El Tribunal con Competencia en Terrorismo que lleva la causa contra la activista Rocío San Miguel, difirió el inicio del juicio previsto para el lunes 31 de marzo.
Es la tercera vez que se suspende esta audiencia contra la presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue arrestada hace 417 días en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira.
En las dos primeras ocasiones se argumentó la falta de traslado de la detenida al Palacio de Justicia en Caracas. Ahora, se alega la medida de ahorro energético establecida por Nicolás Maduro que redujo la jornada laboral en el sector público.
El inicio del juicio quedó fijado para el lunes 26 de mayo, un día después de las elecciones parlamentarias y de gobernadores.
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Rocío San Miguel, de 58 años de edad, está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, desde el 9 de febrero de 2024.
La abogada es acusada por las autoridades de estar presuntamente vinculada con una operación para asesinar a Nicolás Maduro.
Solicitan medida humanitaria
A través de un comunicado, Amnistía Internacional, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) instaron a la jueza Alejandra Romero, titular del Juzgado 3.º de Terrorismo, a otorgar una medida sustitutiva de libertad por razones humanitarias.
“A más de un año de su detención, el Estado venezolano aún no ha proporcionado pruebas que sustenten su acusación de traición a la Patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros», se especifica en el comunicado.
Las organizaciones recordaron que la defensora de derechos humanos padece laberintitis, una irritación del oído que conlleva la pérdida del equilibrio.
“Esa condición no fue debidamente tratada y sufrió una caída en agosto del 2024… se fracturó el hombro derecho y, como consecuencia de la falta de atención médica oportuna, sufrió deformidades de los ligamentos del mismo", destacaron en el escrito.
Mencionaron además que, a pesar de este cuadro clínico, no fue sino hasta diciembre -cuatro meses después de la caída- cuando San Miguel recibió atención médica y se diagnosticó la lesión, que requiere una intervención quirúrgica.
“Ha perdido en gran medida la movilidad de su brazo derecho. Ella necesita ser operada y tratada por sus médicos de confianza con urgencia. Exigimos que le sea otorgada una medida humanitaria", agregaron las organizaciones en el comunicado.
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