El caso del empresario venezolano Jhon Henry Monnott García ha generado controversia en el ámbito legal tras ser condenado a 12 años de prisión en agosto de 2026, a pesar de haber recibido semanas antes una sentencia absolutoria definitiva. Su familia y su equipo de defensa califican este giro como una «aberración jurídica» y denuncian graves violaciones al debido proceso.
Monnott, quien se desempeña como director de la Academia de Tiro Caliber, ubicada en Maracaibo, estado Zulia, fue arrestado el 9 de octubre de 2024 bajo acusaciones vinculadas a terrorismo, asociación para delinquir y presunto tráfico de armas. Junto con él detuvieron al administrador de la academia, Humberto Durán.
Luego de dos años, el 18 de junio de 2026, el juez primero de juicio con competencia en terrorismo, José Antonio García Morán, dictó una sentencia absolutoria a favor de Monnott, pero permanece recluido en el centro de detención Zona 4 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Prados del Este, Caracas. La medida también favoreció a Durán.
Sus familiares y abogados aseguran que en el juicio se demostró la inocencia de Monnott y se constató que el polígono de tiro de su propiedad contaba con toda la permisología legal requerida. Sin embargo, las autoridades del centro de reclusión se negaron a otorgarle la libertad inmediata, al igual que a Durán.
La familia de Monnott García denunció su reclusión ilegal y la respuesta judicial no tardó en llegar. El 3 de agosto de 2026, se le notificó a Monnott sobre una supuesta audiencia celebrada el 30 de julio, en la cual se revocó la absolución y se le impuso la pena de 12 años de cárcel por supuesto tráfico de armas.
«Audiencia fantasma»
El abogado defensor Joel García cuestionó el procedimiento y lo calificó como una “audiencia fantasma" realizada a espaldas de la ley.
Según detalló, en dicha sesión no estuvieron presentes ni el imputado, ni un fiscal del Ministerio Público, ni un abogado defensor. La sala estuvo integrada únicamente por los procesados y la asistente del juez.
García catalogó la medida como un acto de «terrorismo judicial» y una flagrante arbitrariedad.
El abogado exige la anulación de la condena y solicita la intervención de la Comisión de Amnistía de la Asamblea Nacional para lograr la liberación inmediata de Monnott y Durán.
Contradicción institucional
En conversación con El Pitazo, García reveló que apenas el 11 de agosto se le permitió finalmente designarse como defensor en el caso, debido a que el juez de la causa le había bloqueado sistemáticamente la juramentación. Ante lo que consideró un atropello, García introdujo una acción de amparo constitucional para restituir el derecho a la defensa de Monnott y Durán.
Sin embargo, la Sala Especial Número Uno con competencia en delitos de terrorismo, bajo la ponencia de Rafael Osio, declaró inadmisible dicho recurso.
«Declararon inadmisible el amparo argumentando que yo no estaba juramentado en la causa, cuando precisamente el amparo se introdujo para pedirle a esa sala que corrigiera la violación del juez que no me dejaba juramentarme», criticó el abogado.
Ante este escenario, García anunció que ejercerá los recursos de apelación correspondientes. Asimismo, tramitará denuncias formales ante el Ministerio Público contra el juez, su secretario, el fiscal y el defensor público involucrados en el proceso por incurrir en prevaricación al avalar una sentencia que califica como falsa y simulada.