Los Llanos.- Hermes Carrero, de 63 años, murió de un infarto dentro de una celda del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) el 30 de septiembre, apenas cuatro días después de que una Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal visitara el penal para verificar su funcionamiento y las condiciones de los privados de libertad, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
En una nota de prensa organización cuestionó qué encontró la comisión durante esa visita y si entre los aspectos revisados estuvieron las condiciones de salud de los presos, particularmente de los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
La muerte de Carrero ocurrió en un penal que ya había sido escenario de denuncias sobre las condiciones de los privados de libertad. Para el OVP, el caso vuelve a poner en evidencia la falta de atención médica de presos y la capacidad de las autoridades para detectar y atender a tiempo situaciones que pueden poner en riesgo sus vidas.
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Cuatro adultos mayores murieron en 12 días
Carrero no fue el único adulto mayor que murió bajo custodia durante los últimos días de septiembre. El OVP contabilizó otros tres fallecimientos de personas de 60 años o más entre el 19 y el 30 de septiembre, y asegura que más de 60 privados de libertad han muerto en Venezuela desde abril.
El 19 de septiembre murió Carmen Rodríguez, de 66 años, en el anexo femenino de Tocuyito, en Carabobo, por un infarto agudo al miocardio.
Cinco días después, el 24 de septiembre, falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, recluida en el Centro Penitenciario de Occidente I, en Táchira, por un paro cardiorrespiratorio.
El 26 de septiembre murió César López, de 68 años, mientras permanecía detenido en los calabozos de la Policía del municipio Juan Germán Roscio, en Guárico.
Cuatro días después murió Carrero en INJUBA.
El OVP exige que en cada caso se determine cuál era el estado de salud de las personas, si contaban con controles médicos, si recibían los medicamentos que necesitaban y si presentaron síntomas o señales de alerta que pudieron ser atendidas antes de sus muertes.
¿Qué verificó la Comisión Presidencial en INJUBA?
La comisión visitó INJUBA el 26 de septiembre. El OVP cuestiona si durante el recorrido fueron revisadas las historias médicas de los presos, si se identificó a quienes requerían medicamentos o atención especializada y si se evaluaron las condiciones de los adultos mayores recluidos en el establecimiento.
“¿Cuál era el estado de salud de Hermes cuando esa comisión estuvo en INJUBA?", expresó la OVP, en un comunicado enviado a los medios.
Para el Observatorio, una supervisión penitenciaria no debería limitarse a recorrer las instalaciones o registrar la actividad institucional. Debe incluir el ingreso a las áreas de reclusión, escuchar a los privados de libertad y revisar las condiciones en las que viven, especialmente cuando se trata de personas vulnerables.
El OVP pidió conocer qué encontró la comisión, qué necesidades médicas detectó, qué recomendaciones formuló y qué medidas fueron adoptadas después de la visita.
Más de 60 muertes bajo custodia desde abril
El fallecimiento de Carrero se produce en medio de, según el OVP, las fallas en la atención de salud de la población penitenciaria venezolana. La organización asegura que más de 60 privados de libertad han muerto desde abril, aunque no atribuye todas esas muertes a una misma causa.
En el caso de los adultos mayores, el OVP advierte que requieren una atención diferenciada debido a la mayor incidencia de enfermedades crónicas y otras condiciones asociadas con el envejecimiento.
«El Código Orgánico Procesal Penal establece, además, consideraciones particulares para personas mayores de 70 años y para quienes padecen enfermedades graves. El artículo 231 contempla restricciones para decretar prisión preventiva en mayores de esa edad; el 490 establece supuestos para el cumplimiento de penas en residencia y el 491 contempla medidas humanitarias para personas con enfermedades graves o en fase terminal», expresó la organización.
El Observatorio Venezolano de Prisiones exigió investigar las circunstancias en las que murieron Hermes Carrero, Carmen Rodríguez, Tomasa Sánchez y César López, así como determinar qué atención médica recibieron y si hubo señales previas que ameritaran una intervención.
La organización advierte que, sin médicos, medicamentos, controles y atención oportuna, la privación de libertad puede convertirse en un riesgo adicional para la vida de las personas bajo custodia del Estado.