El abogado y exjuez Perkins Rocha dijo que los tribunales contra el terrorismo no han sido eliminados, tras la publicación de la resolución número 2026-0010, en la que se suprimen los juzgados especiales de control en el área metropolitana de Caracas.
«La competencia judicial en materia de delitos de terrorismo -instaurada de forma inconstitucional mediante una resolución administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como mecanismo de persecución contra la disidencia política, activistas y ciudadanos que defendieron el mandato soberano del 28 de julio de 2024 a favor de Edmundo González Urrutia- no ha sido derogada ni suprimida», escribió este 18 de octubre en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
En ese post aclaró que el TSJ solo hizo «una desconcentración territorial» de la fase de control del sistema de justicia penal, en la que estos juzgados serán enviados a los circuitos judiciales penales de cada estado de Venezuela.
«Así, traslada dicha atribución a los tribunales de instancia ordinarios en las 24 entidades federales, erigiéndolos a partir de ahora, en Tribunales de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos Relacionados con el Terrorismo, ademas de mantener sus otras competencias», dijo en sintonía con la explicación que el codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dio a conocer a El Pitazo hace algunos días.
El análisis de Perkins Rocha sobre estos juzgados
Pese a que se eliminaron los juzgados de control en Caracas, la fase de juicio permanecerá en la capital venezolana, una advertencia que también hizo el exfiscal Zair Mundaray, quien calificó de «aberración jurídica» la decisión de la Sala Plena del TSJ.
Rocha analizó los motivos para que se haya tomado esta decisión. El primero de ellos lo calificó como «una simulación institucional». Es decir, que cumplen con una orden de Estados Unidos.
«Evidenciar un pretendido cumplimiento formal de una directriz hecha por el Tutor, orientada a desmantelar el aparato judicial represivo, ejecutando así una mera alteración orgánica que solo maquilla la continuidad de la persecución material», destacó.
El segundo, a su juicio, es el «pragmatismo coactivo», al llevar de Caracas a cada estado de Venezuela la primera fase del proceso penal en la que se mantienen «intactas las causas penales en curso, con el propósito de salvar su maquinaria judicial inhibitoria y de control social ante la inminente concreción de un nuevo evento electoral».
Qué pasa con los tribunales contra el terrorismo
Acceso a la Justicia recordó que los tribunales contra el terrorismo nacieron de una resolución del TSJ en el año 2013, publicada en la Gaceta Oficial Número 40.092 de 17 de enero de 2013. La justificación fue que procesaban casos de delitos contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.
Sin embargo, no están regidos por una ley de la materia, como debería ocurrir, de allí la denuncia sobre su insconstitucionalidad y actuación al margen de la normativa jurídica venezolana.
Tales juzgados, desde su nacimiento, han sido usados por Miraflores y su aparato de justicia para la represión a dirigentes políticos, sociales, activistas de derechos humanos, periodistas y la ciudadanía en general.
Anteriormente, Rocha dijo que se trata de «un maquillaje» de la estructura represiva en el país. El pasado 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, de la ONU, alertó en su más reciente informe que el aparato represivo en Venezuela se mantiene intacto.
Aunque a lo largo del año, después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, se han producido excarcelaciones, activistas de derechos humanos y periodistas procesados judicialmente han recibido la libertad plena, al menos 19 de los presuntos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, continúan en sus cargos o han sido promovidos a otros.
Los expertos detallaron entre esos nombres a Diosdado Cabello, Gustavo González López, Alexander Granko Arteaga, Iván Hernández Dala, Vladimir Padrino López, todos militares, así como un conjunto de civiles a quienes achaca su participación en graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil venezolana.