El anuncio de la encargada de la administración en Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la eliminación de las alcabalas policiales dentro de las ciudades expone una realidad que los ciudadanos han padecido por años: un sistema generalizado de abusos, matracas (extorsión) y control social que opera con total impunidad.
Aunque el discurso oficial maquilla la medida como un plan de «modernización» y «reestructuración integral» para mejorar la movilidad vial, el día a día de los ciudadanos en la calle es muy diferente.
Para entender ¿qué había realmente detrás de estos dispositivos y qué representa su eliminación para el ciudadano?, El Pitazo presenta una radiografía de las prácticas delictivas que convirtieron a estos puntos de control en un negocio policial.
El celular como delito
Uno de los abusos más comunes y denunciados en las alcabalas está relacionado con la inspección ilegal de teléfonos celulares. A pesar de que la ley y la Constitución de Venezuela (Artículo 48) son claras al establecer que las comunicaciones son privadas y ningún funcionario puede revisar un teléfono sin una orden firmada por un juez, esto no se respetaba; los funcionarios obligaban a los ciudadanos a desbloquear sus equipos bajo amenaza de detención.
Esta práctica se agudizó luego de eventos políticos claves: las elecciones del 28 de julio de 2024 y de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026.
En ese contexto, investigaciones y denuncias recogidas por El Pitazo demostraron que los efectivos realizaban búsquedas específicas en WhatsApp y redes sociales utilizando palabras como «Maduro», «Trump» o «invasión» para incriminar a las personas.
Bajo esta modalidad, se reportaron casos de ciudadanos detenidos o procesados bajo cargos de «incitación al odio» u otros motivos políticos, debido a mensajes de texto, audios o contenidos compartidos en redes y aplicaciones de mensajería.
Ante esta situación de vulnerabilidad, la reacción de la ciudadanía fue inmediata. Muchas personas optaron por borrar historiales, vaciar la papelera de chats, desinstalar aplicaciones o evitar cualquier conversación que pueda interpretarse como delicada. Incluso, miles de ciudadanos salían sin sus dispositivos móviles por temor a sufrir una detención arbitraria.
El alcance de estos abusos fue tal que voceros del propio chavismo admitieron públicamente que se encarceló a personas de forma indebida basándose en estas inspecciones ilegales de mensajería.
En febrero de 2026, el diputado chavista Jorge Arreaza declaró que la Ley contra el Odio se aplicó incorrectamente, resultando en detenciones basadas en revisiones ilegales de teléfonos móviles.
En su declaración, enfatizó que los funcionarios no tienen derecho a inspeccionar dispositivos sin una orden judicial en alcabalas policiales; sin embargo, los abusos no se frenaron en las calles.
La «siembra» de evidencias y falsas acusaciones
El temor más grande de un conductor o peatón al ser detenido en una alcabala no era que le faltara un documento, sino la práctica de la «siembra» (colocación ficticia de evidencias).
Denuncias ante organizaciones de derechos humanos documentaron cómo los funcionarios introducían discretamente sustancias ilícitas, municiones o presuntos artefactos delictivos en las pertenencias o vehículos de las víctimas.
Una vez ejecutada la «siembra», el ciudadano quedaba atrapado en una encrucijada: enfrentar un proceso judicial amañado por delitos graves o pagar altas sumas de dinero en dólares para ser liberado en el acto.
Muchos ciudadanos optaron por grabar con sus teléfonos cada vez que eran detenidos en una alcabala. Buscaban así dejar evidencia y evitar ser víctimas de falsas acusaciones.
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La extorsión como economía paralela
Lejos de ser dispositivos de seguridad ciudadana, las alcabalas fijas se convirtieron en aduanas de extorsión económica. Este sistema golpeaba principalmente a transportistas de alimentos, motorizados, viajeros y trabajadores.
El modus operandi era simple. Buscaban el más mínimo pretexto legal para retener a las personas o sus vehículos. Podía ser un faro opaco, el estado de un neumático, un documento o la falta de un permiso burocrático inexistente.
Bajo este sistema, la tarifa para continuar el viaje variaba según la capacidad económica de la víctima, cobrándose casi siempre en divisas en efectivo.
Un caso que ilustra esa realidad ocurrió el 19 de enero de 2026, según documentó El Pitazo. Después de estar ocho años en EE. UU., una venezolana decidió regresar al país para renovar su pasaporte y visitar la tumba de un familiar recién fallecido. Sin embargo, el viaje por carretera desde la frontera del Táchira, tras ingresar por Colombia, le revelaría la otra cara de su tierra natal.
