Tres meses de la elección del #28J: entre la recomposición estratégica opositora y la represión oficialista

La crisis poselectoral en Venezuela lleva tres meses luego de la elección presidencial del 28 de julio, cuando el oficialismo resultó derrotado como lo reflejan las actas de escrutinio que la oposición mayoritaria recolectó, digitalizó y publicó para demostrar un fraude electoral sin precedentes en el país.

Pero, de momento, esa realidad no significó para la administración de Nicolás Maduro una pérdida significativa del control político y económico en Venezuela. Al contrario, implicó su endurecimiento de forma inédita.  

92 días después de la elección presidencial, no hay resultados oficializados, auditables y detallados de los comicios a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que la conflictividad política en el país se mantiene en una etapa caracterizada por la represión, la persecución política, así como el replanteamiento de la estrategia opositora y la determinación de la coalición gobernante que lidera Nicolás Maduro para impedir, por ahora, una transición política. 

“Estamos en una etapa en la que el Gobierno está intentando -al parecer sin importarle el costo- eliminar las presiones que hay sobre sí para que se abra una negociación que tenga en cuenta el reclamo opositor sobre el 28 de julio. Eso lo podemos ver tanto en la presión interna como en la externa", apuntó a El Pitazo vía telefónica el periodista y magíster en Ciencia Política, Alejandro Armas.

En tres meses transcurridos luego de la elección presidencial, no son pocos los hechos políticos registrados dentro y fuera de Venezuela, pues el oficialismo puso en marcha un proceso para intentar dejar sin efecto lo sucedido el 28 de julio.

Lo que comenzó como una crisis poselectoral a partir de la divulgación de resultados oficiales sin sustento alguno, devino en una crítica situación que fuera del país, en espacios de resonancia internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), así como en Europa, EE. UU. y en la propia región, entre aliados ideológicos del chavismo, evidencia la magnitud del fraude que busca imponer el oficialismo sin que haya mayores consecuencias.

“Lo que pasó el 28 de julio fue muy serio y no hay manera de pasar la página, que es la ambición de Maduro; eso es imposible porque Maduro ha quedado al desnudo en su falta de respaldo popular y eso no es cualquier cosa. Lo que pasó el 28 de julio se ha instalado como una certeza en el país: que Maduro perdió 70-30", dijo a El Pitazo vía telefónica la consultora política Carmen Beatriz Fernández.         

El suceso político que significó el exilio de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, según organismos nacionales e internacionales, obligó a la oposición a un replanteamiento de su estrategia política en un contexto con 1.953 presos políticos, de los cuales 1.824 son personas detenidas a partir del 29 de julio, según registros recientes de la ONG Foro Penal.

En los últimos tres meses, el liderazgo político opositor, con dirigentes de al menos siete partidos presos e incomunicados, pasó de la calle a la clandestinidad y el resguardo, incluida la propia líder de la oposición mayoritaria, María Corina Machado.

“Esa dictadura que hoy parece más frágil e inestable es también mucho más cruda, más cruenta y tiene a la población atemorizada y al liderazgo político que entiende que está entrando en una nueva fase que quizá sea terminal", añadió Fernández.

La ONG Laboratorio de Paz destacó en su más reciente boletín que la conflictividad política en el país “ha bajado de intensidad debido al reflujo del liderazgo político y social democrático del país, como consecuencia de la represión, la persecución y el agotamiento".

“Estamos en una fase de estancamiento, en parte inducida por el Gobierno, tomando en cuenta los niveles de represión y persecución políticas a la que fue sometida la oposición luego del 28 de julio", agregó a El Pitazo el consultor político e internacionalista, Luis Peche.

En los últimos tres meses, las denuncias sobre detenciones de niños, niñas y adolescentes, así como las condiciones de su reclusión, generaron conmoción dentro y fuera de Venezuela.

En ese contexto nunca visto en el país, en medio de los niveles de represión que caracterizan al gobierno de Maduro, de acuerdo con la Misión Internacional de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió renovar por dos años más el mandato del grupo de expertos que documentan violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que puede incidir en la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.  

Rumbo al 10 de enero

Machado llamó a que todos los factores políticos de la oposición mayoritaria se enfoquen en el 10 de enero, cuando deberá suceder ante la Asamblea Nacional que controla el oficialismo la juramentación del presidente electo el 28 de julio.

“El 10 de enero es una fecha importante y tenemos que poner todas las fuerzas en esa dirección", expresó la líder de la oposición mayoritaria en un acto político del partido Voluntad Popular el 20 de octubre. 

En los últimos meses, Machado ha dirigido mensajes a los sectores de los trabajadores públicos, a funcionarios del sistema judicial controlado por el oficialismo y al estamento militar, en intentos por incrementar la crisis de legitimidad de Maduro en las diversas instituciones del Estado que la coalición de gobierno controla.

