Los Llanos.- Mientras el Gobierno anuncia un plan para transparentar los precios, el crédito y la distribución de los agroinsumos, pequeños productores de Portuguesa, denuncian que las condiciones de financiamiento y los precios de comercialización de los cereales están dejando poco margen para cubrir los costos de la cosecha.
Arnoldo Rodríguez, pequeño productor de la zona, aseguró que las compañías crediticias exigen a los agricultores garantizar la entrega de 3.500 kilos de cereal por hectárea como condición para otorgar el financiamiento.
Según denunció, los productores tampoco conocen con anticipación el precio al que serán liquidados los insumos recibidos a través de esos acuerdos. “Cuando los van a liquidar le dan unos precios más elevados del costo", afirmó Rodríguez.
El productor explicó que, con rendimientos de unos 5.000 kilos por hectárea, después de entregar los 3.500 kilos comprometidos quedarían alrededor de 1.500 kilos para cubrir gastos como cosechadora, flete, vigilancia y combustible. “Le quedarían unos 1.500 kilos por hectárea para cancelar la cosechadora, el flete, los vigilantes, combustibles y pare de contar", señaló.
A juicio de Rodríguez, los precios actuales de maíz y arroz tampoco permiten cubrir los costos acumulados durante el ciclo agrícola.
Productores de Portuguesa alertaron sobre la caída de los precios de compra de la cosecha de invierno 2026, mientras la recolección alcanza 60 % en arroz y 20 % en maíz. Osman Quero, presidente de Fedeagro, advirtió que la falta de mecanismos para estabilizar los precios afecta la rentabilidad de las familias que dependen de la actividad agrícola.
Asimismo, voceros de los gremios agrícolas coinciden en pedir una revisión de aumento de costos de insumos como urea y combustible, insumos destruídos por el Estado.
Además recuerdan que desde hace años arrastran las dificultades para acceder a financiamiento bancario y créditos para maquinaria y capital de trabajo.
El plan del Gobierno
La denuncia coincide con un nuevo anuncio del ministro de Agricultura y Tierras, Vladímir Padrino López, quien informó que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) realizará inspecciones en distribuidoras y tiendas de agroinsumos de Portuguesa y Guárico.
El operativo contempla revisar, comercio por comercio, los precios de los productos, las facturas, las condiciones de crédito y el almacenamiento. El plan fue acordado el 22 de septiembre entre los ministerios de Agricultura Productiva y Tierras e Industrias y Comercio Nacional y tiene como objetivo, según el Gobierno «transparentar la cadena de distribución desde los proveedores hasta los productores».
Padrino López también anunció la publicación semanal de referencias de precios internacionales de fertilizantes para compararlas con los valores del mercado nacional. Además, dijo que se revisará el mapa del crédito por eslabón de la cadena agrícola y que se contrastarán facturas de costos.
Piden precios que cubran los costos
Rodríguez pidió al Gobierno establecer precios que permitan a los agricultores recuperar la inversión realizada durante el ciclo productivo.
Los productores plantean como referencia, al menos, 0,50 dólares por kilo de maíz y 0,60 dólares por kilo de arroz. También cuestionan lo que denominan “agricultura de puerto", en referencia a la competencia de productos importados con la producción nacional.
“No queremos más la agricultura de puerto que tanto daño le hace al productor", expresó Rodríguez.
El dirigente pidió al ministro Padrino López reunirse directamente con los pequeños agricultores y conuqueros de Santa Rosalía para conocer sus condiciones de producción.
“Ministro Padrino López, usted estuvo en Portuguesa y se reunió con los empresarios. Esos señores no le van a decir la grave situación y la desidia que viven los productores y los pequeños campesinos. Por esta razón lo invitamos a un cabildo abierto con los verdaderos agricultores y conuqueros de este municipio y conozca la realidad", manifestó.
También denuncian trabas para movilizar el arroz
A las dificultades de financiamiento y comercialización se suma el problema para trasladar y entregar la cosecha.
Algunos transportistas se niegan ya a cargar arroz debido a los tiempos de espera en las plantas receptoras.
“Los transportistas no quieren cargar arroz porque aparte que duran ocho días en cola lo rechazan y los ponen a dar vuelta por otras plantas", denunciaron.
Los agricultores sostienen que, después de seis meses de trabajo entre preparación del terreno, siembra, mantenimiento y cosecha, enfrentan dificultades para cubrir las obligaciones adquiridas y los costos asociados con la cosecha.
“De no buscarle la solución, los campesinos y agricultores, después de seis meses de lucha para llevar el producto para entregárselo a agroindustria, están saliendo con las tablas en la cabeza", afirmaron.
El reto planteado por los productores es que la revisión anunciada por el Gobierno no se limite al precio de los agroinsumos, sino que permita conocer toda la estructura de costos y las condiciones bajo las cuales se financia, recibe y liquida la producción de maíz y arroz.