De nuevo, el chavismo anunció la excarcelación de más de un centenar de presos políticos en Venezuela, una medida que se produjo tras el fin del primer ciclo de conversaciones entre los delegados de Delcy Rodríguez y un grupo de exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015.
Y otra vez, el reclamo de organizaciones de derechos humanos es el mismo: la publicación de una lista oficial de los beneficiarios de estas medidas, una exigencia que quienes administran el poder han desoído tras la represión masiva en Venezuela durante los años 2024 y 2025.
Para el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, esta es una política que comenzó el mismo Hugo Chávez al incumplir la rendición pública de cuentas, una práctica que se acentuó en la gestión del depuesto Nicolás Maduro y que su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha mantenido.
«Desde Provea hemos venido insistiendo a los organismos públicos desde el año 2024, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y en este caso al Ministerio de Servicio Penitenciario para que actualice su página web y de esa manera se le dé información oportuna y pertinente a los familiares de los presos políticos», dijo en entrevista con El Pitazo.
Es la misma exigencia que hace Justicia, Encuentro y Perdón, otra organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos y en especial a los de las personas privadas de libertad por razones políticas.
«Seguimos exigiendo transparencia en la publicación de las listas porque efectivamente se anunció que iban a salir 131 personas y hasta ahora hemos podido verificar la excarcelación de 82. Y en cinco casos estamos corroborando que se trate de casos presos políticos porque no estaban en nuestros registros», expresó Martha Tineo de esta ONG.
El llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática emitió un comunicado el pasado 14 de agosto en el que habló de 131 excarcelaciones; es decir no recibieron libertad plena. El mismo texto aclara que se trató del «otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad».
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Una verdadera reconciliación debe ir con una libertad plena
Tineo reiteró que estas detenciones fueron por razones políticas contra personas disidentes o percibidas como tal, por lo que sus procesos judiciales no son transparentes. Para Murillo, si el chavismo realmente habla de una etapa de reconcilición y convivencia democrática, se debió indicar con claridad quiénes recibieron las medidas, en qué se centros de reclusión estaban y ese es un trabajo que corresponde a varias instancias; una al Ministerio del Servicio Penitenciario que obedece las órdenes de Rodríguez o el Ministerio Público que otorgó este tipo de beneficios.
«Si realmente estas excarcelaciones o liberaciones ocurren en el marco de un proceso que apuntaría a una reconciliación, a generar un clima de convivencia y de paz como lo repiten diversos voceros del gobierno interino, estas personas deberían estar recobrando su libertad plena para que puedan reinsertarse de una manera definitiva a la vida pública nacional a la que se le ha negado durante todos años en los que estuvieron en reclusión, es un encierro arbitrario», destacó.
El activista insistió en que se trata de víctimas de procesos judiciales amañados, violatorios del Estado de derecho en el que se pasó de represión política a otros actores de la sociedad venezolana, donde se ha comprobado que no hubo juicios justos y se violaron las garantías judiciales de los excarcelados.
«No hay una justificación legal para que estas personas salgan con medidas cautelares, condicionadas a la presentación de cada 15 o 30 días en unos tribunales. Esto además tiene una afectación, como lo hemos registrado en otros informes, que aquellas personas que no están en Caracas, que sus causas están radicadas en otros estados del país van a tener ahora que trasladarse a la capital del país», destacó.
En muchos casos, tras años de encierro, estos presos políticos dejaron de ser sostén de hogar, pero ahora los obligarán a presentarse en juzgados donde reina el caos y la anarquía, viajar desde otras ciudades del país, lo que representa más gastos de transporte, manunteción y alojamiento. A su vez, pasar largas horas ante jueces que los condenaron de forma ilegal.
«Así como no existe excusas para que haya desinformación o para que se genera una confusión e incertidumbre alrededor de las excarcelaciones no hay excusas tampoco para justificar que las personas que están siendo excarceladas salgan con medidas cautelares», agregó el coordinador de Provea.
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Garantías de no repetición y reparación de víctimas
Tineo dijo que no solo se debe dejar en libertad a todas las personas presas políticas sino que se debe avanzar en la transformación real del sistema de justicia, no solo el del Tribunal Supremo sino de todos loz juzgados del país, en especial de los de competencia en terrorismo, usados por el chavismo para la persecución política, el encarcelamiento y de condenas injustas contra quienes rechazaban al Ejecutivo.
Desde Provea también le dieron un mensaje al diputado del Psuv, Jorge Arreaza, quien desde X, antes Twitter, llamó a «no repetir errores» y «crear nuevas formas de convivencia democrática en conjunto».
Murillo dijo que se debe comenzar por un proceso serio de reflexión sobre cómo en Venezuela el mismo chavismo que se vanaglorió de una Constitución la destruyó hasta el punto de encarcelar a personas por no acompañar la gestión de un gobierno responsable de masivas violaciones a los derechos humanos.
«Así como lo plantea Jorge Arreaza es un tema importante a debatir: qué vamos a hacer y cómo vamos a reparar, a diseñar un esquema de reparación que vaya de la mano con la formulación de un sistema de justicia y de Estado de derecho que garantice la no repetición de las masivas violaciones de derechos humanos de este país».
Tineo también pidió que la mesa de diálogo entre la AN de 2015 y el chavismo trabaje en acabar con el aparato represivo del régimen chavista; es decir, en «la anulación de leyes inconstitucionales que han sido usadas para perseguir y encarcelar a disidentes reales o así percibidos, cambios no solo en el Tribunal Supremo de Justicia, sino en todos los tribunales del país y en especial en los tribunales contra el terrorismo que han sido instrumentalizados para condenar injustamente a disidentes».