“Robarse la elección es un proceso de las instituciones que saben esa verdad, y las instituciones son tanto las del Estado como el propio partido PSUV y la institución militar. Eso le da una enorme fragilidad al gobierno de Maduro, independientemente de que se autoproclame el 10 de enero, que parece ser el escenario más probable", puntualizó Fernández.

En ese contexto, Maduro implementó cambios en la Fuerza Armada Nacional (FAN) el 15 de octubre y en un acto en el que reapareció el presidente del CNE, Elvis Amoroso, en compañía de los representantes de los demás poderes públicos, el gobernante llamó a una consolidación del poder militar. 

“Vienen buenas y bonitas batallas (…) Este año teníamos la coyuntura electoral y los cambios del 5 de julio los pospusimos para la coyuntura posterior a la elección. Consolidada la paz, he procedido a ejecutar los cambios necesarios", dijo Maduro en el acto protagonizado en el Cuartel de la Montaña, en el oeste de Caracas.

El gobernante ratificó al frente del Ministerio de Defensa a Vladimir Padrino López, así como al comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, y ejecutó cambios en la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), de la Guardia de Honor Presidencial y en los puestos de comando de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).  

Maduro adelantó entonces que recibió la invitación del Parlamento oficialista para la juramentación y toma de posesión el 10 de enero. Reafirmó que se juramentará ese día para un tercer período presidencial.

En la oposición, uno de los principales desafíos de cara no solo al 10 de enero, sino a 2025, es mantener vivas en la ciudadanía las expectativas de un cambio político y una transición a la democratización que dependerá de cómo enfrente el panorama planteado por el oficialismo.

“El Gobierno ya dejó claro lo que piensa hacer y va a insistir en eso. En cuanto a la presión interna, María Corina Machado dijo que se pasó a una etapa que ella llama de enjambres, con protestas más pequeñas y descentralizadas dado que se ha vuelto muy difícil que haya masivas como las de antes, pero ya ha pasado un mes desde que vimos una manifestación de esas y no he vuelto a ver ninguna. Por eso no sé qué están pensando hacer de ahora en adelante", agregó Armas.

En el exilio, González Urrutia descartó una juramentación fuera de Venezuela y mantiene su llamado a la comunidad internacional a presionar al oficialismo para que acepte un acuerdo que abra el juego político en el país, a partir del reconocimiento de su victoria el 28 de julio.

Mientras tanto, Machado sostiene que mantiene la propuesta de una negociación para la transición democrática y resalta que, para que la coalición gobernante negocie con incentivos, Maduro tiene que sentir que su permanencia en el poder es cada vez más complicada. 

“El momento en que se coloque la presión adecuada, dentro y fuera, en ese momento Maduro va a tener incentivos para negociar", dijo Machado recientemente en una entrevista con un medio de comunicación de Brasil.

Para el oficialismo, el 10 de enero será la fecha en la que buscará sellar un proceso de fraude electoral que involucra a todos los poderes del Estado, desde el CNE hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Será lo continuidad de lo que el excandidato presidencial y exrector del CNE, Enrique Márquez, calificó de “conspiración" para dejar sin efecto la voluntad popular y la soberanía ejercida mediante el voto.

Pero el 10 de enero, pese a las intenciones del oficialismo, no acabará la crisis corrosiva de deslegitimidad de Maduro. Tampoco el trabajo de la oposición, de los factores políticos y sociales.

“Creo que se le está dando al 10 de enero una importancia que no es tan determinante. Es una fecha en la que se va a consolidar esa declaración fraudulenta del 29 de julio y esa autoproclamación no redundará en legitimidad ni más fortaleza, todo lo contrario: redundará en un proceso de mayor inestabilidad que muy probablemente terminará en una implosión", consideró Fernández.

Legitimidad vs. poder de facto 

Por ahora, la coalición de gobierno descarta públicamente un acuerdo o una negociación con Machado y González Urrutia. Así lo aseveran dos de las principales figuras del oficialismo, Diosdado Cabello, vinculado con la facción más radical del entorno de Maduro, y Jorge Rodríguez, el principal operador político del gobernante.

Mientras Cabello sostiene en su programa televisivo semanal que el oficialismo no tiene nada de qué hablar con Machado, “a menos de que quiera entregarse"; Rodríguez, en la Asamblea Nacional, manifiesta que “con el fascismo", como suele identificar a la oposición mayoritaria, “no se negocia". “Al facismo se le derrota, se le extermina".     

“No ha habido ningún gesto para destrancar una situación política que está tan encallada y parece que va a llevar a una crisis peor en enero vinculada a la legitimidad de Maduro", añadió Peche.

La unificación en la oposición mayoritaria frente a los obstáculos gubernamentales para cristalizar una transición política en 2025 también será fundamental ante la agenda estratégica oficialista.  

“Del lado de la oposición, la estrategia es reagruparse de cara al mes de enero, cuando habrá que ver qué estrategia política, qué comunicación, plantea tomando en cuenta que para esa fecha no se ve una puerta para la llegada de Edmundo González a Venezuela para tomar posesión", acotó Peche.

