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Caracas.– Más de 960 personas no han podido ser trasplantadas desde 2017 como consecuencia directa de la paralización del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (Spot), hecho del que se cumplieron cuatro años el 1 de junio de este 2021. La suspensión del programa impide realizar trasplantes con donantes fallecidos. De esta circunstancia da cuenta el informe sobre la privación de los derechos a la salud y la vida de personas con enfermedad renal crónica en Venezuela en el contexto de COVID-19.
De las casi mil personas afectadas, 150 serían niños, niñas y adolescentes de la Unidad de Nefrología del Hospital J.M. de los Ríos y el Hospital Militar Carlos Arvelo, ambos ubicados en la ciudad capital, lo que representa el 15,6% de los pacientes que esperan por un trasplante renal.
Esta realidad es uno de los principales aspectos reflejados en el mencionado informe que fue elaborado de manera conjunta entre la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y la Asociación Civil Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV) entre los meses de diciembre de 2019 y junio de 2021, con el propósito de actualizar las documentaciones de las violaciones de los derechos a la salud y la vida de las personas con enfermedad renal crónica en el país, entre las que se encuentran las personas trasplantadas y las personas que requieren diálisis.
“Este deterioro está relacionado con violaciones en las que ha incurrido el Estado venezolano como consecuencia de haber permitido el colapso del sistema sanitario público, a lo cual se sumaron las medidas estatales tomadas por razones de salud pública para frenar la propagación del COVID-19 a partir de marzo de 2020, incluyendo la discriminación y discrecionalidad con la que han sido implementadas poniendo en riesgo y causando en muchas ocasiones la muerte evitable de esta población vulnerable", reza parte del texto.
El informe señala que los servicios de trasplante de riñón en Venezuela se expandieron progresivamente entre 1997 y 2014, alcanzando un promedio de 220 trasplantes por año en 2014 (56% de donantes fallecidos). Sin embargo, destaca que entre 2015 y 2018, el número de trasplantes disminuyó a 102 por año.
De igual manera, subraya que el 21 de febrero de 2021 se cumplieron tres años del otorgamiento de las Medidas Cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para la población infantil del servicio de nefrología del Hospital J.M. de Los Ríos, en las cuales se solicitó al Estado venezolano garantizar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que reciben atención en dicho hospital.
Codevida y ATV recuerdan que entre 2017 y los meses transcurridos en 2021 han fallecido un total de 46 NNA, «muertes evitables si hubiesen contado con su tratamiento regular y completo, además de la realización del trasplante renal que les habría permitido tener calidad de vida», puntualizaron.
