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martes, 8 julio, 2025

Vente Venezuela denuncia detención de dirigentes en Yaracuy y Bolívar

El partido Vente Venezuela denunció que en el país existe terrorismo de Estado que viola los derechos humanos y criminaliza a la disidencia

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Caracas.– Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora María Corina Machado, denunció este lunes la «detención arbitraria» de Luis José Magallanes, su coordinador de organización en el estado Yaracuy. La tolda política republicó la información de la activista Tamara Suju sobre la desaparición del coordinador de comunicación regional, Rodrigo Pérez, en Puerto Ordaz.

La el primer caso la organización política responsabilizó de la detención, ocurrida el domingo, a agentes del gobierno.

A través de la red social X, Vente Venezuela calificó el hecho como parte de una «nueva ola de persecución» y exigió la liberación inmediata de Magallanes y del resto de «presos políticos en el país». «En Venezuela hay terrorismo de Estado que viola derechos humanos, comete crímenes de lesa humanidad y criminaliza a la disidencia», añadió el partido.

Cifras de presos políticos y denuncias de la ONU

La denuncia de Vente Venezuela se suma a las advertencias de organizaciones de derechos humanos. Hasta el pasado 30 de junio, la ONG Foro Penal contabilizaba 940 presos políticos en Venezuela, incluyendo 844 hombres, 96 mujeres y cuatro adolescentes. La lista también incluye a 85 personas de nacionalidad extranjera.


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Según Foro Penal, la mayoría de estos arrestos (771 civiles y 169 militares) se produjeron después de los comicios presidenciales de 2024. En esas elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó como ganador al mandatario Nicolás Maduro, a pesar de las denuncias de «fraude» por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reclama la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia.

El Ejecutivo venezolano y el Ministerio Público (MP) niegan la existencia de presos por motivos políticos en el país, asegurando que los detenidos cometieron delitos comunes. Sin embargo, esta afirmación es rechazada por diversas ONG y líderes opositores.

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