Durante una revisión de pasajeros en un punto de control de la Guardia Nacional en el estado andino, la ciudadana fue obligada a entregar su teléfono móvil. El militar revisó ilegalmente su galería de fotos. Así descubrió que la mujer provenía de Miami. El uniformado utilizó el contexto político para amedrentarla. La amenazó con detenerla entre 24 y 48 horas bajo el pretexto de verificar sus antecedentes.
Ante la presión, llevaron a la pasajera a una habitación privada. Allí, una funcionaria la sometió a una invasiva requisa corporal. La obligó a desvestirse. Así descubrió el dinero en efectivo oculto en su sostén.
La víctima quedó atrapada por el miedo y la intimidación psicológica; el llamado «sicoterro». Cedió a la extorsión de los uniformados. Les entregó 200 dólares en efectivo para que la dejaran continuar su viaje.
Órdenes ignoradas
Esta estructura de corrupción no es algo nuevo, y la propia Delcy Rodríguez estaba al tanto de su gravedad desde hace años. El 16 de julio de 2022, durante su alocución con motivo del Día Nacional del Policía, el entonces presidente Nicolás Maduro pidió a la ciudadanía denunciar la matraca y los abusos policiales.
Este llamado se produjo justo un año después de que él mismo ordenara acabar con las irregularidades en las alcabalas de todo el país —en el contexto de la pandemia por COVID-19— e instruyera formalmente a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a cumplir esa tarea.
En dicha ocasión, Maduro encargó a la alta funcionaria eliminar las trabas impuestas en los puntos de control. Sin embargo, los funcionarios ignoraron las órdenes en la práctica y las denuncias continuaron de manera sistemática en las carreteras nacionales.
Lo que dicen las cifras y la calle
Un informe de la organización Transparencia Venezuela estimó que la probabilidad de sufrir una extorsión en los puntos de control viales era del 25%. Esto indica que si un conductor transitaba por 100 puntos de seguridad, en al menos 25 de ellos se le exigiría un pago ilegal.
Los funcionarios centraban estas exigencias de dinero o bienes en los transportistas de alimentos y productos del campo. Eran ellos, quienes mueven la comida del país, los más afectados al tener que pagar para que los dejaran pasar o ignoraran supuestas infracciones.
Entre 2018 y 2022, la plataforma Dilo Aquí de Transparencia Venezuela procesó 158 denuncias de víctimas de extorsión, amenazas y simulación de hechos punibles que involucran a funcionarios militares y policiales apostados no solo en alcabalas, sino también en terminales, aeropuertos, estaciones de servicio y en los pasos fronterizos hacia Colombia.
En 2026, la realidad sigue siendo la misma. Así lo demuestran las denuncias expuestas a diario en las redes sociales, plataformas que se han convertido en la principal vía de la ciudadanía para visibilizar los abusos ante la falta de respuesta y la inacción de los organismos del Estado.
Por esta razón, la población recibe el nuevo anuncio de Delcy Rodríguez con profundo escepticismo, pues recuerda que este no es el primer decreto que promete el fin definitivo de las alcabalas.
Las alcabalas bajo la lupa
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó el funcionamiento de las alcabalas en Venezuela. El organismo internacional concluyó que operan como herramientas de control social y vigilancia. También sirven para reprimir a la disidencia. La Guardia Nacional Bolivariana fusiona la doctrina militar con la seguridad ciudadana.
Estos puntos de control monitorean a líderes políticos, periodistas y activistas. Según la ONU, las alcabalas son el paso previo a las detenciones arbitrarias. También forman parte de una persecución sistemática
Además del control político, informes de la ONU detallan que las alcabalas son focos de violaciones graves a los derechos humanos, cobros ilegales, extorsiones y violencia de género, incluyendo requisas abusivas y extorsión sexual, particularmente en zonas fronterizas. La Misión también ha denunciado un patrón de extorsión a ciudadanos para permitir el libre tránsito por carreteras nacionales.
Con los informes de la ONU sobre la mesa y los testimonios de las víctimas queda claro que las alcabalas urbanas dejaron una marca profunda que va más allá de la extorsión económica. Tras años de requisas humillantes, persecución a la disidencia y matracas en dólares documentadas, la población recibe el anuncio con cautela. El historial de abusos que arrastran estos puestos no se olvida con una orden gubernamental.