La derrota electoral del oficialismo el 28 de julio significó también una evidente reducción en los niveles de tolerancia política del Gobierno como un sistema autocrático cerrado. Esa realidad, se ve reflejada en la propia incertidumbre que hay incluso entre los factores políticos y el liderazgo opositor.

Machado sostiene que Maduro “está más aislado que nunca". Sin embargo, ha destacado en entrevistas que así como el cambio político “no tiene vuelta atrás", no se puede limitar a una fecha el inicio de una transición a la democracia en Venezuela.

“Lo vamos a lograr. No sabemos cuándo, pero lo vamos a conseguir", dijo Machado recientemente en el congreso del partido Voluntad Popular.

Machado y el propio González Urrutia, ahora en la fase que el exilio le impone al presidente electo el 28 de julio, consideran que cada pronunciamiento, denuncia, exhorto y respaldo internacional a la demanda de un cambio político en Venezuela tienen en sí un valor. 

Para Machado, llegó el momento, sobre todo fuera del país, para pasar de los pronunciamientos a las acciones. 

“No sé qué piensa hacer la oposición para que afuera haya acciones más contundentes, más allá de los llamados. Mientras la oposición no consiga avanzar en sus objetivos de una negociación para un cambio político, actores internos y externos se adaptan a lidiar con el poder de facto porque no ven alternativas; eso puede seguir ocurriendo después del 10 de enero si la oposición no consigue sus objetivos", resaltó Armas.        

Mantener el statu quo

La coalición de gobierno oficialista avanza en un proceso de medidas estructurales que involucra a todas las instituciones del Estado ya controladas por el chavismo y que tiene en el Parlamento el escenario ideal para ejecutar un conjunto de reformas, en un proceso que el oficialismo llama “diálogo político" sin mayores compromisos con lo sucedido el 28 de julio.

En ese contexto, el Parlamento oficialista adelanta, sin la participación de la oposición mayoritaria, discusiones lideradas por el propio Jorge Rodríguez para reformar la Ley del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley de Amparo sobre Garantías y Derechos Constitucionales y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

Sin embargo, pese a las discusiones en la Asamblea Nacional y la conformación de tres comisiones legislativas, nada se habla sobre lo sucedido el 28 de julio y el rol del CNE en la crisis poselectoral. 

“Lo más lamentable, tres meses después del 28 de julio, es que en la discusión de una reforma electoral que adelanta la Asamblea Nacional, que es necesaria porque desde hace mucho tiempo se viene pidiendo una reforma de las leyes aprobadas en 2010, ninguno de los elementos que forman parte de las omisiones del CNE y que han generado esta situación están dentro del debate en la Asamblea Nacional", dijo a El Pitazo vía telefónica el periodista y experto electoral, Eugenio Martínez.

La convocatoria de Rodríguez como titular del Parlamento y principal operador político de Maduro busca prohibir la participación de sectores y factores políticos de la oposición mayoritaria que selló la derrota electoral de Maduro el 28 de julio.

Salvo el partido político Centrados que lidera Márquez, y que ha planteado al Parlamento oficialista debatir lo sucedido el 28 de julio, publicar los resultados detallados de la elección presidencial y designar un nuevo directorio del ente comicial, el resto de los participantes en el proceso de discusión en la Asamblea Nacional no parece dispuesto a exigir respuestas acerca del fraude electoral.

“Con la excepción de las propuestas que ha presentado Centrados, los actores políticos que están participando de ese debate parecen más interesados en lograr la reforma para el financiamiento del Estado a la actividad política, que en resolver temas vitales, vacíos legales importantes que facilitaron que el CNE divulgara dos boletines de resultados sin ningún tipo de soporte", acotó Martínez.

El experto electoral detalló en la red social X, el 18 de octubre, que de las 118 propuestas de reforma electoral discutidas en la Asamblea Nacional oficialista, destacan, entre otras, las proposiciones para aumentar las penas por delitos electorales y permitir que se les retire la nacionalidad a quienes cometan ilícitos electorales.

“Vamos por unas leyes que sean severas, unas leyes del tipo nunca más", dijo Rodríguez en la divulgación de un balance en el Palacio Federal Legislativo el 16 de octubre.

“El Gobierno va a seguir con medidas más estructurales para evitar que se produzca otro 28 de julio más adelante si se mantiene el statu quo dominado por el chavismo y para eso son todas esas reformas legislativas, que buscan hacer prácticamente imposible cuestionar ese sistema. El objetivo es que quien quiera participar en elecciones, no pueda cuestionar", añadió Armas.

Con toda la institucionalidad del Estado que controla, la coalición del gobierno oficialista persiste en consolidar el fraude electoral ejecutado tres meses atrás y dejar sin efecto los resultados que reflejan 83,50 % de las actas de escrutinio de la presidencial del 28 de julio, que muestran la victoria de Edmundo González Urrutia, con 7.303.480 votos (67 %), y la derrota de Maduro, con 3.316.142 votos (30 %).