Este sábado 1 de agosto, representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y dirigentes del chavismo volverán a una mesa de diálogo a discutir condiciones para una transición democrática en Venezuela.
Aunque el país ha tenido al menos 17 procesos de este tipo en el pasado, con muy pocos resultados favorables para que haya una reinstitucionalización y equilibrio de poderes, la gran diferencia es que Estados Unidos es el país que guía este proceso, un papel preponderante que comenzó con la captura y extracción de Venezuela de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.
El control estadounidense no se ha limitado a lo económico o forzar cambios legislativos para favorecer la inversión privada en el tema energético en el país. Pasa por delinear quiénes se sientan en una mesa para comenzar la transición que en su plan de tres fases anunciado el mismo mes de enero, parece que comenzará este 1 de agosto.
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Carmen Beatriz Fernández, consultora política de la firma Datastrategia y PHD en Comunicación Público, dijo a El Pitazo que hay razones para ser optimistas, porque será un diálogo muy distinto a los pasados en los que el chavismo se sentaba a discutir, aceptaba algunas demandas de sus contrarios, pero después se paraba de esas negociaciones. Es decir, eran espacios para ganar tiempo y sostenerse en el poder con incentivos como excarcelaciones de presos políticos.
«Por las características actuales, aunque se mal piense que no se avanzará, existe la posibilidad que nos lleve a las elecciones y reinstitucionalización de todos los poderes electos en Venezuela en el corto plazo», explicó.
Fernández puntualizó que las partes tendrán dos fechas límites: la primera las elecciones de mitad de término de Estados Unidos el próximo mes de noviembre y la segunda el 31 de diciembre cuando debe cesar la Asamblea Nacional de 2015, la única institución legítima que Estados Unidos, desde el primer gobierno de Donald Trump en 2016, reconoce como legítima en Venezuela.
Por eso dijo que «el deadline» o fecha límite para que haya un cronograma electoral viable, la renovación del Consejo Nacional Electora l (CNE) y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debería ser el 1 de noviembre, al cumplirse los tres primeros meses de trabajo de esa comisión.
En un reciente artículo para Americas Quartely, una revista estadounidense enfocada en la política y la economía de América Latina y el Caribe, el analista político Benigno Alarcón aseguró que no se puede ser ni tan optimistas ni tan escépticos.
«El diálogo del 1 de agosto debe juzgarse por si logra cambiar los incentivos que provocaron el fracaso de todas las negociaciones anteriores. Ni el optimismo ni el escepticismo ofrecen una guía adecuada en la actualidad». Afirmó para quienes son optimistas que deben verse los anteriores 17 procesos, todos fracasados; mientras que a los escépticos deben tener en cuenta que por primera vez «existe un actor externo con la capacidad real de alterar el equilibrio de poder que condenó al fracaso aquellos intentos anteriores».
Afirmó que en las ocasiones pasadas el chavismo tenía menos que perder y apostó a la represión porque le resultaba menos costoso que acceder a garantías democráticas como las que demandaba la oposición. Pero en ninguno de esos casos se «resolvió la cuestión central: quién gobierna, bajo qué reglas y con qué garantías de alternancia democrática».
Ahora, con Estados Unidos conduciendo ese proceso el chavismo teme perder el poder o un ataque militar más agresivo que el del 3 de enero cuando fuerzas especiales de ese país bombardearon Caracas y ciudades aledañas para capturar a Maduro y Flores, a quienes ese mismo día envió a una cárcel de máxima seguridad en Nueva York.
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¿Y qué pasa con María Corina Machado?
Otro punto a tener en cuenta, tanto en lo que explicó Fernández como en el análisis de Alarcón, es cómo la ausencia de María Corina Machado puede beneficiar o no a ese proceso.
Fernández cree que si hay éxito en fijar un calendario electoral con garantías aceptables y mejores condiciones que las del 28 de julio de 2024, la principal beneficiaria será la líder opositora. Coincide en que ella como una de las jugadoras no debería estar directa ni indirectamente sentada en esa mesa, pero afirmó que tendrá un papel preponderante.
«Creo que María Corina Machado, si este es un espacio para construir la nueva arquitectura electoral en Venezuela, ella va a ser la triunfadora, la principal beneficiaria de esa arquitectura, si efectivamente Venezuela puede llamar a elecciones presidenciales a principios del año 2027, si hay resultados», destacó.
