Caracas.- Este viernes 30 de septiembre la organización no gubernamental Transparencia Venezuela afirmó que las operaciones ilícitas en el Arco Minero de Venezuela “no son ajenas ni desconocidas por las autoridades“, dijo su directora Mercedes De Freitas durante una conferencia con representantes de la Misión de la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones.
Según la defensora de derecho humanos se estima que hay una producción de 2.000.000.000 de dólares de la producción del Arco Minero, de los cuales solo 35% ingresa en el Banco Central de Venezuela (BCV). El resto se va en contrabando en la cual se ven involucrados representantes del gobierno (…) Participan, de diferentes maneras, mucho altos mandos del gobierno“, afirmó.
De Freitas aseveró que esto no significa que el Gobierno de Nicolás Maduro tenga el control completo en las operaciones del Arco Minero. La especialista explica que quienes dominan el “día a día“ en la zona minera son las redes criminales. “A veces es muy difícil diferenciar entre las redes criminales y el gobierno“, destacó De Freitas.
En ese sentido, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab) en la sede de Guayana, Eumelys Moya, afirmó que en el estado Bolívar desde hace 5 años se ven dinámicas sociales ligadas al extractivismo, corrupción y redes criminales.
“Hemos observado estructuras de esclavitud moderna y explotación laboral vinculadas al trabajo en minas. También observamos explotación sexual en estas zonas, que se ha ido agudizando y naturalizando como mecanismo de supervivencia“, dijo Moya.
Explotación sexual en el arco minero
Las violaciones de los derechos humanos prosiguen en el llamado Arco Minero del Orinoco, una zona de Venezuela rica en oro y otros minerales que grupos criminales controlan en buena parte y que ha sido militarizada por el ejército, indicó el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentando el pasado 20 de septiembre.
La Misión de la ONU denunció en ese documento que en el Arco Minero se realizan privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género.
En este informe se refleja que los grupos criminales operan abiertamente y controlan minas y poblaciones, a las que someten a diversos abusos, que van desde asesinatos hasta explotación sexual de mujeres y niñas. “Recientemente documentamos casos de niñas de 6 y 7 años en situación de explotación sexual“, reiteró Moya.
Además de eso, la especialista de la Ucab afirmó que las poblaciones indígenas también se ven afectados por estas situaciones, viéndose obligados a migrar forzadamente huyendo de la violencia, la explotación sexual y laboral, así como la contaminación de sus tierras.
El defensor de derechos humanos y representante de Provea, Marino Alvarado, aseguró el pasado 21 de septiembre a El Pitazo que lo importante del tercer informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas es que señala con nombres y apellidos a los responsables de estos delitos cometidos en Venezuela.