Los Llanos.- Jovanny González, ciudadano barinés y expreso político detenido en 2017 junto al entonces diputado Wilmer Azuaje, murió este miércoles 26 de agosto, luego de enfrentar un cáncer metastásico y permanecer sometido a un régimen de presentación judicial, pese a su deteriorado estado de salud.
El Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos informó sobre su fallecimiento y responsabilizó al Estado venezolano por, según denunció, no haber otorgado una medida de amnistía ni suspendido las citaciones judiciales que González debía cumplir.
«Hoy 26 partió tras la omisión del Estado venezolano, que le negó la amnistía y mantuvo el régimen de citaciones judiciales a pesar de su crítico estado por cáncer metastásico», señaló la organización en sus redes sociales.
La muerte de González ocurrió semanas después de que organizaciones defensoras de derechos humanos alertaran públicamente sobre su condición. El 8 de agosto se difundió un video en el que González, visiblemente deteriorado y sin poder movilizarse, pidió ayuda a Delcy Rodríguez, a Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Amnistía, y a las instituciones del sistema de justicia.
«Entré al país hace tres meses. A Jorge Arreaza, que me ayude con la ley de amnistía que nunca fue aprobada. Me han citado por tercera vez al tribunal, pero no pude asistir por mis condiciones físicas. Yo no puedo caminar», expresó González en el audiovisual.
Ratificación de una orden de captura
También pidió a las autoridades que atendieran su caso con carácter urgente. «Les pido de corazón a la presidenta que me ayude de verdad, que me ayude pronto para salir de eso, que me incluya, porque ya tengo tres meses en eso», dijo.
González había regresado a Venezuela en mayo de 2026, después de varios años en el exilio. Su retorno ocurrió mientras continuaba sometido a un proceso judicial iniciado casi una década antes.
«Jovanny recibió muchos golpes dentro del Sebin y padece un cáncer, metástasis. Lo tiene en la columna y aquí y aquí (señalando otros lados del cuerpo)», denunció Wilmer Azuaje el 27 de marzo de 2026, al alertar sobre la ratificación de una orden de captura contra González y su delicado estado de salud.
Detenido junto a Wilmer Azuaje
A Jovanny González lo detuvieron el 2 de mayo de 2017 junto al entonces diputado del Consejo Legislativo de Barinas, Wilmer Azuaje. Ambos permanecieron durante meses bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Era el asistente de Azuaje.
Documentos judiciales señalan que la detención de González y Azuaje ocurrió en Barinas. Tras permanecer recluidos durante casi cuatro meses, en los cuales denunciaron desaparición forzada, tortura y trato cruel, los presentaron ante un tribunal de control de Barinas el 22 de agosto de 2017.
«113 días después cuándo la legislación venezolana establece que son 48 horas», denunció Azuaje en múltiples entrevistas.
Azuaje le imputaron por cinco delitos y González por seis: posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento, resistencia a la autoridad y porte ilícito de arma de fuego.
La jueza Dubraska Linares ordenó que permanecieran privados de libertad y su trasladado al Centro de Procesados 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico.
En ese momento, organizaciones y dirigentes opositores denunciaron que Azuaje y González habían sido sometidos a violaciones de derechos humanos durante su permanencia en el Sebin.
Un expediente que continuó después de su excarcelación
González fue excarcelado entre el 1 y el 2 de junio de 2018 junto con decenas de presos políticos, pero quedó sujeto a medidas cautelares, entre ellas régimen de presentación y prohibición de salida del país. Años después, ya fuera del país, González continuó enfrentando las consecuencias del proceso judicial.
Su situación volvió a hacerse pública en 2026, cuando organizaciones de derechos humanos alertaron sobre el avance de un cáncer metastásico y solicitaron una medida humanitaria debido a su imposibilidad física para acudir a los tribunales.
En una campaña para recaudar fondos difundida previamente, González había relatado que padecía un tumor en el riñón derecho y que había requerido intervenciones quirúrgicas y tratamiento oncológico.
González dependía de asistencia médica continua y que su condición le impedía acudir personalmente a los tribunales. González murió sin que su caso judicial fuera resuelto mediante la medida humanitaria que había solicitado públicamente.
El Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos sostuvo que las instituciones debieron adoptar medidas procesales acordes con su condición médica y calificó como una vulneración de sus derechos fundamentales el mantenimiento de las obligaciones judiciales pese a su deterioro físico.