Alarcón dijo que aunque Dinorah Figuera, como cabeza de la AN de 2015, es la representación opositora escogida por Estados Unidos, tiene un problema de representación política.
«María Corina Machado y Edmundo González siguen siendo los líderes en torno a los cuales se ha agrupado la mayoría democrática venezolana. Si quienes recibieron ese mandato no participan de manera significativa en las decisiones clave —o carecen de la autoridad para validar los acuerdos alcanzados—, la legitimidad política del proceso se verá debilitada desde el principio», advirtió.
La carta del chavismo, los presos políticos
Fernández agregó que en un país con unos 400 presos políticos, el chavismo va a acudir a esa negociación «con 400 fichas de intercambio o 400 fichas de presión, lo cual no es un augurio bonito», aunque insistió en que este será uno de los temas centrales de las conversaciones pese a que no ha sido detallado con énfasis en los comunicados de la AN de 2015 sobre la llamada «hoja de ruta» para la transición.
Alarcón recordó que en el pasado el chavismo negociaba desde una posición de fuerza y la oposición de necesidad, lo que será diferente en este nuevo momento, pero aún se deben esperar avances reales o verificables, lo que expresaron María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en su comunicado del 26 de julio. Ese domingo anunciaron que no serían un obstáculo al proceso, pero que serían vigilantes de que se cumplieran los acuerdos que se alcanzaran.
La legitimidad para validar acuerdos económicos
Otro tema en el que el interés estadounidense es mayor es el energético y económico, que pasa por tener instituciones legitimadas que le den piso legal a las iniciativas que ha tomado la Asamblea Nacional de 2025 como las reformas a leyes de hidrocarburos, minas y la del tema eléctrico.
«Si la única Asamblea Nacional que reconoce Estados Unidos es la de 2015, nada de estas iniciativas legislativas que se están haciendo (en el actual Parlamento) son válidas, todas tienen pie de barro. En este espacio también va a haber una agenda legislativa, pero creo que debería estar supeditada en los avances del tema electoral y democrático», explicó Fernández.
Alarcón, en esa misma línea, dijo que el agravamiento de la crisis del país por los terremotos del pasado 24 de junio apura a las partes.
«El país también necesita financiación internacional, inversión, acceso a los mercados y legitimidad externa para funcionar con normalidad, y aún más ahora que se enfrenta a la reconstrucción tras los terremotos de junio . Ninguno de estos objetivos puede alcanzarse plenamente sin la cooperación del gobierno estadounidense», algo que debe tener también un sólido piso democrático.
Quiénes se sentarán desde el 1 de agosto
A dos días del comienzo de la «hoja de ruta» no se conoce quiénes serán los representantes por cada una de las partes. Extraoficialmente del lado opositor se dice que serán 10 los integrantes de la AN de 2015 a participar: Dinorah Figuera, Ramón López, Juan Miguel Matheus, Jorge Millán, Elimar Díaz y Julio César Moreno, todos ellos de Primero Justicia; junto con Marco Aurelio Quiñones, Sergio Vergara, Macario González y Desiré Barboza, que son miembros de Voluntad Popular, las únicas dos organizaciones de la Plataforma Unitaria Democrática que hasta el momento han dado su respaldo al proceso.
Del chavismo, el único en ser confirmado es Jorge Rodríguez, el que ha sido la figura principal en los anteriores procesos de diálogo que el oficialismo ha tenido con la oposición desde al menos 2016 cuando El Vaticano fue mediador de un proceso en el que también participó República Dominicana, Panamá y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Tampoco se conoce cómo serán las discusiones, si habrá temas u objetivos, más allá de las declaraciones de Figuera que dijo se hablará de la renovación del CNE, el TSJ, garantías políticas como la devolución de los partidos políticos intervenidos judicialmente a sus legítimas autoridades, la participación de todos sin exclusiones, así como la libertad de prensa.
Además, mencionó en varias entrevistas que entre los temas a tratar estaría la anulación de Leyes restrictivas como la del Odio y la de Extinción de Dominio, usadas por el chavismo para inhabilitar a dirigentes opositores. Pero todo está por verse desde el sábado.