Un grupo de trabajadores despedidos por la empresa Servicios Halliburton S.A. en el año 2020 exigieron a la compañía su reenganche y el pago de salarios caídos desde esa fecha, tras la decisión de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró el fin del embargo sobre los bienes de la empresa en el territorio venezolano.
El abogado John Bracamonte, en representación de unos 40 afectados, denunció este 4 de septiembre que la trasnacional pretende desconocer los compromisos con estos afectados al pedir una inspección ocular en su base (sede), en una de las manzanas de la Zona Industrial de Maturín que actualmente está cerrada, aunque en otra de ellas ya hay operaciones.
«La empresa pretende hacer valer una norma en nuestro ordenamiento jurídico, algo que rechazamos categóricamente y exigimos a las autoridades como el ministro del Trabajo, la presidenta de la República y al nuevo inspector del Trabajo, Angel Marín, que tenemos más de 70 trabajadores exigiendo sus puestos de trabajo», dijo desde las afueras de Halliburton, donde una persona hacía labores de desmalezamiento la mañana de este viernes.
Según Bracamonte, la compañía busca que se verifique la imposibilidad de reenganchar a los trabajadores porque están cerradas, pese a que en otra manzana de la misma Zona Industrial se constató que la empresa está presente, aunque no está identificada con su nombre.
Este 4 de septiembre cuando los afectados se acercaron una persona salió de dentro de las instalaciones mientras hacía una llamada telefónica. Al frente de la sede, otros trabajadores grababan a quienes estaban en las afueras para presentar sus demandas laborales.
El abogado dijo que aunque saludaba la firma de acuerdos con empresas internacionales en los últimos meses, no podía permitirse que los intereses de esas organizaciones estén por encima del derecho de los trabajadores venezolanos.
«Independientemente nosotros somo un Estado autónomo, no se justifica que una empresa trasnacional pretenda aplicar las normas de ellos. El Estado tiene que defender a los trabajadores, no podemos sufrir los trabajadores por parte de las empresas trasnacionales porque el Estado venezolano ha permitido eso», reclamó Bracamonte.
Qué decidió el TSJ sobre Halliburton
La sentencia 327 de la Sala de Casación Social del TSJ señala que la entrega de los bienes muebles e inmuebles a Halliburton para reiniciar sus operaciones no deja de lado los compromisos con los trabajadores.
«La Sala advierte a las partes, muy especialmente a la empresa Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., que el procedimiento de avocamiento no representa un obstáculo para que realice todas las diligencias necesarias para la materialización de las acreencias laborales reclamadas, inclusive aplicando métodos alternativos de resolución de conflictos. Así se establece», se lee en la sentencia.
Los bienes de la compañía habían sido embargados como parte de un reclamo laboral de los trabajadores, tanto en Zulia como en Monagas, pero después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero pasado, junto con el tutelaje estadounidense, se introdujo un recurso en el TSJ que dejó de lado ese embargo, siempre que se respeten los derechos de los trabajadores.