Por Andrea Barrios
San Felipe.- Un grupo de productores pertenecientes al Comité de Víctimas de Ocupaciones Ilegales de Tierras del estado Yaracuy fue secuestrado el pasado 1 de julio por el colectivo campesino «Conuqueros de Yumarito». Durante aproximadamente siete horas, los afectados permanecieron retenidos y bajo amenazas de muerte mientras se encontraban en la finca «Entre Palmeras», ubicada en el municipio Manuel Monge.
El hecho se originó cuando los productores ingresaron al fundo vecino «Zuliat» para respaldar a su propietario, Antonio Parra, en la defensa de sus derechos de propiedad. Parra había introducido un tractor para trabajar sus tierras ese día; pero debido a las precipitaciones, el grupo buscó refugio en la casa de la finca «Entre Palmeras», propiedad de Samuel Yánez, situada justo al frente.
Antonio Parra relató a El Pitazo que, mientras se resguardaban de la lluvia, fueron emboscados y rodeados por un grupo violento de al menos 30 personas integrantes del colectivo campesino «Conuqueros de Yumarito«, quienes los amenzaron portando machetes y armas blancas.
Milena Aguilar, testigo del hecho y propietaria de un predio invadido en el municipio Bolívar, describió con indignación los momentos de tensión: «Ahí había adolescentes y niños menores de edad con machetes dándole al piso. Nos secuestraron y no hubo presencia de policía, guardia ni fiscalía. Nos tenían ahí y decían que querían la cabeza del ingeniero Eduardo Linares".
Siete horas bajo amenaza
Tras la denuncia realizada por Samuel Yánez ante el Destacamento 40 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se confirmó que los agresores profirieron amenazas de muerte contra su persona y contra el ingeniero Eduardo Linares, fundador del Comité de Víctimas. Finalmente, tras la intervención de las autoridades, las víctimas lograron salir del sitio bajo custodia de la GNB, quienes escoltaron a Yánez de regreso a su hogar.
El INTI nacional ratifica la propiedad, pero no se ejecuta el desalojo
El hostigamiento contra la familia Parra no es reciente; comenzó en 2023, cuando los invasores irrumpieron en sus tierras, destruyeron cercas, introdujeron ganado ajeno y consumieron cultivos de caña de azúcar. Antonio José Parra, de 53 años, defiende un predio trabajado por su familia durante más de 50 años, herencia de su abuelo Ramón Parra. Para despojarlos, los ocupantes ilegales denunciaron el fundo bajo la premisa de «tierras ociosas», un modus operandi que este grupo y el colectivo Eliécer Otaiza 3 ha replicado en al menos siete fincas, por lo cual los califican de «invasores de oficio».
No obstante, el directorio nacional del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en Caracas se pronunció mediante el Expediente N° 23-22-2308-000005-DTO, ratificando la propiedad y productividad del Fundo Zuliat, de Antonio Parra. Esta decisión, firmada por el presidente del INTI, David José Hernández Giménez, fue publicada en el diario Yaracuy al Día el 5 de diciembre de 2025.
Pero, aunque la resolución delega la ejecución de la medida y autoriza el uso de la fuerza pública, sustentada en el artículo 115 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, las víctimas denuncian que el Inti de Yaracuy se niega a ejecutar el desalojo. Argumentan que es competencia del Tribunal Agrario, instancia que tampoco ha procedido.
Antonio Parra expresó su impotencia ante esta situación: «Me siento humillado. Me siento sin justicia, sin Estado de derecho. Nosotros tenemos los papeles, pero ellos nos impiden entrar y, apenas llegamos, generan violencia».
Líderes y bandas señaladas en las denuncias
De acuerdo con el expediente de la denuncia ante el Ministerio Público MP-243899-2023, llevado por la Fiscalía Cuarta de Yaracuy, el colectivo «Conuqueros de Yumarito» opera con una estructura definida. Antonio Parra y el ingeniero Eduardo Linares señalan a Gisela Vargas y a Noris Ochoa como los principales dirigentes del colectivo en el Fundo Zuliat y otros predios invadidos en el municipio Manuel Monje: Los Apamates y Don Nicolás. Asimismo, actúan en coordinación con el colectivo «Eliécer Otaiza 3″, responsable de invasiones en cuatro fincas en el sector Quebrada Seca, municipio Bolívar.
Los denunciantes detallan que, políticamente, el grupo responde a las directrices del vocero campesino Salvador Leal y de Braulio Álvarez, quien ha sido diputado del PSUV ante la Asamblea Nacional, junto a su hijo Carlos Álvarez. Además, los afectados denunciaron, bajo juramento, que algunos integrantes del grupo formaron parte en el pasado de la banda delincuencial «Los Escurridizos», que azotó la zona de Yumare durante años.
Según el ingeniero Eduardo Linares, el trasfondo de estas ocupaciones es un negocio de «masificación de la tierra», donde los líderes invasores parcelan los predios privados y cobran cuotas semanales de aproximadamente a cada parcelero.
Mientras la dirección del INTI regional, a cargo de Kenia Piña, se mantiene al margen, la tranquilidad y el patrimonio de los dueños legítimos en Yaracuy continúan gravemente amenazados.
#Yaracuy | Colectivos armados secuestran y amenazan a productores en el municipio Manuel Monje. Las víctimas denuncian que permanecieron retenidas durante siete horas por integrantes del colectivo “Conuqueros de Yumarito", quienes se dedican a invadir fincas en la entidad.
— El Pitazo (@ElPitazoTV) July 10, 2026
Según… pic.twitter.com/py0O9cihe7