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domingo, 25 mayo, 2025

Organizaciones de DD. HH exigen liberación inmediata de líderes políticos y sociales detenidos en los últimos días

Las organizaciones consideran que las detenciones aumentan la desconfianza de la población en los comicios de este domingo 25 de mayo, y ratifican que en el país se comete el crimen de lesa humanidad de persecución

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Caracas.- Un grupo de organizaciones de Derechos Humanos (DD. HH.) agrupadas en DD. HH. de Venezuela en Movimiento, rechazó las recientes detenciones arbitrarias de más de 70 personas, entre ellos líderes políticos y sociales, y exigió a la administración de Nicolás Maduro su liberación inmediata.

«A pocas horas del inicio del evento convocado para el domingo 25 de mayo de 2025, las autoridades venezolanas continúan realizando acciones para sembrar miedo y ejercer control sobre la población, que fueron calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como ‘terrorismo de Estado'», dice el texto compartido en su página web.

Las organizaciones consideran que las detenciones aumentan la desconfianza de la población en los comicios de este domingo 25 de mayo, y ratifican que en el país se comete el crimen de lesa humanidad de persecución.

«El 28 de julio de 2024, con el desconocimiento de la voluntad popular en las elecciones presidenciales, las autoridades del país decidieron cruzar la última línea para transformarse, totalmente, en un régimen no democrático. Las protestas de los sectores populares contra el fraude, ocurridas el 29 y 30 de julio, fueron respondidas con detenciones masivas indiscriminadas, extorsiones por parte de funcionarios policiales y militares, incremento de la censura a medios de comunicación, la activación de mecanismos de delación a nivel de las comunidades y la aprobación de leyes restrictivas para los derechos de libertad de asociación y reunión», agrega el texto.

Las organizaciones denuncian que luego de las detenciones masivas, se realizaron detenciones selectivas en la que coincide el patrón de desaparición forzada de corta duración y graves violaciones al debido proceso, entre ellas la negativa de los tribunales a recibir el recurso de habeas corpus y la imposición de abogados públicos.

«Venezuela tiene hoy más de mil personas detenidas por razones políticas, siendo el país con mayor cantidad de presos políticos del continente», dice DD. HH. de Venezuela en movimiento.


Lista de detenidos anunciada por Diosdado Cabello incluye a activistas, periodistas y dirigentes políticos

Irregularidades en las elecciones del 25 de mayo

DD. HH. de Venezuela en movimiento recuerda que, tras la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, y pese a los reclamos de la oposición venezolana de la victoria de Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral convocó a nuevas elecciones regionales y legislativas para este 25 de mayo.

Sobre este nuevo proceso, las organizaciones identificaron una serie de irregularidades, entre las que destacan: falta de publicación oficial de los eventos; falta absoluta de información a los electores, ni en sitios web ni en las aplicaciones de apoyo; cambios intempestivos y no oficiales de fechas y condiciones de las actividades.

También mencionan la informalidad de los anuncios, reducción de los días de auditorías, no invitación de observadores y colaboradores nacionales e internacionales, injerencia del Poder Ejecutivo en los anuncios y aclaraciones con respecto a la escogencia de diputados y gobernadores, particularmente sobre el estado Guayana Esequiba; no realización de ningún tipo de auditoría pública al Registro Electoral y la exclusión de partidos políticos.

«Estas irregularidades, sumadas a la desconfianza de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de su aval al fraude, han exponenciado el desinterés de amplios sectores de la población en el potencial soberano del derecho al sufragio», dijo.

Señalan que esta situación se evidenció en «la falta de instalación de los diferentes centros electorales y la previsible ausencia de testigos electorales independientes».

Igualmente, denuncian que a partir de la segunda quincena de mayo las autoridades han reiniciado un nuevo ciclo de detenciones arbitrarias. «Los crímenes investigados por la Corte Penal Internacional (CPI) se continúan ejecutando, a la vista de todos, en tiempo real, y con patrones de violación de mayor preocupación, como la criminalización de ciudadanos extranjeros».

Según el ministro de Interior, Justicia y Paz de Maduro, Diosdado Cabello, hasta este viernes 23 de mayo se realizaron más de 70 detenciones, incluyendo la del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, todos presuntamente vinculados a planes de terrorismo que buscaban sabotear las elecciones de este domingo. Las organizaciones también recuerdan la reciente detención del abogado y activista Eduardo Torres.

Peticiones

El grupo de organizaciones pide a las autoridades del país y a la comunidad internacional la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. También llaman al cese inmediato de lo que califican de política de persecución y hostigamiento, «incluyendo la criminalización de familiares, el uso del sistema judicial como mecanismo de castigo, y la práctica de desapariciones forzadas de corta duración».

De igual forma, exigen la garantía de condiciones democráticas, «lo que implica el desconocimiento del proceso electoral viciado del 25 de mayo hasta que existan garantías mínimas para el ejercicio del sufragio»: sustitución del actual cuerpo directivo del CNE, acceso a información, observación nacional e internacional independiente, auditorías públicas, y habilitación plena de actores políticos».

Piden la actuación urgente de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, en particular, la activación de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo, solicitan que la Corte Penal Internacional (CPI) acelere las investigaciones y emita pronunciamientos que puedan disuadir la continuidad de los crímenes de lesa humanidad y que la comunidad internacional incremente la presión diplomática y política contra la administración de Nicolás Maduro, priorizando la protección de las víctimas y la documentación de los abusos.

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