Caracas.- Expertos en derechos humanos que trabajan con la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguran que la condena de 16 años de prisión impuesta a un grupo de seis sindicalistas venezolanos, por terrorismo, es “abuso crónico" de la ley.
«Es evidente que es un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, buscan mejorar las condiciones laborales y participan en organizaciones sindicales en Venezuela. En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al Derecho internacional», indicaron los expertos Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule.
Los seis sindicalistas exigían derechos laborales y salarios justos a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). La Fiscalía los acusaba de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Los especialistas de la ONU aseveraron que el uso de medidas antiterroristas debe ser necesario, proporcional y no discriminatorio, recordando así que la legislación y la práctica antiterroristas se implementarán de manera respetuosa de los derechos humanos.
Sin embargo, expresaron su preocupación por la condena emitida por la jueza Grendy Duque el 1 de agosto, la califican de excepcionalmente larga y de acto para intentar sacar de circulación a los actores de la sociedad civil.
“La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del Gobierno", señalaron y acotaron que estas condenas son un ataque a la libertad de asociación.
Los defensores de los DD. HH., Fionnuala y Clément hicieron un llamado urgente a los tribunales venezolanos a que revisen las condenas de los sindicalistas y que se apliquen estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión.
«Pedimos que se tomen medidas rápidas y contundentes para proteger a las personas defensoras de los derechos laborales en Venezuela», concluyeron.
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Ministerio Público rechaza pronunciamiento de la ONU
Horas más tarde del pronunciamiento de los relatores de la ONU respecto a los sindicalistas, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que rechaza la posición expuesta por Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule.
“El Ministerio Público ratifica su compromiso con la paz y los derechos humanos y rechaza que se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se deben a su supuesta participación en organizaciones sociales", se lee en el comunicado publicado por el fiscal general Tarek William Saab.
Asegura que los seis detenidos pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP) y que desde allí se planificaban acciones contra el Gobierno.
“La supuesta condición de luchadores sociales y sindicalistas que esgrime la defensa pública de los condenados no implica algún tipo de inmunidad que los exima de la aplicación de la ley por su participación en hechos que atenten contra la paz y la seguridad de la nación", enfatizaron.