Mérida.- Familiares de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detenidos tras la fuga del expreso político Abraham Hayón exigen a las autoridades la revisión de sus expedientes y su pronta liberación. Sostienen que la madrugada del escape los agentes solo cumplían con su guardia y que no existen pruebas contundentes en su contra.
Abraham Hayón, exalcalde del municipio Rangel, escapó de la sede de la PNB en Ejido, municipio Campo Elías, el 25 de octubre de 2024. Había sido acusado de traición a la patria tras publicar un video en el que pedía la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Desde ese día, 12 funcionarios continúan privados de libertad por presunta complicidad.
Actualmente, los policías merideños se encuentran recluidos en la cárcel El Rodeo IV, en el estado Miranda, a excepción de uno de ellos, que está detenido en el Internado Judicial de Barinas (Injuba).
El Ministerio Público les imputó los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir, evasión favorecida por parte de funcionario público y retraso u omisión de funciones. Los familiares denuncian que el proceso judicial ha avanzado de forma desarticulada y lenta.
«Muchos de ellos apenas estaban comenzando su carrera, otros tenían méritos y años de trayectoria intachables (…) Pedimos celeridad, libertad y ayuda. Este proceso ha dejado a madres sin hijos, a hijos sin padres y a familias separadas», manifestó Manruby Dávila, madre del policía Marcos Ramírez, de 24 años, en una carta enviada al gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez.
Marcos Ramírez es el único hijo de Manruby Dávila, quien lo describió como «un joven trabajador y de familia humilde (…) Él solo quiso ejercer su carrera como policía para servirle a su comunidad y ayudar a su madre». También estudiaba psicología en la Universidad de Los Andes (ULA).
Derechos vulnerados
Según el abogado Iván Toro, investigador del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), los policías fueron detenidos de manera arbitraria debido a que no existió una investigación previa ni detallada sobre la fuga de Abraham Hayón, como tampoco se recabaron suficientes elementos de convicción.
Toro señaló a El Pitazo que los funcionarios fueron aprehendidos bajo la figura de flagrancia, aun cuando no existían elementos que los vincularan directamente con el hecho.
Para el abogado, este caso representa una clara violación de los derechos humanos, ya que los pactos internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen que el Estado está obligado a garantizar el debido proceso; un principio que, a su juicio, fue quebrantado.
«Los funcionarios fueron procesados simplemente porque estaban de servicio para el momento en que ocurrió la fuga y eso no es prueba alguna. Se les vulneró el derecho al debido proceso y continuamente a eso les vulneraron otros derechos transversales como el derecho a la salud y el derecho a un juicio justo, por ejemplo», explicó Toro.
Asimismo, el abogado afirmó que, al estar imputados por traición a la patria, el caso adquiere un matiz político por ser catalogados como personas con acciones contrarias al Estado. De igual forma, señaló que no aplica el delito de asociación para delinquir, pues no existe una organización con estructura criminal entre los policías.
Familias separadas
Cada mes, las madres y esposas de los funcionarios viajan desde Mérida hasta Guatire para visitarlos en El Rodeo IV. Entre pasajes, alimentación y paquetería destinan entre 250 y 300 dólares. Esa ha sido la rutina durante los últimos 23 meses, desde que los funcionarios fueron detenidos arbitrariamente.
Para el momento del arresto, Jesús Martínez acababa de cumplir 18 años. Había hecho el curso policial mientras esperaba un cupo universitario en la ULA cuando fue aprehendido junto a sus compañeros por cubrir la guardia de la madrugada en la que huyó Abraham Hayón.
Su madre, Yanet Sulbarán, ha sentido el peso de su ausencia y de la incertidumbre, al igual que sus otros dos hijos menores, quienes extrañan a Jesús a diario: «Ya tenemos casi 23 meses en esta lucha, entre viajes y audiencias. Ha sido difícil, pero confiamos mucho en Dios en que esto pueda terminar pronto», expresó a El Pitazo.
Es la misma angustia que vive Gabriela Torres, esposa de Jesús Noguera, quien fue separado de sus tres hijos en Mérida tras ser detenido: una niña de 5 años y unos gemelos de un año a quienes no ha podido conocer.
Igualmente, Erenia Rivas espera todos los días por la liberación de su hijo, Yerimi Márquez, de 25 años, quien apenas tenía un mes trabajando en el cuerpo policial cuando lo involucraron en el hecho.
«Necesitamos que por favor revisen los expedientes. Ellos son inocentes. Son muchachos de campo humildes. No merecen estar detenidos», imploró Rivas.
Estudiaba ingeniería mecánica
Del grupo de detenidos, Cristopher Márquez es el único recluido en el Injuba. El joven ejercía como funcionario mientras estudiaba ingeniería mecánica en la ULA.
«Christopher es un niño ejemplar, estudioso y muy tranquilo. Esta situación ha sido impactante para toda la familia. Ninguno de nosotros se imaginó pasar por esto (…) Son años de angustia, ausencia y sufrimiento», relató su madre, Lily Torres, a El Pitazo.
Torres hizo un llamado a las autoridades competentes para que se decrete el sobreseimiento de la causa. «Le pido a Dios que se apodere de los corazones de cada una de las personas que puedan dar un granito de arena para aclarar esta situación y ayudarnos», expresó con esperanza.
Diomary Escalante es integrante del Programa de Formación de Nuevos Periodistas