Por Andrea Barrios
San Felipe.- Nueve organizaciones de la sociedad civil y propietarios de nueve fundos invadidos del estado Yaracuy exigen a la Asamblea Nacional de 2015, instancia que lidera las negociaciones con el oficialismo, que se incluya en la agenda de diálogo instrumentos que garanticen el respeto a la propiedad privada y que las unidades productivas invadidas sean devueltas a sus dueños.
“Desde hace más de diez (10) años se han reproducido innumerables organizaciones mal llamadas campesinas bajo esquemas políticos, que han utilizado el dinero del Estado para otros fines, con el agravante de intervenciones de unidades de producción en las zonas productoras más importantes del país", reza un comunicado compartido con El Pitazo este 22 de agosto por Eduardo Linarez, quien lidera el Comité de Víctimas de Ocupaciones Ilegales del estado Yaracuy.
En el texto se destaca que las acciones ejecutadas por el Estado venezolano a través de estas agrupaciones han afectado no solo el patrimonio histórico de las familias, sino también la seguridad agroalimentaria de la nación debido al uso y abuso de medidas administrativas y judiciales violatorias de la norma constitucional y de los derechos humanos, bajo la tutela de órdenes políticas de quienes detentan el poder a nivel regional y nacional.
Protesta frente al Ministerio Público
Este pronunciamiento surge luego de que el Comité de Víctimas protestara el pasado 17 de agosto frente a la sede del Ministerio Público en Yaracuy para denunciar la negativa de la Fiscalía Superior a recibir una denuncia por un presunto secuestro ocurrido el 1 de julio en la finca “Entre Palmeras".
En dicha oportunidad, Eduardo Linarez y otros integrantes del comité fueron emboscados por un grupo violento de 30 personas, señalados de ser integrantes de colectivo campesino Conuqueros de Yumarito, el cual mantiene ocupaciones ilegales en el fundo Zuliant y otros dos fundos en el municipio Manuel Monge, todos firmantes del documento.
Ante la negativa institucional, el escrito señala que “En Venezuela se han construido redes de complicidad que configuran el DELITO DE COMISIÓN POR OMISIÓN, debido a que las instituciones responden a DIRECTRICES POLÍTICAS cuyo efecto es el abandono y el comercio ilegal de tierras que han conformado los nuevos propietarios, lo cual debe ser revisado e investigado porque se trata de políticos y militares de alto rango, bajo la sospecha de recursos de la corrupción o lavado de dinero".
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Exigencias concretas a la Asamblea Nacional de 2015
Frente a esta crisis, los afectados exigen a la Asamblea Nacional de 2015, liderada por su presidenta Dinorah Figuera, la revisión de los listados de unidades de producción intervenidas mediante procedimientos administrativos, rescates de tierras sin el debido proceso y violaciones a la propiedad privada para ser restituidas “de inmediato" a sus dueños.
Asimismo, reclaman la destitución inmediata y la apertura de investigaciones contra funcionarios y jueces que han incurrido en delitos de violación de derechos humanos, así como el pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados para lograr reincorporar estas tierras al aparato agroalimentario del país.
El documento fue suscrito por la Alianza Nacional Agraria (ANA); Comité de Víctimas de Ocupaciones Ilegales de Tierras del Estado Yaracuy (COVOITEY); Comisión de Conflictos Zulia – Mérida; ONG del Campo; Foro Independencia; Fundación Cultural Independencia; Cumplela; Ing. Agron. Eduardo Linarez (Diputado AN 2015); Fundo Zuliant (Municipio Manuel Monge – Yaracuy); Fundo Las Palmeras (Municipio Manuel Monge – Yaracuy); Fundo Los Apamates (Municipio Manuel Monge – Yaracuy); Fundo Don Nicolás (Municipio Manuel Monge – Yaracuy); Fundo Puente Río I (Municipio Bolívar – Yaracuy); Fundo Puente Río (Municipio Bolívar – Yaracuy); Fundo Los Prados I (Municipio Bolívar – Yaracuy); Fundo Los Prados (Municipio Bolívar – Yaracuy); Unión Nacional de Caficultores de Venezuela (UNACAFEV); Fundo Mayoka (Municipio Veroes – Yaracuy); y el Comité de Derechos Humanos del Municipio Bolívar – Yaracuy.