audiencia de imputación; las actas policiales que sirvieron de prueba para ordenar su privación de libertad fueron firmadas por funcionarios que no realizaron la detención y que forjaron pruebas; en la audiencia preliminar fue pasado a juicio, sin pruebas ni testigos, mientras que el juicio inició un año y siete meses después de la audiencia preliminar y estuvo plagado de diferimientos e incidencias debido a la ausencia de órganos de prueba y enfermedades de la jueza.
Condiciones deplorables de reclusión
Surgentes atribuye el deterioro de la salud de Andrés “a las deplorables condiciones de reclusión en las que estuvo durante cuatro años que le ocasionaron tuberculosis e infección de su sistema nervioso central".
El joven fue trasladado a un centro hospitalario cuando ya se encontraba en estado de seminconsciencia y con signos muy avanzados de su enfermedad.
Para Surgentes, su muerte “es responsabilidad del Estado venezolano que lo mantuvo injustamente privado de libertad, sin que existiesen pruebas de los delitos de los que se le acusaba, al tiempo que cerró todas las vías para que su juicio se celebrara de forma oportuna y célere".
“El caso de Andrés no es una excepción. Es un patrón de actuación del Sistema de Justicia Penal que Surgentes ha denunciado en múltiples oportunidades que, primero criminaliza y luego deshumaniza a nuestros jóvenes de los sectores populares", reza el comunicado.
Surgentes exige que se tomen medidas para determinar la responsabilidad del Estado venezolano en la violación al derecho a la vida, la libertad, la justicia y la salud de Andrés Bravo y que se evite más impunidad.
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